La discriminación es la que origina la violencia en contra de las mujeres y la que no les permite acceder a la justicia como parte de sus derechos humanos (el derecho a la no discriminación), dijo la Mtra. Ana Katiria Suárez, egresada de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

En su conferencia Acceso a la justicia con perspectiva de género mencionó que no existe hoy en día una estructura u operación que proporcione el Estado para poder garantizar a las mujeres que el acceso a la justicia va a estar protegido por los impartidores de la misma, ya sean los policías, los ministerios públicos o los jueces.

Todos estos servidores públicos, sin excepción alguna, tienen la obligación de fijar estándares de la más alta calidad para proporcionarle a las mujeres el acceso a la justicia, “con toda la ética y los medios necesarios para erradicar la violencia que desgraciadamente vivimos todos los días”.

Pero si quienes imparten y procuran la justicia y previenen el delito tienen prejuicios y criterios misóginos, patriarcales y machistas, no se puede esperar que eviten éstos, por ejemplo, en los informes policiacos, para que se inicie una investigación apegada a los derechos humanos de las mujeres.

Si las autoridades de primera base, que son los policías, ejercen sus funciones después de haber golpeado a su pareja o de no proporcionar alimentos a sus hijos, “qué podemos esperar de la reacción que tengan cuando una mujer en la calle les pida auxilio porque está siendo violentada por su pareja”.

Para la maestra Suárez, presidenta de Voces Humanizando la Justicia, es fundamental humanizar la justicia, “porque no podemos sólo considerar que la justicia se establece en las páginas de un código penal o de un código nacional de procedimientos penales”.

“Cuando llega una víctima a relatarnos lo que vivió, nuestra capacidad de interlocución en la abogacía tiene que ser al mismo ritmo que nos están contando esta historia. Y al momento que nos la cuentan tenemos que tener la sensibilidad de identificar qué tipo de conducta se identifica con el tipo penal que está descrito en nuestros códigos penales”.

Sin embargo, “hemos normalizado tanto la violencia, que ni siquiera somos capaces de poder cuadrarla con los tipos penales”, los que los legisladores identificaron y catalogaron como delitos.

Y por qué no se tienen estos conceptos claros, Ana Katiria señala que es por la falta de información por parte del Estado, de políticas públicas “que nos mantienen en la ignominia, y la ignominia genera miedo, y el miedo genera corrupción y abuso de poder”.

Aunque quizá la información no pueda erradicar la violencia, que la gente tenga información sobre sus derechos le permite exigir a las autoridades un debido acceso a la justicia, a que actúen con diligencia, pues “sólo podemos exigir a las autoridades cuando tenemos conocimiento de lo que exigimos”.

PEDRO RENDÓN/ICM