El aumento sostenido de los gases de efecto invernadero y de la contaminación, y el consecuente empeoramiento de la emergencia climática han puesto de manifiesto la necesidad de dejar el uso de los combustibles fósiles y cambiarlos por la generación de energía renovable. Así, las llamadas energías limpias son vistas como una solución que permite continuar con el ideal capitalista de progreso, pero ahora desde un enfoque de sustentabilidad. Sin embargo, en muchas ocasiones, estas narrativas esconden dinámicas de despojo, violencia y desplazamiento forzado. Mientras que el Estado y las empresas justifican megaproyectos bajo el estandarte de la sustentabilidad, de las energías limpias y del interés por el cuidado del medio ambiente, se privatizan los bienes naturales, se desplaza a comunidades y se destruyen ecosistemas.

El proyecto hidroeléctrico para la generación de energía renovable Paso de la Reina se ubicaría en el municipio de Santa Cruz Zenzontepec en el estado de Oaxaca, con el objetivo de aprovechar el flujo del agua del río Verde en su paso por los municipios de Santiago Ixtayutla y Santa Cruz Zenzontepec. Para su establecimiento es necesaria la construcción de una presa para la extracción del agua y su posterior conducción hacia la casa de máquinas para el proceso de generación de electricidad (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020).

Este caso ejemplifica la manera en la que se construyen narrativas de progreso que justifican la privatización de la naturaleza y legitiman la criminalización de las comunidades que resisten. El proyecto hidroeléctrico es impulsado por el gobierno mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las administraciones locales, así como por la empresa Generación Enersi.

Esta empresa, promovente del proyecto, se presenta a sí misma como una compañía que tiene el objetivo de “promover la generación de energía limpia y contribuir a satisfacer la creciente demanda de energía” (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020). Mediante el  aprovechamiento del agua del Río Verde, según fuentes oficiales, se estima “obtener una potencia instalada de 17.9Mw aproximadamente” mismos que abastecerían a la CFE (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020).

Para lograr esto, la construcción de la presa tendría como consecuencia la inundación de tierras en la parte alta (en el eje de la cortina), así como la sequía en la parte baja del río, lo que a su vez provocaría el desajuste del ecosistema del río, el deterioro de las tierras productivas y amenazaría la subsistencia de las familias pescadoras (Pie de Página, 2024). De este modo, la construcción del proyecto no solamente afectaría a las comunidades por las que atraviesa directamente el proyecto (Santiago de Ixtayutla y Santa Cruz Zenzontepec), como afirma la Manifestación de Impacto Ambiental (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020), sino que sus posibles repercusiones se extienden hacia 24 comunidades indígenas y afromexicanas de seis municipios en la Costa Chica de Oaxaca.

Estas comunidades, a partir de su organización en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), han desarrollado estrategias para la defensa del territorio y para hacer frente al aparato público-privado. Asimismo, estas resistencias se han visto criminalizadas por cuestionar una concepción de progreso en la que hay territorios y vidas que se consideran descartables.

Mientras que las comunidades que se verían afectadas por el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina interponían un amparo, el Gobierno de Oaxaca afirmó que el estado tiene un “gran potencial” para la producción de energía limpia gracias a su vasta extensión territorial y a su posición geográfica (Coordinación de Comunicación Social, 2018), omitiendo las afectaciones socioambientales. La brecha discursiva entre la narrativa estatal y las denuncias y demandas de las comunidades aledañas al proyecto nos llevan a cuestionar ¿progreso para quién? ¿sustentabilidad para quién? Y, sobre todo, ¿para quiénes no?

La idea de progreso evoca nociones como avance, mejoramiento, perfeccionamiento, entre otras, y se encuentra ligada a la noción de desarrollo, bajo la cual hay una promesa de mejorar las condiciones de vida, tener un mayor crecimiento económico, así como el “ingreso a la modernidad” (Cano-López & Parra Salazar, 2018).

De esta forma, bajo la lógica del desarrollo “una presa puede significar mayor crecimiento económico, menores costos logísticos y abastecimiento de agua y electricidad para grandes centros urbanos” (Domínguez & Chávez, 2017). Sin embargo, para las comunidades a nivel local, “un megaproyecto puede implicar la desaparición de estructuras productivas, la desarticulación del tejido social, procesos de desculturización, desplazamiento forzado [...]” (Domínguez & Chávez, 2017). Esta contradicción demuestra que dentro de la noción de desarrollo se busca la mejora de las condiciones de vida de los centros urbanos, ligados a la ganancia económica, por lo que se pueden aceptar pérdidas en espacios rurales o que se consideran “tierras improductivas” (Domínguez & Chávez, 2017) o habitadas por grupos que buscan mantener paralizado al estado.

Las personas que defienden el Río Verde manifiestan esta noción al explicar que “todo el tiempo hay campañas donde el gobierno le llama desarrollo al saqueo de los bienes naturales. Ellos le llaman desarrollo a estancar las aguas del río; [...] van a dañar el cerro, las montañas. [...] Los ingresos económicos siempre son para el Estado, nunca son para las comunidades” (Pie de Página, 2024).

La brecha existente entre el desarrollo impulsado mediante las llamadas energías limpias y las afectaciones derivadas de sus impactos, se pueden explicar a partir del concepto de biopoder. Michel Foucault afirma que el biopoder es la capacidad del Estado y de sus instituciones de administrar la vida de las poblaciones a partir de mecanismos que, en última instancia, deciden qué vidas merecen ser protegidas y cuáles pueden ser sacrificadas en nombre de lo que se percibe como el bien común (Foucault, 2000).

Es importante mencionar que la decisión del Estado de dejar vivir o exponer a la muerte, está basada en una categorización inherentemente jerárquica que tiene como fundamento el racismo como condición de aceptabilidad del descarte (Mbembe, 2011). Mbembe y Foucault hacen referencia al racismo como herramienta de jerarquización para legitimar las narrativas del biopoder. Sin embargo, para analizar el caso del proyecto hidroeléctrico, la jerarquización está vinculada con la definición de capitalismo racial (Quijano, 2000 y Robinson, 2000). La noción de capitalismo racial establece que el racismo y el capitalismo están inextricablemente entrelazados ya que se basan en la extracción de riqueza a partir del despojo de las comunidades indígenas (González, 2021).

De esta manera, proyectos considerados “verdes”, sustentables o de “energía limpia” se pueden presentar como una solución que mejorará la vida y traerá consigo desarrollo en centros urbanos. Mientras tanto, para las comunidades esos mismos proyectos son sinónimo de despojo y “una cultura de muerte: los confina a más empobrecimiento, a la aniquilación de sus lugares sagrados y en consecuencia a la pérdida de su identidad” (Zavala, 2022). Estas narrativas aparentemente opuestas ponen de manifiesto la manera en la que el biopoder se ejerce en favor de ciertas poblaciones (urbanas, industrializadas), mientras que otras (indígenas, afromexicanas, campesinas, estructuralmente empobrecidas) son sacrificadas y aceptadas como daños colaterales del desarrollo.

Del mismo modo, Achille Mbembe propone el concepto de necropolítica según el cual el Estado puede decidir qué vidas son prescindibles. En este sentido, el Estado actúa como un agente de represión para asegurarse de que se establezca el proyecto. La Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (Redecom) denunció que “la instrumentalización de la violencia, que va desde amenazas, ataques, persecución, asesinatos y desapariciones forzadas de las personas defensoras del territorio y la naturaleza, son parte de la imposición de estos proyectos de desarrollo dentro de sus territorios comunitarios organizados” (Zavala, 2022).

En el caso de Paso de la Reina, se enmarca en un discurso de sustentabilidad bajo la idea de una energía limpia, que minimiza los impactos negativos socioambientales (Ejatlas, 2022). Esta necropolítica climática demuestra la forma en la que discursos ambientales pueden reproducir el extractivismo como una expresión del colonialismo y legitimar el uso de la violencia contra las poblaciones que son vistas como sacrificables en nombre de soluciones a la crisis climática para las poblaciones que se considera que sí merecen vivir (DeBoom, 2021).

Ante esto, las comunidades han resistido a través de estrategias legales, movimientos de protesta y organización comunitaria e intercomunitaria. Las comunidades “tienen como prioridad la protección y defensa del territorio y no permitir en ellos ningún tipo de desarrollo de infraestructura” (Pie de Página, 2019). En consecuencia, en 2007 se estableció el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER); una década más tarde, en 2018 se detuvo el decreto presidencial de Enrique Peña Nieto para continuar con el proyecto (Pie de Página, 2019).

En el 2022, COPUDEVER recordó que “desde hace 14 años hemos defendido y resguardado el río Verde en base a nuestros sistemas normativos internos y con derechos que les conceden los tratados internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (Zavala, 2022). Finalmente, en 2024, se declaró la suspensión de la construcción, aunque aún no ha sido cancelada por el gobierno federal (Pie de Página, 2024).

No obstante, en el discurso, las comunidades en resistencia han sido categorizadas como personas que no tienen información, personas que quieren paralizar al estado, personas que buscan negar el progreso (Servicios para una Educación Alternativa A.C. Educa, 2013) o como grupos conflictivos y provocadores de violencia (Rodríguez & Matías, 2016).

Estas narrativas están basadas en nociones preconcebidas del capitalismo racial bajo las cuales se considera a las acciones que se posicionan en defensa del territorio y en contra del extractivismo como estrategias de “negación del progreso” (Servicios para una Educación Alternativa A.C. Educa, 2013). Además, se les denomina generadores de violencia, a pesar de que en su resistencia no han utilizado estrategias armadas, sino que han optado por la exigencia de derechos que les son reconocidos nacional e internacionalmente, la protesta pacífica y la lucha legal. De manera similar, se les ha calificado como ignorantes, a pesar de que sus argumentos están basados en realidades materiales que les atraviesan y de que han articulado una defensa jurídica exitosa.

Replicando el discurso, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, afirmó que “el proyecto es justo y benéfico para la región de la Costa porque han estado olvidados como para rechazar una oportunidad hacia el progreso” (Servicios para una Educación Alternativa A.C. Educa, 2013), insinuando que las comunidades estaban deliberadamente obstaculizando su propio avance. Asimismo, afirmó que:

No es mi función ser promotor del proyecto [...] pero tampoco estoy de acuerdo en que se manipule la información. La época del oscurantismo ya pasó, no podemos seguir negando a nuestros pueblos la posibilidad de progreso (Servicios para una Educación Alternativa A.C. Educa, 2013).

Estas narrativas, a su vez, justifican y legitiman el uso de la necropolítica a través de represión y la violación a los derechos humanos. El exgobernador está acusado de 200 asesinatos de activistas, políticos opositores y representantes indígenas, así como 600 detenciones, 380 casos de tortura y siete desapariciones forzadas (Proceso, 2010).

En conclusión, las narrativas alrededor de la construcción del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina promueven, por un lado, una visión de progreso y desarrollo y, por el otro esconden dinámicas de despojo, criminalización, violencia y desplazamiento forzado. Estas dinámicas de violencia son ejercidas a partir de una jerarquización basada en el capitalismo racial y en el ejercicio de la necropolítica en contra de las comunidades que buscan defenderse de los proyectos.

Asimismo, la defensa del Río Verde por parte del COPUDEVER muestra las contradicciones entre una visión del desarrollo que beneficia a centros urbanos e industrializados mientras que sacrifica territorios indígenas. Ante esta visión hegemónica de progreso y desarrollo que promueve el ejercicio de una lógica extractiva capitalista bajo la cual hay grupos de personas que se consideran dispensables, vale la pena pensar en nociones de desarrollo que no repliquen estas violencias.

Es fundamental considerar que la resistencia de las comunidades no indica un rechazo al aumento de la calidad de vida o al bienestar, sino que hace referencia a una defensa de la vida frente a un modelo que considera su despojo como un daño colateral e, incluso, a un entendimiento distinto de lo que son y lo que implican el bienestar y la calidad de vida. La organización comunitaria e intercomunitaria para la defensa del territorio en general, y concretamente del río Verde, nos muestra una alternativa al desarrollo desde la priorización de los derechos colectivos, los derechos de los seres vivientes no humanos y la justicia socioambiental para todos y todas.

Referencias

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