"¿Seguridad para quién?", fue la pregunta que articuló buena parte de la sesión titulada “Militarización y reformas: nuestras preocupaciones y alertas”, dentro del ciclo Cafecito (nada) sereno, organizada el 2 de julio por el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Moderada por Ernesto López Portillo, la sesión reunió a un grupo inusualmente amplio de voces críticas ante el "tsunami de reformas" que, según los participantes, consolidan un modelo de seguridad profundamente militarista, con graves implicaciones para los derechos humanos.

“Estamos en una anormalidad y crisis. Las reformas crean riesgos inabarcables para los derechos fundamentales”, advirtió López Portillo, mientras que los demás participantes ahondaron sobre la eliminación de una policía civil, el mito de la incorruptibilidad de los militares, el riesgo de la falta de fiscalización de sus actividades, así como la solidificación de un andamiaje que busca proteger al Estado antes que a los ciudadanos.

"No hay límites"

Sam Storr (PSC-IBERO) apuntó que se está otorgando más poder a las fuerzas armadas sin establecer límites claros. Señaló que el Ejército realiza labores de inteligencia dirigidas a civiles, mientras su poder y recursos se expanden. “Ya no tenemos una policía civil a nivel nacional”, alertó.

Desde Tlapa, Guerrero, Abel Barrera, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, advirtió sobre la consolidación de una seguridad pública “hermética y lejana al ciudadano”, donde “la Guardia Nacional no responde al pueblo sino a la agenda del Estado”. Criticó que se intente hacer “tabula rasa” de la historia del Ejército y sus crímenes no investigados.

Persecución y silencio

Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, denunció haber sido víctima de espionaje desde 2020. “Estoy aterrado”, dijo. Lamentó que las reformas permitan la vigilancia y la persecución de defensores sin contrapesos. “Nos cierran las puertas del poder y nos orillan a tomar nuevamente las calles”, afirmó.

Para Estefanía Vela (Intersecta), la clave es entender que la Guardia Nacional ya es una fuerza armada permanente. “Ha desaparecido la figura de una policía civil”, advirtió, y cuestionó el mito de la incorruptibilidad militar.

Opacidad y arbitrariedad

La periodista Zorayda Gallegos criticó la renuencia de la Sedena a rendir cuentas. “Es cada vez más difícil seguir la pista de los recursos públicos y auditorías”, dijo. Desde 2019 ha documentado corrupción militar y la normalización de su papel en tareas civiles.

Lisa Sánchez (México Unido contra la Delincuencia) lamentó que México se encamine a ser una excepción en América Latina, con la seguridad pública controlada por militares. “Se está construyendo un andamiaje institucional para proteger al Estado, no a los ciudadanos”, reafirmó.

Rodrigo Peña (Colmex) consideró que el municipio es el gran perdedor. “La excepción militar se ha normalizado y con ella se abandona la construcción de seguridad desde lo local”.

Manipulación de causas legítimas

Humberto Guerrero (Fundar) alertó sobre el uso político del dolor de las víctimas. “La CURP biométrica y otras medidas no fortalecen la búsqueda de desaparecidos, son manipulación oportunista”, señaló.

Malú García Andrade (Centro Prodh) verbalizó una preocupación contundente: “Las reformas concentran el poder militar sin controles. No hay INAI, no hay CNDH, no hay contrapesos. Estamos perdiendo los mecanismos democráticos de supervisión”.

Texto: Mariana Domínguez Batis

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