Egresados alertan sobre propuesta de ampliación de prisión preventiva

Jue, 7 Feb 2019
El movimiento civil ‘Todos Unidos Contra la Pena de Prisión’, conformado por egresados de Derecho de la IBERO, lanza pronunciamiento
  • Prisión (pixabay).

Todos Unidos Contra la Pena de Prisión (TUCPP), movimiento civil conformado por egresadas y egresados de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, cuyo fin es la transformación de la política criminal nacional actual, caracterizada por la aplicación recurrente de la pena de prisión, a una política criminal que privilegie la aplicación de penas alternativas, orientadas a favorecer la reinserción social de los reos, ‘alerta a la Cámara de Diputados sobre la propuesta de ampliación de la prisión preventiva automática’.

Aquí el pronunciamiento:

Movimiento civil Todos Unidos Contra la Pena de Prisión alerta a la Cámara de Diputados sobre la propuesta de ampliación de la prisión preventiva automática

Los integrantes del movimiento Todos Unidos Contra la Pena de Prisión (TUCPP) manifestamos nuestra más profunda preocupación ante la minuta turnada en por el Senado de la República a la Cámara de Diputados relativa a la propuesta para reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este proyecto, que pretende incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática, pone en riesgo principios básicos en materia de derechos humanos, incluyendo la presunción de inocencia, el principio de jurisdiccionalidad y el de progresividad de los derechos humanos.         

Si bien coincidimos en que la situación de inseguridad e impunidad en la que está inmerso nuestro país desde hace más de 10 años es desoladora, consideramos que esta problemática debe y puede atenderse desde una base de respeto incondicional a los derechos humanos.

Cabe mencionar que, a partir de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es posible aplicar la prisión preventiva de manera excepcional -previa autorización judicial- para distintos delitos sin necesidad de que éstos se encuentren enlistados en el artículo 19 de la Constitución. Ante esta realidad, consideramos ocioso que el Congreso de la Unión agote esfuerzos para caracterizar ciertos delitos como ‘graves’ (adjetivo inaplicable por pertenecer al Sistema Penal anterior) o para incluirlos en el artículo 19 constitucional como susceptibles de prisión preventiva automática.

México, en tanto Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la obligación de aplicar la prisión preventiva de manera únicamente excepcional en estricto apego a los derechos humanos. En ese sentido, nos unimos al llamado hecho por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas para que sean derogadas las normas constitucionales y legales que ordenan la prisión preventiva automática, por ser contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.

Lamentablemente, la prisión preventiva oficiosa ha sido utilizada en nuestro país como una medida represiva (y no cautelar) que afecta principalmente a pequeños delincuentes aquejados por la pobreza y la marginación. Por ello, y no obstante esta visión puede no resultar popular, solicitamos que cualquier modificación al artículo 19 de la Carta Magna pase por una eliminación total de esta figura, en aras de asegurar una aplicación eficaz del derecho penal mexicano sin comprometer derechos humanos fundamentales. 

Atentamente,

Todos Unidos Contra la Pena de Prisión

Tomás Bayo Canalizo, Diego Bear Nuño, Carlo Carvajal Aguilar, Santiago Corcuera Cabezut, Alejandra Félix Caballero, María Pia Gómez Robledo Sánchez, Teresa Jacques Valenzuela, Braulio López Ochoa, Samuel Meschoulam Farji, Rafael Ramírez Moreno Pérez, Enrique Riquelme Torres, Lorea Saavedra Hofmann, Felipe Sánchez Nájera y Regina Sánchez Sasso.

 

 

 

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