Por la Mtra. Arlene Ramírez Uresti, Académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana

Quito es una de las más hermosas ciudades de América Latina con un impecable aire colonial que recorre el valle de la ciudad capital. La mitad del mundo hoy ve sus calles sitiadas por el ejército que trata de poner un alto a la confrontación y regresar la calma a esas calles que hasta hace unos meses respiraban estabilidad.

El cambio de régimen no ha sido sencillo para la población ecuatoriana. A través de los años Ecuador se convirtió en un punto de referencia para la región, hoy con un gobierno de amplios desafíos, la amenaza al Estado de Derecho es inminente y está acompañada de una profunda convulsión de sus instituciones.

Como sucede en América Latina, en Ecuador la adopción de los modelos económicos y políticos extranjeros ha dejado secuelas graves, lo vemos hoy con la violencia que resuena en sus calles.

Hasta los años ochenta, las amenazas más importantes contra el Estado eran los militares, que siempre podían mantener el espíritu golpista; los grupos insurgentes, que estaban en guerra abierta contra el Estado; las élites terratenientes, que tenían acceso privilegiado a los dólares con sus exportaciones. Actualmente, los grupos del crimen organizado han logrado amalgamar todo lo anterior y algunos factores más.

Al igual que los insurgentes, el crimen organizado utiliza la violencia y el terrorismo. Pero a diferencia de los insurgentes, este se infiltra y coopta al Estado, lo que dificulta que los presidentes dependan de las instituciones estatales (por  ejemplo la policía, el ejército, los tribunales, y las prisiones) para luchar contra el crimen organizado.

Hay demasiada colusión; al igual que los militares, estos grupos pueden lograr monopolios de actividades ilícitas en algunas regiones, que luego pueden utilizar para imponer su voluntad al Estado.

Sin embargo, a diferencia de los militares, los grupos delictivos son en su mayoría autónomos. Su estructura interna no está comandada por el presidente. Por lo tanto, los presidentes no pueden utilizar políticas de ascenso para desarrollar tácticas a prueba de golpes frente al crimen organizado.

Al igual que las élites terratenientes, los grupos delictivos obtienen enormes ganancias del extractivismo (drogas) y del acceso a los mercados internacionales (mercados de drogas globales). Pero a diferencia de las élites terratenientes, el crimen organizado no puede pagar impuestos fácilmente. Por lo tanto, el gobierno no puede transferir fácilmente activos de las actividades ilícitas al Estado como herramienta para debilitar a los grupos del crimen organizado.

Éstos transfieren activos de sus arcas al Estado, no en forma de pago de impuestos, sino de sobornos. La diferencia es que las élites terratenientes no suelen tener la capacidad de reclutar una fuerza militar para amenazar al Estado que sea comparable a la de los cárteles.

Sin duda, las élites terratenientes a menudo trabajan con los paramilitares para maximizar su poder de negociación frente al Estado, pero nada se compara con el alcance militar del crimen organizado. Que, como en el caso de los últimos años en Ecuador, han encontrado la amplificación de su mensaje y actividades desde el cobijo mismo del Estado.

Las redes armadas del crimen organizado están distribuidas en los centros urbanos, incluidos los barrios de bajos ingresos, los puertos y el mundo clandestino, incluidas las prisiones. A la fecha, no se tiene registro de ningún paramilitar apoyado por una élite terrateniente en América Latina que haya igualado ese alcance.

Los Estados latinoamericanos están experimentando un nuevo nivel en términos de amenaza a la seguridad. Y en el caso de Ecuador, ninguna amenaza a la seguridad en el pasado se compara con el nivel y la complejidad de la amenaza a la seguridad que plantean los grupos del crimen organizado en ese país.

En un clima sin precedente y como sucede en las realidades polarizadas, las consecuencias y afectaciones más graves las viven los más vulnerables, aquellos a quienes las promesas rotas y las políticas públicas ineficientes afectan directamente.

El resultado del fortalecimiento de la corrupción y los tentáculos del crimen organizado en Ecuador han llevado a la imposición de un Estado de excepción que no solamente bloquea el desarrollo político y económico de Ecuador, sino que marcará este nuevo capítulo en la historia ecuatoriana con inestabilidad y una población que sigue viendo muerte en las calles y conserva un sentimiento de frustración.

Ecuador nos enseña que la voracidad de la delincuencia puede someter la voz de una población, que una vez más cuestiona si de algo ha servido confiar en las promesas de bienestar y estabilidad.