La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través de su Programa de Seguridad Ciudadana, presentó la investigación ‘Seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar: la evidencia en México 2006-2018’, informe que se dio a conocer durante la realización de la 'Segunda Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la vía civil'.

El objetivo del reporte es contribuir al debate público acerca de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, mediante la identificación de la evidencia y los datos más pertinentes referentes a la forma en que actúan y el alcance de sus tareas. Para orientar la búsqueda e interpretación de la información, así como identificar aquella no indagada o discutida en público, se diseñó una matriz de análisis que cubre los diferentes ámbitos necesarios para un entendimiento amplio del fenómeno.

En su introducción, el informe señala que el inicio de la época multipartidista en México (2000 al presente) trajo consigo nuevas esperanzas para el desarrollo democrático de la nación. No obstante, las últimas tres transiciones han sido dominadas por quizás un solo tema: la inseguridad y las violencias.

La problemática de la inseguridad asociada a grupos delictivos, que dio origen a la urgente llamada a la guerra contra las drogas por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y con ello a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, hoy podría volverse permanente. En 2018, se registraron más de 34 mil homicidios dolosos en México, más del doble que en 2006, seguido de cuatro años consecutivos en que aumentó esta cifra. 

La magnitud del daño que la violencia ha causado en el país todavía se desconoce con precisión. De 2006 a mediados de 2017, el gobierno registró el hallazgo de mil 608 fosas clandestinas en todas las entidades del país.  También ha habido consecuencias en las instituciones civiles; cada gobierno ha presentado nuevas propuestas que hasta el momento no han podido resolver la violencia; sin embargo, todas han puesto a la institución militar en el centro de la estrategia.

Casi al mismo tiempo que la Suprema Corte de Justicia invalidó en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, en noviembre de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la iniciativa para crear la Guardia Nacional, cuerpo conformado principalmente por militares, no sólo para apoyar a la seguridad pública sino también facultado para la investigación de delitos.

Durante las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, celebradas en la Cámara de Diputados, varias expertas, expertos y miembros de organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación debido a la falta de evidencia en el debate público y la construcción de políticas públicas en las que las fuerzas castrenses tienen un papel protagónico.  

El documento, que consta de 135 páginas, aborda diversos temas, algunos de ellos son los siguientes: Evidencia contextual, Influencia externa relacionada con la guerra contra las drogas, Apoyo externo directo, Factores internos a las Fuerzas Armadas, Justicia e impunidad.

En la evidencia directa de la militarización: Las fuerzas de seguridad (Sedena, Semar, Policía Federal, Policías estatales y municipales, Policía Militar y Guardia Nacional), Los recursos (Personal, Presupuesto y Armamento), Estrategia (Despliegue de personal, Operaciones y operativos, Puestos estratégicos y bases de operación mixtas), Capacitación de fuerzas de seguridad, Actividades enfocadas en el uso de la fuerza (Enfrentamientos, Detenciones, Aseguramientos, Erradicación de plantíos ilícitos).

Y en la evidencia indirecta de la militarización: Abuso de fuerza (Letalidad, Quejas y recomendaciones de la CNDH), Índice delictivo, Percepción de seguridad y Opinión pública. Además incluye un apartado de Conclusiones y otro de Transparencia.

El primer aprendizaje del ejercicio es que el fenómeno de la militarización se ha gestado en México. Aunque intereses externos, principalmente de los Estados Unidos, han puesto a la disposición del país recursos como armamento y capacitación militar -casi sin restricciones-, esto ha sido a petición expresa y pública del gobierno mexicano. Por su lado, las Fuerzas Armadas han incrementado su estado de fuerza significativamente, fortaleciendo su legitimidad con base en el papel histórico de defensa de la nación y de los intereses o amenazas exteriores. Asimismo, se han beneficiado de un programa importante de modernización y mejoramiento de condiciones laborales.

El resultado ha sido la proliferación del modelo de uso de fuerza para abatir o detener en flagrancia a los grupos delictivos, con el ejército desplegado tanto como fuerza autónoma, como en coordinación con las fuerzas civiles. Tan extensa ha sido su participación, que la mitad de los mexicanos viven en un municipio en donde el ejército ha tenido al menos un enfrentamiento violento con presuntos delincuentes (civiles).

La prevalencia de este tipo de eventos es motivo de preocupación, debido a las consecuencias negativas que tiene para la población civil y el incremento de la violencia armada. La falta de información sobre la Sedena, en particular, obedece a que la institución se niega a reportar datos sobre los enfrentamientos, sus actividades no son sometidas a control civil al momento de los eventos, no cooperan de manera eficiente con las investigaciones, y es imposible identificar la cadena de mando, así como a las personas detenidas. Tampoco ha habido una reducción de la cantidad de quejas por violaciones a los derechos humanos de civiles en relación con el crecimiento de la participación de esta institución en seguridad pública.

En lo referente a las fuerzas civiles, gran parte de las iniciativas para reformar su desempeño se han centrado en la depuración de elementos que no aprobaron los controles de confianza básicos, además de incrementar su capacidad de recursos para el uso de la fuerza letal. Desde la creación de la Gendarmería y su incorporación a la Policía Federal, hasta la provisión de armas y vehículos de uso exclusivo de los militares a fuerzas estatales y municipales, se destaca nuevamente el papel predominante de la Sedena como proveedor de tales insumos.

Después de doce años de intervención militar en la seguridad pública, y al inicio del tercer sexenio consecutivo en el que las violencias y la delincuencia son prioridades, se han dispuesto cada vez más recursos militares, estatales y privados -cuya naturaleza nunca ha sido clara- para la militarización de la seguridad pública. En los últimos años, se han observado los límites de este modelo enfocado en el uso de fuerza, en particular, ha habido menos detenciones vinculadas a la delincuencia organizada y menos armas aseguradas, no como resultado de una disminución de la actividad delictiva, sino de cara al peor índice de violencia armada en la época moderna. 

Actualmente, una tasa de 25.8 homicidios por cien mil habitantes en 2018 ubica a México por encima de algunos de los países más violentos en América Latina, como Brasil y Colombia (con la excepción de Venezuela), y lo acerca a otra categoría de países con índices de violencia mucho más altos aún, pero con una fracción de la población y de los recursos económicos que tiene México.

En este contexto se desarrolla el plan de la Guardia Nacional, distintivamente militar.  A su vez, el discurso presidencial enfatiza la capacidad de las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas de seguridad pública y tiende a despreciar las capacidades de las fuerzas civiles y el trabajo policial como componentes clave de un sistema de seguridad en democracia.

El acceso a la información debe ser independiente de la polémica desatada por la presencia de fuerzas castrenses. El primer paso hacia la restitución de las instituciones civiles en la seguridad pública debe ser su papel central para regular, monitorear y reportar las acciones desempeñadas por todas las fuerzas de seguridad. Sólo por este medio se pueden diseñar estrategias de seguridad exitosas, que promuevan el desarrollo de un país democrático.

El Informe concluye con una lista de necesidades y requerimientos de transparencia identificadas, algunas de ellas son:

El Lic. Ernesto López Portillo Vargas, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO, coordinó el informe ‘Seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar: la evidencia en México 2006-2018’. El documento tuvo como investigador y autor a Samuel Storr, consultor del Programa de Seguridad Ciudadana. La revisión del contenido del Informe estuvo a cargo de Arisbeth Hernández Tapia y de Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez.

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