En los últimos 12 años, México se convirtió en un país de víctimas y las fuerzas armadas se empoderaron ante la ineficacia o negligencia de las autoridades civiles para buscar alternativas a la crisis humanitaria que azota al país, afirmaron especialistas del segundo panel ‘Seguridad ciudadana e intervención militar. Análisis de la evidencia 2006-2018’, en el marco de la ‘Segunda Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la vía civil’.

Eliana García, activista de derechos humanos y acompañante de víctimas, afirmó que son tres los ejes que evidencian lo que ha ocurrido en los últimos dos sexenios en México, pero que realmente tiene su origen en el uso de las fuerzas armadas como brazo represor del gobierno, durante la guerra sucia y el terrorismo de Estado aplicado a la disidencia, que tuvo su real ejecución a partir de Luis Echeverría.

Afirmó que lo que tenemos a partir de 2006, cuando se lanzó la ofensiva contra la delincuencia organizada por parte de la administración de Felipe Calderón, son víctimas, como resultado de la intervención militar en las acciones de seguridad, que a vista de los hechos se puede considerar como una estrategia fallida, pues ha provocado una serie de consecuencias que no abonan a la solución del problema.

En este periodo, se ha afectado el tejido social y al mismo tiempo se ha dado un empoderamiento de las fuerzas armadas; un incremento de las violencias y un crecimiento de redes de microcriminalidad; un aumento en el trasiego y consumo de drogas; una reconversión de los delitos por parte del crimen organizado; violación de los derechos humanos y la preservación de la impunidad.

García estimó que la solución de la crisis humanitaria en México pasa por las víctimas, pues son a través de ellas que se han conseguido varias leyes para prevenir, defender y castigar todo tipo de violación. Ha sido, dijo, la presión social la que ha conseguido todas estas victorias legales, aunque el problema se mantiene y no ha erradicado o al menos disminuido las cifras que nos convierten en un país de fosas, de muertos, de desaparecidos.

“En las víctimas está la única opción en términos de construcción, si no no vamos a tener la capacidad para salir de esta crisis. Desde las víctimas está la solución para tener una ruta de salida a la militarización”, estimó. La evidencia, puntualizó, arroja la existencia de la claudicación de los políticos frente a los militares; la subordinación de la clase política a la clase castrense y el fracaso evidente de la militarización de la seguridad pública.

Por su parte, Anais Madeiros, postdoctorante en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo, señaló que resulta sorprendente la relación de la clase política y los militares en América Latina, pues se da en gobiernos elegidos democráticamente. Este vínculo ha fortalecido la imagen de las fuerzas armadas en operabilidad y presupuesto, en el uso de la fuerza letal y la decisión de actuar bajo marcos muy generales.

Apuntó que las reformas deben ser graduales, pues en este momento es imposible que los soldados regresen a los cuarteles, con policías locales débiles, pero sí se debe definir el tipo de misiones que corresponden a las fuerzas armadas. Estimó que es vital hacer un recorte geográfico y temporal, para que no se conviertan en operativos permanentes.

Nuevas narrativas

Ernesto López Portillo, especialista en seguridad, expresó que durante varias décadas se ha construido evidencia, pero que no ha servido para crear políticas públicas y cambiar este panorama crítico. Se aventuró a decir que ahora es tiempo de “construir una narrativa de la evidencia que sea relevante para todos”. Adelantó que se debe luchar a nivel hiperlocal, para tener la posibilidad de trabajar y medir la implementación de modelos y estrategias en esta materia.

Julián Mejía Berdeja, presidente de Renacer Lagunero, Torreón, Coahuila, comentó que la “militarización es una consecuencia lógica del fracaso del Estado para generar desarrollo social y desarrollo económico”. Propuso que los políticos deberían considerar la figura de un auditor policial externo y la gobernanza y participación ciudadana, bajo un diseño institucional que le permita a la sociedad tener una voz fuerte en la construcción de políticas públicas.

Mientras que Mónica Serrano, investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, explicó que la militarización y el poder del crimen organizado son dos caras de la misma moneda. Manifestó que hay un elemento que pocas veces se analiza, pero que complica el panorama de la seguridad en México: la forma en la que Estados Unidos entiende y se involucra en este tema.

Acusó que hay una dependencia de las élites civiles a las fuerzas armadas, lo que deriva en un empoderamiento de éstas frente al gobierno, lo que le permite establecer sus propios términos en esta relación.

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Iván Cabrera