Desplazamiento forzado por proyectos extractivos: una mirada a las presas en México
Observatorio de Conflictos Socioambientales[1]
Yesica Yossary González Canales, estudiante de Relaciones Internacionales
A lo largo de la historia reciente en México, los proyectos extractivos han sido considerados elementos clave para el desarrollo económico y el avance tecnológico. Incluso han formado parte integral de los planes de gobierno de diversos presidentes.
Sin embargo, detrás de estas grandes infraestructuras se oculta una realidad a menudo ignorada o minimizada por los gobiernos: el desplazamiento forzado de comunidades enteras. En este artículo exploraremos la problemática del desplazamiento causado por extractivismo hídrico en México, centrándonos en dos casos de presas, la Presa Miguel Alemán (Oaxaca, 1947) y la Presa El Zapotillo (Jalisco, 2009), a partir de los cuales examinaremos algunas de las afectaciones sociales, económicas y ambientales que este tipo de extractivismo provoca.
Extractivismo y desplazamiento forzado
En general, el desplazamiento forzado es el resultado de una compleja interacción de causas que pueden ir desde conflictos armados, violencia y persecución política, hasta desastres naturales y condiciones de pobreza. No obstante, es fundamental reconocer que el desplazamiento forzado puede estar vinculado también a la construcción e implementación de proyectos extractivos.
A pesar de que este tipo de desplazamiento carece de una definición formal, podemos apoyarnos en instrumentos como los Principios Rectores (ONU: Comisión de Derechos Humanos, 1998) y en el concepto de desplazados del desarrollo propuesto por Stephen Castles. Así, podríamos decir que el desplazamiento forzado por extractivismo es la situación en la que personas o grupos se ven forzados u obligados a abandonar sus hogares o lugares de residencia habituales, como resultado directo o indirecto de proyectos extractivos de gran escala, tales como presas e hidroeléctricas, aeropuertos, carreteras, mineras, parques eólicos, sembradíos de monocultivos, entre otros (Castles, 2003).
Para analizar los impactos sociales, económicos y ambientales que han enfrentado las poblaciones debido a estos proyectos, retomamos la investigación realizada por el sociólogo e investigador Michael Cernea para el Banco Mundial (2008), quien identifica seis riesgos explícitos asociados al desplazamiento forzado, los cuales también afectan a las poblaciones desplazadas por proyectos extractivos: la desintegración social, la inseguridad alimentaria, la pérdida de empleo, la pérdida de acceso a la propiedad común, la pérdida de tierras y la marginalización. A partir de estas variables, analizaremos algunas de las consecuencias que han experimentado las poblaciones como resultado de estos proyectos y, de esta manera, problematizaremos sobre su contribución al desarrollo.
Desplazamiento a causa de la presa Miguel Alemán
La Presa Miguel Alemán, también conocida como Presa Temascal, construida bajo la dirección del presidente Manuel Ávila Camacho y el entonces gobernador de Oaxaca, Edmundo Sánchez Cano (1949-1955), fue concebida como respuesta a las inundaciones de 1944 en Tuxtepec (García, 2007). Este proyecto -parte de una apuesta nacional hacia el desarrollo industrial, especialmente en el sector eléctrico, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)-, tuvo repercusiones significativas en la población y en el medio ambiente. La ejecución resultó en el desplazamiento forzado de aproximadamente 22 mil personas, mayoritariamente pertenecientes a los pueblos indígenas mazateco, mixe y chinanteco (Carrera, 2013). Aunque inicialmente se planteó una reubicación que preservara la composición comunitaria, esta se vio obstaculizada por la falta de recursos, dejando sólo al 20% de la población reubicada en apego a procedimientos adecuados (García, 2007).
La construcción de la presa inundó terrenos agrícolas y ganaderos, afectando gravemente los medios de vida de las y los habitantes de San Miguel Soyaltepec, San José Independencia y San Pedro Ixcatlán (Sigüenza, 2020). El desplazamiento de las poblaciones se dio en dos etapas, la primera en 1952 cuando se expropiaron 52 mil hectáreas, de las cuales sólo fueron utilizadas 25 mil. Durante esta etapa de reubicación, encabezada por la Oficina de Reacomodo de la Población, hubo resistencia de algunos pobladores, quienes se rehusaban a abandonar sus hogares e incluso a recibir una indemnización (García, 2007). Por otro lado, algunas familias tuvieron que huir de las inundaciones, aun sin la indemnización que el gobierno debía proveerles.
Las tierras obtenidas por el decreto oficial no fueron suficientes, así que se volvió urgente evacuar a la población porque la presa empezaba a llenarse. Esto propició la segunda etapa y se volvieron a buscar terrenos para acomodar a las familias. Al realizar la reubicación, los terrenos otorgados por el gobierno estaban muy lejos unos de otros, lo que propició el debilitamiento y ruptura del tejido social.
Este proceso, aunque avanzó por más de seis años, nunca terminó de ejecutarse, tres mil de las aproximadamente cinco mil familias fueron reubicadas de manera oficial, el resto buscó asentarse en otras tierras cerca de la presa o en otras regiones (García, 2007). La asignación de tierras de menor calidad condujo a una agricultura ineficiente y, en última instancia, a más desplazamiento. Por otro lado, tras algún tiempo, muchas de las familias desplazadas fueron regresando a comunidades aledañas que no fueron afectadas y también comenzaron a poblar las pequeñas islas que quedaron de sus antiguos hogares (Abad, 2022).
Así, los impactos no se limitaron a lo material, también hubo una desintegración social y cultural. La pérdida de instituciones tradicionales y sitios simbólicos contribuyó a la pérdida de identidad y conexión cultural. La conflictividad social, enraizada en tensiones regionales y la resistencia inicial de los habitantes a abandonar sus hogares, marcó una historia de lucha y discordia (Sigüenza, 2020).
La construcción de este proyecto generó a la CFE ganancias millonarias por la producción, generación y venta de energía eléctrica. No obstante, la presa detonó un proceso de empobrecimiento generalizado, así como daños ambientales debido a la modificación del entorno y la contaminación del agua (CONABIO, s/f).
La presa ha representado un gran obstáculo para el desarrollo de los municipios de la región, en especial para San José Independencia, que lleva décadas incomunicado con el exterior. Con el objetivo de construir vías de transporte y comunicación, en años recientes se dinamitó un cerro sagrado que, en la cosmovisión local, está protegido por el dios Chikun nindu, naere naxi (Abad, 2022).
El municipio San José Independencia lleva décadas incomunicado con el exterior. (Foto: sanjoseindependencia.gob.mx / Ismael Ramos Antonio) |
A pesar de los esfuerzos de las comunidades por reconstruirse, después de 74 años todavía se enfrentan a desafíos como la incomunicación y una economía insostenible. La difícil trayectoria de adaptación nos obliga a destacar las persistentes consecuencias negativas de un proyecto que desplazó a miles de personas, despojándolas de sus hogares, costumbres y tradiciones ancestrales.
Desplazamiento a causa del proyecto de la Presa El Zapotillo
Un caso de la historia reciente es la Presa El Zapotillo, diseñada para ubicarse en el río Verde, en el municipio de Zapopan, Jalisco, que ha tenido diversas consecuencias para las comunidades circundantes: tensiones sociales, desplazamiento forzado, violaciones a los derechos humanos, entre otras.
El proyecto inicial buscaba inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, lo que llevaría al despojo de tierras y al desplazamiento forzado de aproximadamente 1,500 habitantes. También serían destruidas o perjudicadas sus formas de sustento, con consecuencias para más de 15,000 personas (Vázquez et al., 2021). La población local se opuso a la expropiación y venta de sus tierras y a la reubicación, por lo que inició una movilización social acompañada por organizaciones civiles. La resistencia y lucha legal contra el megaproyecto llevó a que, en 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidiera revisar y reacondicionar la presa (López, 2019).
No obstante, durante los más de diez años de litigio y avance de la construcción, la presa implicó violaciones a varios derechos humanos, incluyendo el derecho a la vivienda, a un medio ambiente sano y a la preservación cultural, también causó que personas y grupos en oposición a la presa fueran intimidados y criminalizados. Además, el proyecto contemplaba la privatización y mercantilización del agua, pues se enviaría a los Altos de Jalisco y a las ciudades de Guadalajara y León (Valencia, 2022)
(Foto: lopezobrador.org.mx) |
En cuanto a los impactos ambientales, la construcción de la presa llevaría a la pérdida de ecosistemas acuáticos y terrestres, alteración de cauces de ríos y afectación de la biodiversidad. Esto, sin embargo, va más allá de lo ambiental, pues puede tener efectos en la cohesión social de las comunidades.
Aún con los ajustes recientes al proyecto, lo cierto es que desde el principio hubo eventos de desplazamiento forzado, particularmente de los habitantes de Palmarejo. En lo que un día fue este pueblo, actualmente sólo se encuentran las ruinas de una antigua escuela y una iglesia, así como casas destruidas. Debido a las constantes amenazas de inundación, la comunidad se vio obligada a desplazarse, algunas personas y familias se fueron a comunidades cercanas como Temacapulín, otras se fueron hacia Talicoyunque, el centro de reubicación planificado por el gobierno para trasladar a las poblaciones afectadas por el proyecto (A. Hernández, 2018)
En Talicoyunque -también conocido como el 'Nuevo Temaca'- existen 34 construcciones de las 100 planeadas para la reubicación. Actualmente solo residen siete familias, quienes se vieron obligadas a trasladarse pero no tienen acceso a servicios básicos como agua y alimentos (CRUCE, 2021). Además, para temas de vigilancia y seguridad está asignada una empresa privada, esto es un problema pues las familias residentes afirman que los guardias poseen copias de las llaves de sus hogares y no permiten el acceso a ninguna persona no autorizada por la Comisión Estatal del Agua (CEA). La justificación para no permitir el acceso libre es que el terreno no ha sido entregado al municipio y sigue siendo propiedad de la CEA (Marlo, 2021).
En la población Talicoyunque solamente hay siete familias (Foto: Animal Político) |
La imposición de una geografía ajena ha impedido a las personas desplazadas desarrollar sus actividades culturales, religiosas, recreativas y comerciales como lo hacían anteriormente. Sin duda, esto les ha afectado a nivel emocional, psicológico, físico y relacional.
Los ajustes al proyecto de la presa El Zapotillo son fruto de la lucha de más de una década de las comunidades organizadas. Sin duda son un éxito, en la medida en que se logró la principal exigencia: que las comunidades no fueran inundadas. Aunado a esto, se propuso un Plan de justicia que contemple la reparación de daños por más de una década de violaciones a los Derechos Humanos de las poblaciones (S. Hernández y Navarro, 2023).
No obstante, a lo largo de estos años, ha habido múltiples impactos significativos en las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, con afectaciones particulares y diferenciadas en mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, etc., de tal forma que las consecuencias de la construcción de este proyecto son múltiples, variadas y multifactoriales. Muchos de estos impactos no han sido, ni podrán ser subsanados.
Comentarios finales
En el discurso oficial, la construcción de proyectos extractivos busca, o bien satisfacer necesidades, o bien generar entornos de desarrollo con beneficios para la población. Las presas analizadas no son la excepción, pues la justificación de la presa Miguel Alemán se sostuvo en la necesidad de redirigir cauces de agua que estaban provocando inundaciones y generar aprovechamiento. Por su parte, los impulsores de El Zapotillo siempre la han colocado públicamente como un proyecto de respuesta a la escasez de agua en zonas urbanas como León, Guadalajara y los Altos de Jalisco.
La construcción de presas (muchas veces con centrales hidroeléctricas), implica necesariamente la inundación de grandes extensiones de territorio, las cuales pueden ser entornos naturales, tierras de uso productivo, núcleos habitacionales, o incluso espacios de relevancia para la cosmovisión de pueblos indígenas. En cualquier caso, la inundación provocará, inexorablemente, afectaciones de tipo social, ambiental o ambas.
La documentación del OCSA nos arroja que la generalidad de estos proyectos es la procuración de bienestar y/o beneficios para algunos grupos, a cambio de que amplios sectores de la población no sólo no sean beneficiados, sino que incluso carguen con múltiples y diversos costos, incluyendo serias transformaciones de vida, como el desplazamiento forzado. La agravante es, como nos muestra el caso de la presa Miguel Alemán que, a más de 70 años, miles de personas indígenas que fueron desplazadas forzadamente, siguen siendo víctimas de los efectos negativos del proyecto, sin que ninguna de las trece administraciones federales posteriores haya impulsado políticas públicas culturalmente adecuadas para paliar las consecuencias.
Referencias bibliográficas
Abad, Carlos. 2022. “Oaxaca. Pueblo queda inundado por construcción de presa hidroeléctrica”. Grupo Milenio, el 30 de julio de 2022, sec. Estados. https://www.milenio.com/estados/oaxaca-pueblo-queda-inundado-construccion-presa-hidroelectrica
Carrera, Fermin. 2013. “La Construcción de la presa Miguel Alemán, herida que jamás cerrará”. 2013. https://oaxaca.quadratin.com.mx/La-Construccion-de-la-presa-%c2%93Miguel-Aleman%c2%94-herida-que-jamas-cerrara/
Castles, Stephen. 2003. “La política internacional de la migración forzada”. Migración y Desarrollo, núm. 1. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66000106
CONABIO. s/f. “78. PRESA MIGUEL ALEMÁN - CERRO DE ORO”. Consultado el 2 de diciembre de 2023. http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_078.html
CRUCE. 2021. “La frustrada reubicación de Acasico”. CRUCE. 2021. https://cruce.iteso.mx/la-frustrada-reubicacion-de-acasico/?doing_wp_cron=1701644725.9037389755249023437500
García, Verónica. 2007. “La Presa Presidente Alemán. ‘Un gran monstruo devorador de hombres’”. Boletín del Archivo Histórico del Agua, núm. 35: 50–54.
Hernández, Alfonso. 2018. “Violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en relación con el debido proceso, a la propiedad o posesión, a la vivienda, a la libertad para el acceso a la información, al patrimonio común de la humanidad; y el derecho al desarrollo.” https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reco%2050-2018.pdf
Hernández, Susana, y Araceli Navarro. 2023. “El despojo de certezas: los temores de antes y las preocupaciones de ahora por la presa El Zapotillo”, el 18 de noviembre de 2023. https://www.jornada.com.mx/2023/11/18/delcampo/articulos/despojo-certezas-zapotillo.html
López, Francisco. 2019. “La Jornada: Razones de la resistencia contra la presa El Zapotillo”. 2019. https://www.jornada.com.mx/2019/01/10/opinion/017a1pol
Marlo, Mario. 2021. “Talicoyunque: historia de desplazamiento forzado, corrupción y violaciones a los derechos humanos”. 2021. https://www.zonadocs.mx/2021/08/17/talicoyunque-historia-de-desplazamiento-forzado-corrupcion-y-violaciones-a-los-derechos-humanos/
ONU: Comisión de Derechos Humanos. 1998. “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. E/CN.4/1998/53/Add.2”. https://www.refworld.org.es/docid/5d7fbce6a.html
Sigüenza, Salvador. 2020. “El drama del progreso por el dominio del Papaloapan | Relatos e Historias en México”. 2020. https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/el-drama-del-progreso-por-el-dominio-del-papaloapan
Valencia, María. 2022. “·¡Y la justicia llegó!… Los históricos acuerdos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo sobre la presa El Zapotillo””, 161–78.
Vázquez, Luis, Francisco López, Patricia Avila, y Carlos Vainer. 2021. “Pre-audiencia sobre ‘Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad’ Mesa de devastación ambiental y derechos de los pueblos Capítulo Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (tpp)”. https://hic-al.org/wp-content/uploads/2019/02/Dictamen_Pre-audiencia_TPP_FINAL_dise%C3%B1ado.pdf
[1] El Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) es un proyecto de documentación e investigación para la incidencia. Está conformado por los Programas de Asuntos Migratorios, de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, y Universitario para la Sustentabilidad, adscritos a la Dirección de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ver más en https://www.ocsa.ibero.mx
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