Más de mil mexicanos y mexicanas están denunciando al gobierno, por medio de juicios de amparo presentados en Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, su respuesta tardía e inadecuada para contrarrestar la pandemia del COVID-19 a través de la emisión y cumplimiento de normas y políticas públicas sanitarias, informó la Dra. Fernanda Cobo Armijo, coordinadora de la Clínica de Derecho y Salud Pública de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

En un mapeo hecho entre enero de 2019 y febrero de 2021, realizado conjuntamente por la Clínica de Derecho y Salud Pública de la IBERO y el Programa de Derecho y Salud Pública del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), se encontró que en este periodo personas quejosas presentaron ante los juzgados y tribunales un mil 231 amparos relacionados con la pandemia del COVID-19.

La doctora, académica del Departamento de Derecho de la Iberoamericana, dijo que luego de analizar los fallos de las sentencias se encontró que los amparos se tramitaron por tres causas principales: incumplimiento en algunas empresas de las medidas sanitarias publicadas por el gobierno, falta de insumos para proteger del COVID-19 al personal de salud de instituciones públicas, y desabasto en medicamentos para enfermedades que van desde las comunes hasta las de tercer nivel o de alto costo.

Precisó que, algunas empresas no aplican el ‘quédate en casa’ y han obligado a ir a trabajar a sus empleados, pese a que algunos de ellos tienen comorbilidades (como diabetes y sobrepeso, que aumentan el riesgo de agravamiento de su salud si llegan a contraer COVID-19); además de que, entre esas empresas, hay en las que no respetan la sana distancia y otras medidas de protección sanitaria establecidas por el gobierno.

El personal de salud, por su parte, denunció que no se le ha otorgado en sus centros de trabajo equipo de protección para evitar contagiarse de COVID-19, y en otros casos no se les ha puesto la vacuna contra el coronavirus. Otras personas de la población general señalan la insuficiente existencia de insumos para enfrentar el coronavirus, es decir, hay ausencia de pruebas PCR, de camas de hospital, de ventiladores e incluso de personal de salud.

Y el tercer grupo de quejosos/as ha denunciado el desabasto de medicinas para tratar el cáncer en niños y niñas, la falta de medicamentos para enfermos con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y hasta carencia de distintos tipos de insulinas para personas con diabetes.

Respecto a este último punto, Cobo Armijo mencionó que si bien antes del 2018 ya había en los distrito judiciales amparos por desabasto de medicamentos, la gente se empezó a amparar más por este motivo a partir de 2019, cuando cambió gran parte del funcionamiento de los mecanismos del Sistema Nacional de Salud, luego de que la presente administración modificara la Ley General de Salud y los procedimientos de adquisición de insumos.

Aunado a esto, se encontró que el desabasto también es producto del que los aproximadamente 30 mil millones de pesos que antes se destinaban a la atención de enfermedades de tercer nivel o de alto costo (como cáncer infantil, cáncer de mama y VIH), vía Seguro Popular, se destinaron a la atención de COVID-19, principalmente a la compra vacunas.

A esta falta de medicinas se suma el hecho de que muchas personas ya no se reconozcan a sí mismas como derecho habientes a algún esquema de seguridad en temas de salud, pues quienes contaban con el Seguro Popular desconocen a dónde están afiliadas desde que éste fue absorbido por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

Finamente, Fernanda Cobo Armijo -doctora en salud pública-, dijo que la Clínica de Derecho y Salud Pública de la IBERO, universidad jesuita de la Ciudad de México, se vincula con otras instituciones para realizar proyectos e investigaciones que permitan entender mejor qué sucede con la salud de las y los mexicanos. En ese sentido, pidió al gobierno que tenga “una mayor colaboración con distintas instituciones educativas, públicas y privadas, que están produciendo información y documentos sobre salud”.

PEDRO RENDÓN/ICM