Pese a los avances logrados desde la normatividad, creatividad jurisprudencial y lucha de la sociedad civil por un mundo mejor, deben advertirse los obstáculos que se siguen presentando, como los formalismos jurídicos que intentan prevalecer sobre la efectividad de los derechos; los discursos fundamentalistas, nacionalistas y xenófobos que levantan muros de exclusión, discriminación y desigualdad social; y las nociones cerradas de soberanía que pretenden opacar la misión encargada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así lo dijo el doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor, presidente del Instituto Iberoamericano y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, durante la inauguración del ‘IX Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. La Constitución Convencionalizada a 40 años de la vigencia del Pacto de San José. En homenaje al Dr. Néstor Pedro Sagüés’; realizado en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

El congreso está dedicado a reflexionar sobre los avances logrados “a la luz de un instrumento que ha dado esperanza a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, vigente en nuestro país desde 1981. Un tratado internacional que ha institucionalizado un régimen de libertad y de justicia social en nuestro continente, complementario a la de los Estados nacionales, otorgándole sin lugar a dudas un nuevo rostro al constitucionalismo”, constitucionalismo que hoy debe de entenderse con vocación transformadora de las injusticias sociales.

Momento de reflexiones, sí, pero también para advertir los retos y amenazas que existen a los derechos humanos a nivel global y en Latinoamérica, y para ver cómo el derecho procesal constitucional puede tener elementos que coadyuven a lograr una paz duradera y justicia social.

Ferrer, otrora académico del Departamento de Derecho de la IBERO, destacó que el congreso se celebra en un año de especial significación para el derecho internacional y para los derechos humanos, ya que este 2018 se cumplen 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 40 años de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que constituye el corazón del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que le ha dado un nuevo rostro a las constituciones latinoamericanas.

En cuanto a los participantes, el Dr. Ferrer Mac-Gregor (a quien la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, determinó otorgarle el Premio Nacional de Jurisprudencia 2018) destacó y agradeció la presencia en el congreso de notables ponentes de México, Latinoamérica e Iberoamérica, como: Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Luis López Guerra, que acaba de terminar diez años como Magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Amaya Úbeda de Torres, jurista de España; entre otros.

Derecho constitucional con énfasis en DH

Por su parte, el Maestro David Fernández Dávalos, S. J., Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, dijo que el derecho procesal constitucional ha tomado en México un auge particular en los últimos años, no sólo por la defensa de la Constitución con mecanismos más robustos, sino también por un especial énfasis en la protección de los derechos humanos.

De esta manera, afortunadamente en México existe cada vez más un enfoque particular en la defensa de los derechos presentes en la Constitución y en los tratados internacionales, como parte medular de los mecanismos propios del sistema de derecho procesal constitucional. “De ahí que, en esta Universidad, la IBERO, nos sintamos honrados y entusiasmados en hospedar este congreso nacional”, el que por primera vez se realiza en una universidad privada.

El Padre Fernández resaltó que el impacto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es innegable, ya que se ha reflejado de manera particular en las sentencias emitidas en contra del Estado mexicano, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “que han tenido un impacto fundamental para propiciar cambios estructurales en la forma en que enfrentamos violaciones graves a derechos humanos; los temas de género, la excepcionalidad de la jurisdicción militar, entre otros alcances de enorme importancia”.

Por eso, destacó que desde la Universidad Iberoamericana “queremos que los distintos espacios de enseñanza, de vinculación, de investigación y de incidencia pública tengan una efectividad clara en el fortalecimiento de todos los derechos de las personas, y por eso encontramos las reflexiones de este congreso en plena sintonía con el modelo educativo que estamos impulsando”.

Asimismo, el Rector envió un saludo a los 81 conferenciantes, ponentes y moderadores, nacionales y extranjeros, que toman parte en este ‘IX Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional’, organizado de manera conjunta por el Departamento de Derecho de la IBERO, el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

A esas instituciones académicas, a las organizaciones de la sociedad civil y a los organismos garantes de derechos, el doctor José Luis Caballero Ochoa, director del departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, les agradeció su conjunción virtuosa para “reflexionar sobre una diversidad de temas que ocupan hoy al derecho procesal constitucional y que nos unen en torno a objetivos comunes”.

Un derecho procesal constitucional que tiene por objetivo, junto con sus herramientas, de ser verdaderos instrumentos de protección y emancipación de las personas, especialmente las excluidas, “un propósito en el que nos encontramos y reconocemos quienes estamos aquí”.

En un congreso que se dirige a tratar algunas de las problemáticas más urgentes para México: la desigualdad estructural, el combate a la corrupción y la agenda de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Texto y fotos: PEDRO RENDÓN/ICM