La propuesta que hizo Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para que las familias de México tengan acceso a armas de mayor calibre para que puedan defenderse de la delincuencia más que oportuna, es oportunista, pues tiene una motivación coyuntural política, señaló el Dr. Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del diplomado Seguridad nacional, democracia y derechos humanos de la IBERO.

El especialista en seguridad señaló que al tratarse de una propuesta de un líder de partido minado en su legitimidad como actor político y cuya autoridad está más que cuestionada invalida per se la propuesta, pues se trata de un planteamiento que tiene una agenda paralela u oculta en el sentido de buscar popularidad para un actor político que no tiene mucha legitimidad en el contexto del escenario nacional actual.

De acuerdo con el docente, en un contexto de violencia e impunidad por una crisis de inseguridad en el país, se ha demostrado estadísticamente que la disponibilidad y concesión de más armas de mayores calibres, no necesariamente va de la mano con una disminución de la violencia y mucho menos de los incidentes homicidas en un determinado lugar y determinado periodo.

“La mayor disponibilidad de armas en un contexto y lugar determinado no garantiza la disminución de la violencia, sino todo lo contrario, entre más armas, más violencia. Esto está demostrado, los analistas lo hemos dicho desde hace 20 años”, expresó Tirado Cervantes.

En ese sentido, el académico dijo que la propuesta del exgobernador de Campeche -quien dijo que la ante la inseguridad que se vive en el país es obligación presentar este tipo de iniciativas porque la gente está indefensa cuando llega a sus casas o negocios, sus vidas- no sólo es desafortunada, sino impertinente en función del contexto en el que se da la violencia en nuestro país.

“No hay una racionalidad para sustentar una propuesta como ésta y mucho menos para apoyarla por parte de las personas”, dijo el especialista.

El Mtro. Erubiel Tirado lamentó una propuesta de este tipo considerando el contexto en el que el Estado mexicano prácticamente ha claudicado y renunciado dar esa garantía de seguridad para los ciudadanos. Por lo cual, los esfuerzos de las personas deberían estar enfocados en exigir al estado mexicano que reivindique una de sus funciones principales: proveer seguridad, lo cual no se resuelve permitiendo la portación de armas, o que se tengan en el domicilio o vehículo.

El artículo 10 de la Constitución señala que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

Valentina González/ICM