López Obrador construyó un vacío narrativo que hizo imposible entender cuál era su política de seguridad pública. El “abrazos, no balazos” funcionó para hacer a un lado la necesidad de explicar, evaluar y justificar esa política con estándares argumentativos que conectaran acciones con resultados; para decirlo más claramente, terminó un sexenio que apagó cualquier oportunidad de evaluar el impacto de la política de seguridad pública federal.

El verdadero éxito del presidente López Obrador fue disociar la inconformidad social mayoritaria respecto a la crisis de seguridad y la aprobación hacia su persona. A la vez que la mayoría confió en él, también la mayoría reprobó su política de seguridad.

Lo que Sheinbaum encontró es un vacío técnico en seguridad pública, escondido detrás de narrativas polarizadas y polarizantes que hicieron imposible en todo el sexenio deliberar con rigor lo que el gobierno federal hacía o dejaba de hacer a favor de la seguridad para la gente. Por increíble que parezca, la narrativa política hegemónica neutralizó cualquier influencia mayor asociada a la exigencia por la seguridad, aún a pesar de que nunca se había documentado tanto la crisis de violencias, delincuencia e impunidad.

El mensaje del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch tiene tal distancia respecto al lenguaje de la presidencia anterior, que en verdad parece venir desde otra dimensión del universo. Mi madre fue profesora de Español y me enseñó que las palabras importan y, como bien dijo la Presidenta Sheinbaum en su toma de posesión, lo que no se nombra, no existe (al menos en la comunicación política).

El nuevo Secretario prometió el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, el análisis de datos, la identificación de patrones y la comprensión de zonas con mayor incidencia. Prometió identificar redes criminales a través del trabajo de investigadores de gabinete y de campo que aseguren la “solidez en las carpetas de investigación”. Avisó que se disminuirán los delitos, en particular el homicidio intencional y la extorsión, neutralizando “generadores de violencia y redes focalizadas”. Todo esto vinculado, a su vez, a la coordinación con la Fiscalía General de la República.

Comprometió también la coordinación entre el gabinete para asegurar la “responsabilidad compartida y la respuesta unificada”, así como la colaboración activa con las entidades federativas. Y más. Se prometió a impulsar las capacidades de prevención y de proximidad de las policías locales; fortalecer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y nuevamente se habla de la homologación de estándares profesionales; asimismo, volvemos a escuchar la proyección de una Academia Nacional de Seguridad Pública que promueva la especialización local y federal y desarrolle un sistema de evaluación de las 32 policías estatales.

En cambio, la continuidad entre sexenios se dibuja principalmente en dos aspectos: la atención a las causas y la militarización de la seguridad pública. La denominada atención a las causas ha sido hasta hoy más una útil etiqueta ideológica y menos un anclaje que represente por sí método en concreto alguno.

Sin matices metodológicos, es instrumental a una preferencia ideológica que sobreestima la pobreza entre los factores de riesgo, lo cual ha sido ampliamente criticado desde múltiples abordajes a la seguridad. Gustavo Beliz lo escribió muy bien: “Confundir   la   seguridad ciudadana  con  políticas  sociales  universales  o  hacerla  depender  exclusivamente  de programas  macroeconómicos  entraña  el  riesgo  no  sólo  de  criminalizar  la  pobreza  sino también  de  suponer  que  existe  un  piloto  automático  para  resolver  problemas  complejos de violencia que requieren un abordaje específico de prevención” (https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Gobernar-la-seguridad-ciudadana-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-Amenazas-desaf%C3%ADos-y-nudos-estrat%C3%A9gicos-de-gesti%C3%B3n.pdf).

No hay duda de que la pobreza puede figurar en el complejo multifactorial detrás de las violencias y la delincuencia, pero eso debe demostrarse vía modelos de interpretación con inferencias causales comprobadas. Si esto va a tener ahora un manejo discursivo y de política pública diferente, debería así ser representado en el programa sectorial que habrá de publicarse; lo estaremos analizando.

En cuanto a la entrega de la Guardia Nacional a la Sedena, desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO CDMX (https://seguridadviacivil.ibero.mx/) hemos argumentado en contra durante seis años de monitoreo y análisis informado y crítico respecto a la militarización de la seguridad pública y la ideología militarista que la sostiene.

Además, resulta que justamente cuando García Harfuch emitía el mensaje referido, desde Brasil se presentaba la investigación denominada ¿Qué funciona para reducir homicidios en América Latina y el Caribe? Una revisión sistemática de las evaluaciones de impacto, estudio que presenta 12 estrategias y 22 programas que han merecido 65 evaluaciones de impacto; las estrategias y programas que producen más, no menos homicidios, son nada menos que las englobadas en la militarización de la seguridad pública, en concreto, el patrullaje del ejército y el descabezamiento de grupos criminales.

Y por encima de todo esto, lo que venimos insistiendo es lo mismo que hace 6 sexenios: sea cual sea la promesa, incluso aquella montada en las mejores prácticas validadas por el conocimiento generalmente aceptado, si la Presidenta Claudia Sheinbaum no ancla su política de seguridad pública a la evaluación de impacto, a su vez asociada a la rendición de cuentas, la crisis seguirá.

No lo olviden, la tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes equivale a 5.8, la de México para 2023 fue 24. Estamos iniciando el cuarto sexenio federal y seguimos sumidos en una epidemia de homicidios.

* Ernesto López Portillo es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO

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