Muchas veces se piensa que los derechos humanos son una meta, pero es todo lo contrario, es el mínimo, sentenció Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), durante la presentación del  Primer Informe: Estado de la conflictividad socioambiental en México 2017-2021, elaborado por el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de nuestra IBERO CDMX.

Si lo visualizamos como una línea, continuó, “debajo de esa línea no hay una vida digna”. Asimismo, destacó la importancia de documentos diagnósticos generados desde la academia, pues aseguró que se constituyen en instrumentos que aportan evidencia para la implementación de medidas y recomendaciones puntuales y fundamentadas.

Alejandro Anaya, Vicerrector Académico de nuestra IBERO CDMX, señaló que el modelo de desarrollo y de consumo vigente a partir de la última década del siglo XX ha causado daños irreversibles a nuestra casa común y a la familia humana, y que son las personas en situación de mayor vulnerabilidad quienes sufren de manera más marcada el impacto negativo de la expansión y profundización de este modelo.

El informe Estado de la conflictividad socioambiental en México 2017-2021, realizado por el OCSA - IBERO y el cual puedes leer completo aquí, identificó 761 proyectos extractivos en el país causantes de afectaciones en las comunidades en las que se implementaron, para lo cual documentó y sistematizó información de notas de prensa en ese lapso de cuatro años.

(Consulta el detalle de los lugares con afectaciones)

“Somos huéspedes, no dueños”, reflexionó Teresa Castellanos, defensora del territorio e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua - Morelos, Puebla y Tlaxcala, quien relató las agresiones y amenazas que han sufrido tanto ella como su familia y su comunidad a lo largo de una década, a raíz de su resistencia al Proyecto Integral Morelos en Santa Cruz Huexca Morelos.

Destacó el hecho de que la mayoría de sus compañeras son mujeres adultas, así como la importancia de que a su lucha se incorporen las nuevas generaciones, pues “apenas vienen saliendo del cascarón” y no saben que están siendo violentadas en su derecho a vivir dignamente.

Meyatzin Velasco, defensora de derechos humanos y coordinadora del área de Educación del Centro ProDH, resaltó el hecho de que en casi la totalidad de los proyectos consignados en el informe se violentó el derecho a la consulta libre e informada. “El derecho a la consulta no es un paso administrativo”, sino que se trata de que se tome en cuenta a los pueblos y se respete la decisión que tomen.

En el frente de la vinculación de las y los estudiantes con las problemáticas socioambientales, herramientas informativas como el informe del OCSA son el punto de conexión con lo que pasa fuera de los muros de la Universidad, señaló Jorge Peláez, académico del Departamento de Derecho de nuestra IBERO y director de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres.

NOTA RELACIONADA

-#INFORME Registra OCSA 761 proyectos extractivos que provocan afectaciones socioambientales

LINKS DE INTERÉS

(El mapa en detalle)
​-https://ocsa.ibero.mx/ocs/

(Informe completo)
-https://ocsa.ibero.mx/assets/pdfs/informe-conflictos-socioambientales.pdf

(Resumen ejecutivo)
-https://ocsa.ibero.mx/assets/pdfs/resumen-ejecutivo.pdf

Texto: Yazmín Mendoza; Fotos: Alberto Hernández