La pandemia del coronavirus puso en evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos laborales en el mundo, y cómo desde hace muchos años los Estados en los países del orbe claudicaron a tutelar de manera efectiva esos derechos, señaló Olga Hernández Ávila, profesora de la Dirección de Educación Continua (DEC) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

En el caso de la presente crisis sanitaria en México, pese al llamado que hizo el gobierno federal a bajar la producción, algunas empresas maquiladoras se mantuvieron laborando, sin establecer medidas sanitarias seguras para sus trabajadores, y así continuaron hasta que fueron obligadas a cerrar temporalmente durante esta contingencia, debido al contagio de COVID-19 que sufrió cierto número de sus empleados y empleadas.

Pero en otras ocasiones, el Estado mexicano ha solapado violaciones sistemáticas a los derechos laborales, como es en el caso de los jornaleros y jornaleras agrícolas, que no han parado un solo día, pese a exponerse a contraer dicha enfermedad, por ejemplo, al tener que viajar hacinados en autobuses cuando son llevados a los campos.

En esa situación se encuentran, por ejemplo, las y los campesinos del Valle de San Quintín, quienes se ven obligados a ir a labrar a diario, para mantener sus ingresos, debido a que se les paga por jornal, al carecer del derecho a un empleo estable (uno de los 11 derechos humanos laborales). Ésta es una de las causas de que Baja California sea una de las entidades con mayor número de personas contagiadas de coronavirus en el país, dijo Hernández Ávila.

Los derechos humanos laborales igualmente son violados en plena contingencia por el COVID-19 en las ciudades, donde, por poner un ejemplo, algunas grandes tiendas de electrodomésticos permanecen con sus puertas abiertas, sin ninguna medida de seguridad sanitaria, y sin recibir ningún tipo de llamado de atención por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Tanto o más grave es la situación de las y los trabajadores del sector informal, a cuya mayoría el Estado no le garantiza sus derechos humanos laborales, principalmente el derecho a la seguridad social, el cual entre otras cosas permite acceder a servicios de salud y a una indemnización por enfermedad laboral.

En el caso de los y las trabajadoras del hogar, Hernández mencionó que, de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, durante este confinamiento por el coronavirus solamente el 4% de sus sindicalizados están percibiendo un salario sin asistir al domicilio donde prestan sus servicios.

Y aunque sólo el 17% de las personas que trabajan en la formalidad acceden al derecho a la seguridad social, es decir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), algunas de ellas no escapan a la violación a sus derechos humanos laborales, por ejemplo, les inscriben con un salario base de cotización inferior al real, lo cual mina el acceso a créditos de vivienda y a la cotización de su futura pensión, destacó la académica de la IBERO.

A otros y otras el tabulador los mantiene con un ingreso de 80 pesos diarios, correspondiente al anterior salario mínimo, o sea, sin considerar que éste fue incrementado de manera general en el país a finales del año pasado, y que comenzó a hacerse efectivo en enero del presente 2020. “Es decir, estamos en mayo y el IMSS ni siquiera se ha percatado que tiene personas inscritas en él con un salario de cotización diario muy inferior a lo que permite la ley”.

Por otra parte, ante la posibilidad de que una vez superado el confinamiento provocado por el COVID-19 el trabajo a distancia sea una modalidad a la que recurran más centros laborales -entre otros, los que usaron el home office para continuar con sus actividades durante la pandemia-, Olga Hernández comentó que también es probable que en México se incrementen las violaciones a los derechos humanos laborales, ya que si éstos no se les garantizan a quienes acuden a los centros de trabajo, cabe pensar que menos a quienes trabajarán desde sus casas, personas que en principio podrían verse obligadas a laborar más de ocho horas al día, que son el máximo establecido por ley para una jornada.

De cara a estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos laborales, y para permitir a las personas hacer frente a momentos de crisis económica como la desatada por el coronavirus, la docente de la Dirección de Educación Continua de la IBERO dijo que ella apuesta por establecer en México una ‘renta básica universal’, la cual consistiría en otorgar a las personas un salario básico, que les permita tener lo mínimo para acceder al derecho humano de un nivel de vida adecuado.

En una coyuntura como la presente, la renta básica universal permitiría a las personas que no tienen acceso a sus derechos humanos laborales, como es el de tener un salario suficiente (remuneración que asegure una existencia digna), contar con dinero para, al menos, garantizar su alimentación y acceso a la vivienda (a través del pago de renta).

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Texto y foto: PEDRO RENDÓN/ICM