La respuesta del gobierno mexicano ante la crisis por el COVID-19 ha sido mínima o insignificante, dada la magnitud de las múltiples crisis económicas y sociales, concluyó el reporte Mexico’s Social Policy Response to Covid-19: A Path of Minimal Action, publicado por el Dr. Ricardo Velázquez Leyer, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.

El también coordinador de los programas de posgrados de esa casa de estudios analizó la respuesta del gobierno mexicano a los problemas económicos y sociales provocados por la pandemia del nuevo coronavirus, el cual cubre seis áreas de la política social: salud, pensiones, vivienda, políticas laborales, prestaciones familiares y educación.

De acuerdo con el especialista, en el área de salud, las acciones se han centrado en la conversión hospitalaria para la atención del COVID-19 y campañas de distanciamiento social.

En el resto de los tópicos, no se observan medidas que puedan tener un impacto positivo considerable: adelantos en las pensiones no contributivas no representan una prestación adicional; los bajos montos de créditos para micro y pequeñas empresas difícilmente llegarían a representar un apoyo que logre que las empresas superen las presentes dificultades económicas.

Además, aunque los apoyos para agricultores y trabajadores rurales son necesarios, no se complementan con apoyos a trabajadores en áreas urbanas, donde los efectos negativos de las crisis han sido peores.

El Dr. Ricardo Velázquez señaló que el gobierno ha argumentado que programas de reciente creación como las becas para estudiantes de primaria y secundaria o apoyos económicos de capacitación laboral para jóvenes desempleados son suficientes para que las familias puedan hacer frente a los efectos de la pandemia.

Sin embargo, al considerar los procesos deficientes de formulación e implementación, ni siquiera es posible argumentar que esas medidas sean mejores que los programas que han sido cancelados, como las transferencias condicionadas de Prospera o la red de guarderías para madres trabajadoras sin seguridad social.

Al mismo tiempo, han sido ignoradas propuestas para introducir un ingreso básico de amplia cobertura, que pudiera tener un mayor impacto en el bienestar de las familias. Los gobiernos estatales han creado sus propias iniciativas, intentado ocupar el espacio que el gobierno federal ha dejado vacío, pero con recursos limitados que disminuyen su capacidad para proteger a sus ciudadanos de los efectos de la pandemia.

México, explicó el investigador, es ya uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19 a nivel global. Ello sin considerar la subestimación de la magnitud real de la pandemia, provocada por la decisión de no realizar pruebas de manera masiva. A diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de los países comparables, en donde los gobiernos han realizado esfuerzos por medir las dimensiones reales de las crisis y han introducido medidas agresivas para proteger a su población, el gobierno mexicano ha elegido una ruta de acción mínima en todos los frentes.

Esa ruta ha sido definida por el valor de la austeridad, lo que resulta desconcertante, ya que ese concepto se asocia estrechamente a un modelo político y económico neoliberal, el mismo que según el discurso oficial se pretende combatir.

Agregó que si el rumbo no se corrige, los efectos negativos de la pandemia se podrán extender en el mediano y largo plazo, con consecuencias devastadoras para muchas familias mexicanas.

Cabe señalar que este reporte forma parte del proyecto Global Dynamics of Social Policy de la Universidad de Bremen, Alemania, que incluye reportes similares de un amplio número de países de diferentes regiones del mundo, los cuales se pueden consultar en el sitio de este proyecto.

Redacción IBERO