En el marco del Seminario “Hacia dónde va la política de ciencia y tecnología” organizado por el Faro Educativo IBERO en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Educación y a la Justicia, del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana,  investigadores de diversas instituciones discutieron las contradicciones y acciones de la iniciativa de ley, que podrían generar un retroceso en la producción de ciencia en el país.

En un primer encuadre sobre la discusión de la nueva Ley de ciencia y tecnología, que ahora incorporaría en su título las palabras “humanidades” e “innovación”, el Dr. Diego García Ricci, académico del Departamento de Derecho de la IBERO y procurador de derechos universitarios, señaló, entre otras cosas, el golpe que inflige la propuesta a las instituciones de educación superior y centros de investigación privados, demeritando el trabajo y contribución que hace un sector importante de científicos adscritos a dichas instituciones, que es mucho.

En tanto que la Dra. Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE-CINVESTAV), comentó que es necesario discutir las contradicciones que existen en la iniciativa de ley. Por ejemplo, señala que, aunque se dice que esta ley sería mucho más “democratica, plural e incluyente”, en realidad la junta de gobierno del nuevo CONHACyT estaría conformada además de las secretarías de Estado, por tres personas más que reciban la invitación de la dirección general, lo cual no es una acción ni democrática ni incluyente al ser dejada al criterio de una sola persona.

En el mismo sentido, Alejandro Frank, quien es investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que parece que estas acciones más que buscar un progreso para el país buscan “la eliminación de opositores, pensando que hay una verdad única” y que estas acciones responden a acciones centralistas.

Por su parte, Ximena González Grandón, académica del Departamento de Educación de la IBERO, mencionó que si bien es un acierto incorporar el término humanidades y cuestionar, en este sentido, cuál es la relación que debe existir entre las ciencias “duras” y las humanidades, también reconoció que hay una idea equivocada sobre el papel que juegan las universidades privadas, pues ella incluso ha hecho más investigaciones con incidencia social desde la IBERO, que cuando laboraba en una universidad pública, por lo que la eliminación de estímulos económicos tiene una contradicción con las funciones de retribución a la sociedad.

Al discutir sobre la prioridad que la actual administración ha dado a la ciencia, Alma Maldonado agregó que el presupuesto del PIB destinado a la ciencia es de apenas .31% (punto treinta y uno por ciento), lo que representa un castigo y retroceso al desarrollo de la ciencia.

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