La decisión de liberar a Florence Cassez, ciudadana francesa condenada en México a 60 años de prisión por el delito de secuestro, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no convencerá a la sociedad, a menos que se dé seguimiento a las autoridades responsables de las irregularidades registradas en el caso.

Así lo señaló el doctor José Antonio Ibáñez, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, quien subrayó que el caso dejará una deuda grave con el sistema jurídico, con la sociedad e incluso con los medios de comunicación.

“Nuevamente los mexicanos no quedarán con muy buen sabor de boca de sus autoridades y de su sistema jurídico”, añadió.

Con escenificaciones mediáticas, violaciones al debido proceso y al derecho consular, y declaraciones opuestas de cómplices y víctimas, entre otras irregularidades, la resolución del caso se ha dejado "en manos de la sociedad, como si fuese una especie de fiscal", dividiéndola a favor y en contra de Cassez ante la informalidad con que las autoridades han llevado el caso y la ausencia de una versión clara y oficial de los hechos, sostuvo Ibáñez.

Por su parte, la maestra Sandra Salcedo, colaboradora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, apuntó  que la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal y otras organizaciones de la sociedad civil verían la libertad de Cassez como un caso de litigio estratégico que ayudaría a generar una conciencia en la sociedad acerca de lo que debería ser el debido proceso.

Salcedo coincidió con el doctor Ibáñez con respecto a la importancia de que, más allá de la liberación de Cassez, lo realmente importante es que se persiga a las autoridades de la Agencia Federal de Investigación, desaparecida en 2009, que hayan sido responsables de las irregularidades registradas en el proceso de la francesa, detenida desde diciembre de 2005.

“Ya sea culpable o inocente, el mayor problema es que las autoridades no cumplieron con sus obligaciones y además incurrieron en una serie de irregularidades, por lo que merecen que se inicie un proceso en contra de ellos por violaciones a los derechos humanos”, añadió la especialista, quien dijo que el caso Cassez sólo podría capitalizarse si todas las personas encarceladas sin un debido proceso o que han sufrido de violaciones de sus derechos humanos durante el proceso (o ya en prisión) fuesen puestas en libertad.

El Programa de Derechos Humanos de la Ibero es un espacio académico interdisciplinario y plural, que mediante la investigación, difusión, educación y promoción del debate, busca incidir en la creación y consolidación de una cultura de derechos humanos en México.

JTGI/ ah