Por: Ángeles Hernández Alvarado. Asistente del Programa de Asuntos Migratorios (prami.ibero.mx) y colaboradora del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Ibero Ciudad de México (ocsa.ibero.mx)

 

No somos los únicos que necesitamos el bosque para sobrevivir, tenemos que luchar por nuestra cuenta, pero lo hacemos por todo el planeta, por nuestros hijos y por nuestros nietos, para que puedan vivir en paz. Mantendremos viva la selva, protegeremos el aire, los ríos, los peces y los animales. Eso es por lo que luchamos.

—Cacique Bepdjo Mekrãgnotire (comunidad Kayapó, Brasil)¹

Nos rebelamos y decimos basta, hoy aquí queremos decirles que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, porque a pesar de sus amenazas, de sus calumnias, de sus hostigamientos, seguimos caminando hacia un sol que pensamos brilla con fuerza, pensamos que se acerca el tiempo de los pueblos, el tiempo de las mujeres insumisas, el tiempo del pueblo de abajo.

—Bety Cariño (Dublín, Irlanda, febrero de 2010)

 

Isidro Baldenegro, indígena rarámuri, fue un defensor del territorio que luchó contra la tala ilegal que hasta 2021 había devastado, tan solo en el territorio de Chihuahua, al menos 17 mil hectáreas de bosque de pino, encino y roble (Holguín, 2021). Para el pueblo rarámuri, el bosque es casa y sustento, es alimento y refugio, pero esencialmente es un ente que tiene vida y derecho a vivir.

Berta Cáceres, indígena lenca, formó parte de la organización comunitaria que se opuso a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque de Honduras, considerado sagrado y un patrimonio cultural del pueblo lenca.

Por su labor como personas defensoras del territorio, tanto Isidro como Berta fueron reconocidos con el premio Goldman², considerado el Nobel del Medio Ambiente, en 2005 y 2015, respectivamente.

No obstante, también a causa de su labor, Berta fue asesinada en marzo de 2016 al interior de su casa en La Esperanza, Intibucá, Honduras, e Isidro murió en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, luego de recibir seis balazos. Ambos habían recibido múltiples amenazas de muerte.

Como ella y él, cientos de personas defensoras de la tierra y el territorio, de los bienes comunes y del medio ambiente (para abreviar, en adelante se les nombrará solo personas defensoras del territorio), son diariamente difamadas, perseguidas, hostigadas, criminalizadas y asesinadas en América Latina. Personas como ellas, que se organizan para cuidar y luchar por la protección de bienes naturales de los que dependen múltiples formas de vida, son consideradas enemigas de un sistema económico que sobrevive mediante la depredación de bosques, ríos, selvas, desiertos, playas, sistemas de cenotes y, cada vez más, barrios urbanos, mares profundos, zonas glaciares y otros lugares que antes pensábamos recónditos e inaccesibles.

Según la organización Global Witness, en 2022 en Latinoamérica y el Caribe fueron asesinadas 156 personas defensoras del territorio, el equivalente al 88% del total mundial. En 2021, 157 (78% del total); en 2020, 165 (73% del total), y así, se podría revisar la documentación anual para comprobar que nuestra región ha sido, durante la última década, la más peligrosa para el ejercicio de esta labor. A nivel continental, cada año Colombia, Brasil, México y Honduras se disputan el deshonroso primer lugar.

Las agresiones letales suelen ir precedidas de múltiples agresiones que perturban la vida de las personas defensoras y de sus entornos cercanos, sus familias, sus colectivos y sus comunidades. Esta violencia suele tener como respuesta de los Estados, de forma generalizada, el descrédito, la criminalización, la revictimización y altos niveles de impunidad.

¿Qué y quién/es están detrás de esta pandemia de violencia contra quienes defienden el territorio?

Es complejo construir una concepción única y estática sobre quién es una persona defensora de la tierra y el territorio, de los bienes comunes o del medio ambiente, pues existe una gran diversidad de perfiles, de derechos que defienden y de sus motivaciones. Por tanto, existen también múltiples actores para quienes su labor resulta incómoda. Sin embargo, la huella de las industrias extractivas es inequívoca.

Global Witness subraya la complejidad de encontrar líneas causales directas que permitan señalar a los perpetradores y, sin embargo, es posible establecer esa conexión entre la agroindustria y, al menos, 5 homicidios sucedidos durante 2022 en México. Asimismo, sin especificar el país, señala que la minería está ligada a ocho casos y la explotación forestal a cuatro (Global Witness, 2023).

Según los datos del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la IBERO CDMX, correspondientes al periodo 2017-2021, por lo menos 63 proyectos extractivos se encuentran fuertemente asociados -o bien, directamente señalados- con casos de privación de la vida de personas defensoras del territorio. De estos, 21 corresponden a proyectos mineros, 16 a proyectos de agroindustria, monocultivo, industria ganadera y similares, y 15 son proyectos de extractivismo energético.³

El OCSA también nos dice que, del universo de 63 defensoras/es del territorio asesinados, por lo menos de 13 se puede asegurar su pertenencia a un pueblo indígena.

Otras agresiones registradas por el OCSA son, en orden de prevalencia: daños a la integración psicológica, privación (legal/ilegal) de la libertad, daños a la integridad física, procesos de criminalización /judicialización y represión de la protesta.

Si bien aparecen pocos proyectos asociados a desaparición (forzada, por particulares o de origen desconocido) y desplazamiento forzado, son violencias a las que es urgente prestar atención, no solo por las implicaciones diferenciadas y sostenidas que estas suelen tener en el plano colectivo, también porque pueden constituirse en un paso previo para otras violencias de difícil o imposible reparación. En entornos de extractivismo, la criminalización mediante difamación, así como mediante procesos judiciales, es una ruta recurrente para obstaculizar la defensa del territorio y lograr la instauración de los proyectos.

Además, este contexto de violencias perpetradas por las empresas -muchas veces en colusión con el Estado- se diversifica y se recrudece por la participación de grupos del crimen organizado.

En México existen casos, algunos incluso se encuentran judicializados, en los que se ha documentado la participación de las empresas extractivas como autor intelectual de estas agresiones. Un ejemplo es el asesinato en 2009 de Mariano Abarca, opositor a la minera canadiense Blackfire y en cuyo caso, su familia y su comunidad continúan exigiendo justicia, pero también resistiendo ante la minera. En años más próximos, encontramos la desaparición en enero de 2023 de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, en un caso en que la minera de hierro que ha explotado indiscriminadamente la zona ha sido señalada como la principal responsable.⁴

La violencia contra las personas defensoras del territorio es una pandemia que recorre el mundo y cuya tendencia, como muestran los datos presentados, es sostenida y al alza. Al respecto, son mínimos los esfuerzos de los Estados para responder de manera adecuada y a la altura de las circunstancias, esto se expresa de múltiples formas: primero, porque las lógicas estatales de protección suelen tener enfoques reactivos, es decir, no se impulsan procesos integrales de protección que partan del reconocimiento, promoción y garantía de la labor de las personas defensoras. Segundo, porque incluso estas lógicas reactivas no responden como deberían, son lentas, burocráticas e insensibles. Y tercero, porque una característica común en las agresiones contra este sector de la población es la impunidad casi absoluta.

Desde el OCSA enfatizamos que el reconocimiento de la importancia y pertinencia de las personas defensoras del territorio y de su protección no puede partir de entendimientos utilitaristas, es decir, narrativas como “cuidarles porque nos cuidan”, “protegerles porque sostienen el mundo”. La exigencia de reconocimiento y protección para las personas defensoras del territorio es, antes que todo y más que nada, una obligación irrenunciable de los Estados. Esta protección debe implicar, necesariamente, la vida e integridad de las personas defensoras –y quienes les rodean, dada las posibles represalias-, pero también la garantía para seguir defendiendo el territorio, los bienes comunes o el derecho a un medio ambiente sano.

No hay esperanza de futuros posibles, de democracias sustantivas, ni de Estados de derecho mientras quienes están dedicando su vida a construir esas posibilidades sigan siendo perseguidas. La exigencia de que sean debidamente protegidas debería implicarnos a todas las personas que habitamos este planeta.

[1] Citado en Global Witness (2023). Siempre en pie. Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática. Disponible en: https://www.globalwitness.org/es/standing-firm-es/ 

[2] Para más información, visitar: https://www.goldmanprize.org/

[3] El resto se divide de la siguiente manera: 5 están asociados a proyectos de megainfraestructuras y vías de comunicación, 3 a proyectos de urbanización, 1 a biomercantilización y 2 más a proyectos de tipo mixto.

[4] Para profundizar al respecto, veáse: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/10/02/ricardo-lagunes-y-antonio-diaz-defender-un-territorio-en-donde-los-cerros-son-de-metal/ y https://es.mongabay.com/2024/05/en-corto-desaparicion-defensores-ricardo-lagunes-antonio-diaz/  

Referencias:

• Global Witness (2023). Siempre en pie. Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática. Disponible en: https://www.globalwitness.org/es/standing-firm-es/
• Holguín, Ricardo (2021). Devora la tala clandestina 17 mil hectáreas de bosques. El Heraldo de Chihuahua | Noticias Locales, Policiacas, de México, Chihuahua y el Mundo. Disponible en: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/termino-tala-clandestina-con-mas-de-17-mil-hectareas-en-chihuahua-crimen-organizado-unam-financiamiento-pais-fiscalia-general-del-estado-6920598.html

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