La generación de 1968 estuvo signada por la experiencia de la negación, la privación a lo público, a lo político. Esta generación fue testigo de un pasado autoritario que los alcanzó para palparlos y “moldearlos”. Las y los jóvenes del 68 conocieron y crecieron observando la permanente respuesta represiva del Estado mexicano contra todo aquello que lo cuestionara: la represión contra las movilizaciones obreras a finales de los años 50, el asesinato de líderes comunistas, el encarcelamiento de líderes ferrocarrileros, telefonistas y obreros como Valentín Campa o Demetrio Vallejo, el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en Xochicalco, Morelos. Así como los ajusticiamientos contra la insurrección comunista perpetrara en Ciudad Madera Chihuahua, movimiento comandado por Arturo Gámiz, Pablo Gómez, entre otros.

La movilización estudiantil del 68, acaecida en la capital del país, fue más que una espontaneidad, fue la eclosión de una experiencia acumulativa de múltiples movilizaciones sociales, políticas y juveniles celebradas a nivel nacional. La movilización del 68, a pesar de haberse gestado espontáneamente, no fue algo anómalo, no fue una movilización que estuviera desvinculada de la experiencia de movilización y resistencias existentes desde los años 50 y 60, particularmente, en estados como Jalisco, Sonora, Michoacán, Tabasco, Guerrero o Puebla (Rivas, Sanchez y Tirado. 2017).

Algunas de las estrategias organizativas, deliberativas y de movilización desplegadas en el movimiento estudiantil del 68 había sido ya desarrolladas por otras organizaciones y movilizaciones juveniles y estudiantiles. Por ejemplo, durante los años cincuenta y sesenta miles de jóvenes de clase baja y una pujante clase media no estaban conformes con los designios del Estado mexicano posrevolucionario. Pero la militancia y participación social o política de esta juventud fue relegada a espacios de acción sumamente limitados y semiclandestinos: asociaciones, confederaciones de estudiantes en escuelas y facultades, en el Partido Popular Socialista, Partido Comunista Mexicano, la Juventud Comunista, organizaciones religiosas influidas por la Teología de la Liberación u organizaciones masonas, por mencionar algunas.

A pesar de que a estos jóvenes y estudiantes les relegaron los espacios de participación, la movilización y resistencia fue vasta y multifactorial. Los motivos fueron desde el apoyo a la revolución cubana, contra la guerra de Vietnam, a favor del movimiento de Martin Luther King, movimientos obreros o sindicalistas, laborales, destitución de un director o rector, la renovación de alguna Ley Orgánica universitaria, demandas de autonomía, por apertura a las vías de participación en la política estudiantil, contra el aumento en el costo del trasporte público, contra las políticas de un gobernador, contra el presidente de la república e, incluso, hasta por el aumento a la cuota de admisión en las escuelas. El conjunto de estas movilizaciones puede ser llamadas, para términos prácticos como: “democratizadoras” o “moralizadoras”.

Las movilizaciones “democratizadoras” o “moralizadoras” de jóvenes y estudiantes durante la segunda mitad del siglo XX se caracterizaron también por romper con toda organización hegemónica proveniente o dependiente del Estado o del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces partido único, que detentaba a través del corporativismo la cohesión y la dirección política e ideológica de los movimientos, a decir: El Frente Nacional de Estudiantes Técnicos, La Confederación Nacional de Jóvenes Mexicanos, entre otros. Fue a comienzos de 1960 cuando las movilizaciones cobraron relevancia nacional, particularmente las acaecidas, como ya se sostuvo, en Jalisco, Michoacán, Puebla, Tabasco, Sonora y Gurrero.

En cada una de estas movilizaciones, tanto en provincia como en la Ciudad de México, la respuesta del Estado tuvo pocas variaciones: la intimidación, la “mediación” y la violencia directa se convirtieron en norma, en regla de acción.

Intimidación, “mediación” y violencia directa

Es importante identificar a los actores encargados de perpetrar la violencia y cuáles fueron las rupturas y continuidades en sus acciones. Durante las primeras manifestaciones importantes en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) acaecidas en los años cuarenta para evitar el cierre del Instituto, la represión estuvo a cargo principalmente de los cuerpos policiacos y, como se aprecia en el siguiente documento, del cuerpo de bomberos del entonces Distrito Federal:

A las 18:00 horas, al llegar a la esquina de Madero y Palma, la policía les cerró el paso [a los manifestantes] y disparó contra la multitud. Una mesera y 20 estudiantes quedaron tirados en la calle. Al día siguiente los periódicos informan de la muerte de cuatro estudiantes, entre ellos, Socorro Acosta, asesinada a hachazos por el Cuerpo de Bomberos y denuncian que los cadáveres han sido ocultados (¡Que no vuelva a suceder! 2012. p. 43). 

El discurso gubernamental justificó las agresiones a los jóvenes y estudiantes con una arenga conspirativa, arguyeron que las movilizaciones y las demandas de este sector había sido organizadas e inspiradas por los comunistas infiltrados en el IPN.

La misma situación padecieron las movilizaciones conjuntas entre las Escuelas Prácticas de Agricultura, Las Normales Rurales y el IPN a mediados de los años 50. En unidad con el Frente Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) presentaron un pliego petitorio de 13 puntos, entre los que destacó la aprobación de una nueva Ley Orgánica, el cambio de director del IPN, construcción de instalaciones, ampliación de becas a los alumnos y aumentar el número de estudiantes admitidos, debido a que una gran cantidad de jóvenes no tenían la oportunidad de ingresar al Instituto. Las relaciones entre los estudiantes y el entonces gobierno del Distrito Federal se tensan. La distención vino de parte del gobierno, puesto que, en la madrugada del 23 de septiembre de 1956, 1,800 soldados de los batallones 2, 8 y 24 del glorioso ejército nacional, al mando de tres generales de división y bajo supervisión del propio Secretario de Defensa ocupan las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Esta operación, conocida como la “Operación P”, fue apoyada por el cuerpo de granaderos y por la policía judicial (De la Garza; 1986, 207).

La represión militar y policial perpetrada en el IPN dejó un saldo importante de jóvenes y estudiantes detenidos, ante ello la FNET negoció la liberación de sus compañeros presos. La respuesta del gobierno fue la “mediación”, la FNET cedió a las propuestas del gobierno y sus líderes terminaron adhiriéndose al aparato gubernamental. De esta forma, el gobierno tendría parcialmente el control de la movilización estudiantil. La FNET a nivel nacional desplegó un contingente de “porros” que tendrían como principal actividad el sofocamiento, a través de violencia, de toda movilización, manifestación o protesta estudiantil. La respuesta a esta férrea estrategia de control consistió en la conformación de comités o consejos estudiantiles independientes, paradigmáticos fueron los casos del Distrito Federal, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Chihuahua y Nuevo León.

La represión que padecieron las manifestaciones estudiantiles en provincia durante los primeros años de la década de los sesenta, tuvo pocas variaciones, el patrón parece ser el mismo.[1] La experiencia organizativa y de resistencia de la juventud se enfrentó a una respuesta gubernamental homogénea: en Guerrero, el gobierno local representado por Caballero Aburto optó por frenar la inconformidad estudiantil a través de un grupo de corte paramilitar denominado “Pentatlón Universitario”. Cuando la movilización de protesta se incrementa y se amalgama entre el movimiento estudiantil dirigido por lucio Cabañas y el movimiento de los cívicos Guerrerenses comandados por Genaro Vázquez, el gobierno local opta por enviar a los cuerpos policiales y a las fuerzas armadas para distender el conflicto.

Los escenarios de confrontación fueron diversos, marchas en las que predominaban los heridos, golpeados y detenidos, hasta que el 25 de noviembre de 1960, el ejército se apoderó de la recién creada Universidad de Guerrero, para desunir la asamblea sostenida por el alumnado y desarticular el movimiento desde adentro. Las fuerzas armadas dispersarían a punta de bala las próximas manifestaciones callejeras, dejando múltiples heridos y una gran cantidad de dirigentes y activistas presos, incluido Lucio Cabañas.

En la Universidad de Michoacán, el 10 de enero de 1966, ante una manifestación por el alza en los precios del transporte público resultó muerto a tiros el estudiante Everardo Rodríguez Orbe. Este asesinato desató las manifestaciones masivas de jóvenes y estudiantes en la ciudad de Morelia, la respuesta del gobierno consistió en el envío de tropas al mando del General José Hernández Toledo. El General y su tropa tomaron las instalaciones de la universidad y detuvo con sobrada violencia a decenas de estudiantes, entre los que destacaron los líderes de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CENED), Rafael Aguilar Talamantes y el Dirigente popular Efrén Capiz. (Jardón, 2002 y en; ¡Qué no vuelva a suceder!).

En Sonora, el patrón represivo del Estado se mantiene. Ante la manifestación juvenil estudiantil, los actores que fueron encomendados para desarticularla y exterminarla vuelven a ser las fuerzas armadas. El ejército ocupa la Universidad, “abundan los gases lacrimógenos, disparos, macanazos y las continuas embestidas de automóviles durante las manifestaciones callejeras” (¡Que no vuelve a suceder!). Ante la reincidencia de los estudiantes, la asonada del ejército se agudiza, nuevamente las fuerzas armadas toman la universidad y algunas preparatorias bajo el mando y coordinación del General Hernández Toledo y, a través del disparo de una bazuca lograron disolver de manera definitiva a los estudiantes inconformes. (¡Que no vuelve a suceder!).

Durante el mes de abril de 1968, los estudiantes de la Universidad Benito Juárez, de la Universidad de Villahermosa, demandaron mejoramiento económico para la Universidad, al no tener respuesta, levantaron una huelga y como protesta tomaron las instalaciones de la Normal. Múltiples grupos de choque intentaron frenar la movilización. La protesta incrementó ante el asesinato del estudiante Mario Madrigal Tosca, las demandas crecieron hasta solicitar la renuncia del gobernador Manuel R. Mora.

El experimentado General Hernández Toledo llegó al Estado ante la solicitud del Congreso local. Arribó con un batallón de paracaidistas con bazucas, ametralladoras y, a bayoneta calada, se arrojó sobre la Universidad. La batalla entre jóvenes, estudiantes y las fuerzas armadas se agudizó en la calle, donde se apostó una Compañía del 16 Batallón de Infantería frente al museo y biblioteca de la Universidad para proteger el movimiento de una grúa municipal que levantó las dos camionetas incendiadas que se encontraban obstruyendo el tránsito de vehículos. (¡Que no vuelva a suceder!).

Los soldados disgregaron a un grupo de 200 personas que estaban en el jardín de la universidad y calles adyacentes. Posteriormente, una compañía del 16 Batallón de Infantería se trasladó a la Universidad y desalojó a aproximadamente 250 estudiantes que resguardaban el recinto. Algunos fueron golpeados y detenidos extralegalmente, la persecución policial-militar no sólo sucedió en Villahermosa, se extendió también a Hermosillo y otras poblaciones. El General Hernández Toledo entregó la Universidad limpia de “subversión comunista” al Rector García Cantú lamentó lo sucedido.[2]

En esta primera etapa de movimientos juveniles y estudiantiles  “democratizadores” o “moralizadores” acaecidas a nivel nacional,[3] podemos encontrar algunas de las claves o patrones utilizados por el gobierno federal y los gobiernos locales para paralizar, desarticular y exterminar la movilización, protesta y resistencia juvenil-estudiantil previó a la movilización de 1968 en la Ciudad de México.

Algunos de estos patrones, como ya se sostuvo, fueron la intimidación, la mediación y la violencia. La intimidación consistió en el establecimiento de grupos juveniles con funciones parapoliciales o paramilitares dentro de los centros educativos y universidades, los cuales, se dedicaron principalmente a la observación, registro y acompañamiento de las reuniones, asambleas, movilizaciones de los comités o grupos estudiantiles. En un segundo momento, estos grupos oficiales operaron estrategias de intervención violenta para inhibir la participación de los jóvenes y estudiantes en los mítines, manifestaciones huelgas o tomas de centros educativos o universidades.

Cuando la acción de los grupos de intimidación fue insuficiente, el gobierno federal y los gobiernos locales optaron por implementar la estrategia de la mediación, es decir, la coerción del movimiento a través de instancias juveniles institucionales, organizaciones estudiantiles oficiales o grupos de presión auspiciados por los gobernadores.

La función de los mediadores consistió en establecer una negociación con los líderes de la movilización y pactar alianzas políticas para reducir la agitación de sus agendas políticas. Cuando la mediación se rompía, la violencia era el último recurso, en cada uno de los casos observados, las fuerzas del ejército, particularmente bajo el mando del General Hernández Toledo, especializado en toma de escuelas y centros universitarios, intervenía de manera directa en la recuperación de las instalaciones ocupadas por los alumnos, utilizaban bazucas, gases lacrimógenos y armas de fuego para dispersar a los manifestantes. Estas fuerzas, comúnmente era acompañadas por cuerpos de la policía municipal, estatal o policía judicial y de investigación. Así como agentes del Servicio Secreto o de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) (Cfr. Veledíaz. 2017).

Fue común en las manifestaciones callejeras que los cuerpos policiales o parapoliciales dispararan de manera directa a los manifestantes, perpetraran detenciones ilegales, desapariciones temporales y encarcelamientos en cárceles clandestinas en las cuales “interrogaban” a las y los detenidos, para después inculparlos con pruebas prefabricadas o ponerlas y ponerlos en libertad.

Es importante subrayar que este proceder estuvo siempre marcado por el discurso de la conspiración comunista. La prensa, desde entonces, estuvo en sintonía, pues, además de legitimar el proceder ilegal de las fuerzas del orden, exonerar de la responsabilidad de los delitos perpetrados a los militares, policías y los gobiernos locales, dio salidas políticas al conflicto. (Gamiño. 2013).

Como anteriormente se arguyó, la movilización estudiantil del 68 acaecida en la capital del país fue, más que una espontaneidad, la eclosión de una experiencia acumulativa de múltiples movilizaciones sociales, políticas y juveniles celebradas a nivel nacional. La movilización del 68, a pesar de haberse gestado “espontáneamente”, no fue algo anómalo, no fue una movilización que estuviera desvinculada de la experiencia de movilización y resistencia ya existente. Tampoco fue para el Estado una novedad, un escenario nunca previsto, asimilado y enfrentado. No es fortuito que los patrones represivos implementados contra el movimiento del 68 en cada una de sus fases hayan transitado por la intimidación, mediación y la violencia directa, pero de una forma mucho más ampliada, extendida y pública (Gamiño. 2013).

La conspiración internacional fue un discurso oficial que permeó toda manifestación juvenil-estudiantil durante las décadas de los 50 y 60, el germen del movimiento estudiantil del 68 no estuvo exento, fue enmarcado discursivamente como la continuación de la conspiración comunista en México, y como tal, la respuesta del Estado mexicano y el gobierno de la capital respondió. La experiencia acumulada de los agentes militares y policiales contra las manifestaciones estudiantiles en la capital y en los estados se personificó en el movimiento capitalino, con algunas variaciones importantes.

El proceso de mediación entre los jóvenes y estudiantes con el entonces Gobierno del Distrito Federal y la Secretaria de Gobernación no se sostuvo, desde el comienzo de los enfrentamientos entre los estudiantes y el proceder de las fuerzas del orden fue el de la intimidación, pero, principalmente, el ejercicio de la violencia directa. El ejército, después de la incapacidad del cuerpo de granaderos fue, de nueva cuenta, el actor convocado para paralizar, desarticular y exterminar la inconformidad y movilización estudiantil, juvenil.

El General Marcelino García Barragán sostuvo que “el ejército actuó inmediatamente después de que recibió la petición del regente y del Secretario de Gobernación para sofocar los disturbios provocados. Estamos preparados para repeler cualquier agresión y lo haremos con toda la energía: no habrá contemplaciones para nadie”.[4]

Al comienzo de las reyertas entre preparatorias, el General José Hernández Toledo salió del Campo Militar Número Uno al primer cuadro de la ciudad, acompañado por soldados de línea adheridos a la primera zona militar.  “El convoy fue integrado por tanques ligeros y jeeps equipados con bazucas y cañones de 101 milímetros, y camiones transportadores de tropa. Salieron del Campo Militar Número Uno. La tropa inició su marcha hacía las preparatorias,[5] donde estaban parapetados algunos estudiantes. Al igual que en las movilizaciones estudiantiles en diversos estados de la república, las tropas militares detonaron bazucas contra las puertas de la preparatoria 1 y 3.

A la 1:05 horas., con una bazuca fue volada la puerta de la preparatoria, conminando el ejército a los estudiantes que se encuentran en el interior para que salgan… a la 1:50 hrs. Miembros del cuerpo de granaderos entraron a la Preparatoria Número Uno a sacar a los que se encontraban adentro; esto se hizo apostando al ejército en el exterior. Están haciendo aprehensiones de los estudiantes que se encontraban en el interior de la escuela, notándose que varios de ellos se encuentran heridos. Primeramente, se encontraban en el lugar una compañía de asalto, y a las 1:50 hrs., llegó el 44 Batallón de Infantería para reforzar a las fuerzas interiores.[6] 

Desde la primera intervención militar hasta la masacre del 2 de octubre, el ejército sería el actor principal en el proceso represivo, ejerciendo una fuerza desproporcional y extralegal contra movilizaciones estudiantiles, que, en todo momento, procedieron legalmente.

Con el aglutinamiento del movimiento entre el IPN y la UNAM se conformó el núcleo duro del asambleísmo y, posteriormente, la conformación del Consejo Nacional de Huelga (CNH). Las movilizaciones y los enfrentamientos entre las y los estudiantes contra las fuerzas del orden se incrementaron exponencialmente, mientras fue lanzado el pliego petitorio. Paralelamente el movimiento extendió su radio de influencia a las universidades de Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, Hidalgo, Chiapas, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Baja California, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Sinaloa y Puebla. (¡Que no vuelva a suceder! p. 78)

Entre las asambleas, manifestaciones, mítines y marchas celebradas en los meses de agosto y septiembre, la intimidación fue el arma favorita del Estado para inhibir la participación de las y los estudiantes y, así, fracturar el movimiento. La intimidación fue perpetrada de manera individual por múltiples comandos policiales, militares y paramilitares: algunos de los líderes del movimiento sufrieron agresiones con armas de fuego en las inmediaciones de sus domicilios por grupos armados no identificados, pudieron ser agentes de la DFS, del Servicio Secreto o miembros del Estado Mayor Presidencial; de la misma forma individuos con el rostro cubierto disparaban con ametralladoras M-1, máuseres y pistolas a los edificios escolares, principalmente, preparatorias; las manifestaciones fueron vigiladas por el ejército mexicano, acompañados por tanquetas y camiones para el traslado de tropas; el ejército mexicano también vigiló en todo momento las preparatorias, el IPN y la UNAM e invariablemente, realizaban recorridos por el centro de la ciudad; Militares, policías del Distrito Federal y granaderos realizaban indiscriminadamente detenciones arbitrarias a brigadistas en las calles de la ciudad; individuos vestidos de civil agredieron en múltiples ocasiones la Escuela Vocacional 7 y Vocacional 4 con pistolas, macanas, cadenas, garrotes y mangueras a los estudiantes, se introducen en las escuelas, rompen cristales y posteriormente desaparecen.

Nuevamente, el discurso que acompañó y legitimó todo este despliegue fue el de la conspiración internacional comunista, que los jóvenes estaban siendo influidos y motivados por políticos facciosos que tenían el interés de desprestigiar a México ante la realización de los XIX Juegos Olímpicos. El presidente Díaz Ordaz sentenció en su IV Informe Presidencial que el Estado había sido tolerante hasta excesos criticados, y que entre sus atribuciones figuraba, según el artículo 89 constitucional:

disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército, terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación… No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. (¡Que no vuelva a suceder! p. 84).       

El 68

La respuesta de todo el aparato gubernamental llegó 17 días después, cuando el despliegue militar sabía lo que tenía que hacer. La “Operación galeana” y el batallón Olimpia” accionaron gradualmente: todos los cuerpos policiacos tuvieron la orden del General Luis Cueto de impedir cualquier manifestación que alterara el orden público; la vigilancia de centros educativos del IPN y de la UNAM; ejecutar detenciones extralegales y desaparición temporal de manifestantes; intimidación con disparos al aire ante cualquier intento de manifestación pública de jóvenes o estudiantes; ataque a brigadistas por sujetos armados, vestidos de civil y en automotores sin placas, todo ello, antes de la manifestación del silencio, a celebrarse el 13 de septiembre. Ante la manifestación silenciosa, el Estado mexicano reaccionó con una fórmula ya probada en la distención de conflictos estudiantiles: que el ejército tome y “custodie” la Universidad y los centros educativos. De esta forma, la UNAM fue ocupada por las fuerzas armadas, permanecieron ahí desde el día 18 hasta el 30 de septiembre. En la Universidad se apostaron:

unidades del ejército al mando del General Crisóforo Mazón Pineda, Comandante de la Brigada de Infantería. En esta operación participaron el 12 Regimiento de Caballería Mecanizado, un Batallón de Fusileros Paracaidistas, una Compañía del Batallón “Operación Olimpia”, dos Compañías del Batallón 2, Batallón de Ingenieros de Combate y un Batallón de Guardias Presidenciales, con un total de 3 mil hombres.[7]  

El 19 de septiembre, el Casco de Santo Tomás del IPN también fue tomado por militares, policías y múltiples escuadrones armados o paramilitares y, al igual que en la UNAM, ha sido reconocida la actuación del “Batallón Olimpia”.[8]

Las múltiples estrategias represivas utilizadas por el gobierno de la capital y el gobierno federal se condensaron en la masacre perpetrada el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Cultura en Tlatelolco. Nuevamente, la intimidación y mediación dejaron de ser una prioridad restrictiva para el gobierno capitalino y el gobierno federal, la violencia directa, extendida y pública fue la norma. Más es importante subrayar que la estrategia de exterminio incluyó múltiples espacios geográficos en las cuales se suspendieron las garantías constitucionales de la población, creando con ello múltiples microespacios de excepción.

En la matanza de Tlatelolco, las fuerzas del orden ejecutaron recursos ya implementados en sus múltiples experiencias represivas: infiltraron, vigilaron, diversificaron sus escuadrones policiales y militares, generaron confusión ante las fuerzas del orden apostando francotiradores en departamentos y edificio aledaños a la plaza, colocando policías y escuadrones militares dentro del Edificio Chihuahua, (Montemayor, 2004 y Scherer y Monsiváis, 1999).

Después de la masacre, copiosamente ya documentada, el informe de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) sostuvo que fueron distintas las formas con las que el movimiento encaró la derrota impuesta el 2 de octubre. En un ambiente de represión y persecución se realizaron asambleas en la UNAM y el IPN manteniendo la huelga en un intento de fortalecer a los comités de lucha. Pese a que varios estudiantes fueron asesinados al realizar pintas, continuaron las brigadas de propaganda. El CNH intentó reorganizase, convocó a movilizaciones, intentó mantener el vínculo con las escuelas de provincia. El movimiento se encontró desarticulado en un ambiente de miedo. El CNH fue disuelto. Las escuelas regresaron a clases en un clima de aparente normalidad (¡Que no vuelva a suceder! p. 113).

Los movimientos estudiantiles y/o juveniles acaecidos en los últimos días en la UNAM devela múltiples realidades, todas, en su conjunto, alarmantes, son una mala señal que nos remites al pasado, al presente, pero, nos deber interpelar a pensar también en el futuro.

No es que la historia se repita, no es que la historia sea cíclica, que la historia y los sucesos sean una espiral.

Las recientes manifestaciones estudiantiles y juveniles en la Ciudad de México son el reflejo de la existencia de múltiples latencias: la excesiva burocratización de la vida universitaria, la reducción de espacios de participación y expresión cultural, artística y política. Opacidad en manejo de los recursos, déficit democrático, ausencia de autonomía, el anhelo de eliminar el acoso en los planteles, la exigencia de seguridad al interior y en los entornos, transporte seguro y la expulsión de los grupos porriles.

La latencia del movimiento estudiantil juvenil en México consiste en la exclusión social y política, la inseguridad, la violencia política a la que están sometidos y la vulnerabilidad. Así como la falta de diálogo. La existencia de grupos porriles en las universidades es el síntoma de una latencia de control político y social del estudiantado a través de la intimidación y una violencia irregular. Es la manifestación de un control y tutelaje prototípico del régimen presidencial semiautorotario, el cual, de todos es sabido ha traído serías consecuencias a la vida política estudiantil y juvenil, desde las represiones perpetradas en los espacios regionales en los años 60 y 70, así como las frecuentes represión que se popularizaron después del movimiento estudiantil del 68 y el de 1971. Así como el ejercicio de la acción directa perpetrada por todo el aparato del Estado contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

La latencia del movimiento estudiantil, las demandas paralelas entre el pasado y el presente, la represión permanente y la salida política que se ha dado a estas tensiones y conflictos fueron y siguen siendo alarmantes. El conjunto de esos sucesos nos debe emplazar a meditar nuestra lectura individual y pública sobre el 68, los múltiples 68 mexicanos, máxime a cuestionar esa narrativa oficial que ha colocado al movimiento como un parteaguas del México moderno, esa que sostiene al movimiento estudiantil del 68 acaecido en la capital del país como el suceso madre de la democracia mexicana.