Durante la Conferencia Magistral: La lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, el ponente Juan E. Méndez, exrelator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, señaló que la lucha contra la impunidad ante actos de crueldad es un tema que no debe estar en segundo plano para la agenda nacional ni internacional, pues requiere dar una respuesta correcta hacia las víctimas, lo cual admitió, no es una tarea fácil.

“Es un inmenso desafío, sigue siendo muy difícil cumplir con esta demanda de justicia con que nos interpelan las víctimas de violaciones generalizadas o sistemáticas de sus derechos fundamentales”, indicó el especialista en derechos humanos.

Detalló que estas demandas de justicia son particularmente urgentes en México, donde la impunidad se erige en uno de los grandes impedimentos para tener políticas públicas socialmente justas.

El activista por los derechos humanos aclaró que no se trata de la gestación de nuevas obligaciones internacionales de los Estados, sino de la aplicación concreta de normas vinculantes preexistentes como el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso de ley en el contexto de patrones de violaciones graves de esos derechos.

Juan Méndez, pionero en el programa para América, Human Rights Watch, agradeció a las autoridades por apoyar la lucha y dar justicia a las víctimas de tortura. Destacó que la corte Interamericana ha trabajado en el desarrollo normativo para que las partes afectadas sean puestas a disposición de órganos de protección internacional.

“Estos deberes de los Estados se traducen en la verdad, la justicia, la memoria, las reparaciones y las garantías de no repetición. La verdad implica una acción oficial pero independiente e imparcial para establecer las circunstancias en que cada acto violatorio de los derechos humanos tuvo lugar con intervención”, explicó Juan Méndez.

De igual manera, señaló que una de las metas principales para ofrecer justicia a las víctimas es dar investigación, procesamiento y castigo efectivo, a toda persona que haya participado en actos de tortura. Reconoció que todavía existen obstáculos para que esta gestión se lleve a cabo de manera correcta.

Además, pidió a la población no olvidar los hechos lamentables que han rodeado a la humanidad en cuanto a violación de derechos humanos, pues aseguró que la memoria implica la necesidad de preservar archivos y otras pruebas para que en un futuro no vuelvan a pasar.

“Hay que encontrar fórmulas que no reediten las circunstancias profundas que dieron lugar al conflicto en su momento, además la dimensión ética requiere que el acuerdo de paz no resulte en el sacrificio de los legítimos intereses de las víctimas”, explicó el abogado.

Reconoció que a pesar de llevar un gran avance en materia de derechos humanos, es imposible prevenir todos los actos de crueldad que son perpetuados a diario, destacó que por trabajos como los que realiza la IBERO, las investigaciones y la defensa por las victimas siguen teniendo relevancia en el país.

“En este punto es innegable la importancia y potencial contribución que se hace en todos los países desde la academia, a estos objetivos y en especial el papel que le ha tocado cumplir en esta tarea a la maestría que hoy recibe esta acreditación internacional y que merece la admiración y el respeto de todos nosotros”, señaló el egresado de la Universidad Católica Stella Maris.

Por último, reiteró que es obligación del Estado tratar con dignidad a las víctimas de tortura, ofreciéndoles reparar de manera correcta su caso, y añadió que todas las sociedades deberían buscar romper el círculo vicioso de la impunidad por las violaciones graves a los derechos humanos.

Texto: Alberto Elihú Cortés Hernández

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