De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la IBERO, 21% de los megaproyectos activos en México cuentan con denuncias sobre hechos de violencia contra defensoras y defensores del medio ambiente y el territorio. La pandemia opacó estos conflictos que siguen en aumento.

“Estamos a la expectativa de saber qué tanto la pandemia desplazó el tema de los conflictos e, incluso, en qué medida se instaló con más fuerza un discurso con el que se busca avalar la reactivación económica a partir de la continuidad e impulso de megaproyectos”, expresaron las investigadoras sociales Ángeles Hernández y Claudia Bucio del OCSA de la IBERO.

En una cápsula publicada en el Canal de YouTube de la División de Investigación y Posgrado, las investigadoras detallaron que, de acuerdo con observatorios internacionales, México es el cuarto país más peligrosos para activistas y personas defensoras del medio ambiente y la tierra.

“De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo, desarrollo para quién, por cuánto tiempo”, cuestiona la socióloga Ángeles Hernández, quien considera que los megaproyectos y acciones extractivistas no toman en cuenta las necesidades y las economías de las comunidades que se sienten avasalladas por el llamado “desarrollo”.

Agresiones contra personas defensoras del territorio, desalojo, privación de la libertad, violencia sexual, represión de la protesta, criminalización de las personas defensoras son sólo algunas de las expresiones de la violencia que desde el OCSA han identificado, refirió la investigadora Ángeles Hernández.

El equipo multidisciplinario de investigación que integra OCSA busca que los datos cualitativos y cuantitativos que recupera el Observatorio sirvan de evidencia para las defensoras y defensores del medio ambiente y del territorio rural y urbano, y que funcione como herramienta para que más personas interesadas en el tema hagan investigación periodística o académica, destacó la geógrafa Claudia Bucio.

El Observatorio no sólo se dedica a contar los casos, sino a recuperar historias de la gente, “proyectos de vida, relaciones con la naturaleza que son antagónicos” con los discursos, acciones y políticas extractivistas, abundó Claudia Bucio, doctorante de la IBERO.

De la mano de otras herramientas como los recursos legales, la interlocución política, la organización comunitaria, entre otras, el Observatorio coadyuva en la documentación y visibilización del estado actual de la conflictividad socioambiental en México. En el mediano plazo, el Observatorio busca construir alianzas que permitan que toda la información documentada hasta ahora, funcione como insumo para la construcción de estrategias de incidencia más amplias, precisaron en entrevista en video y por escrito.  

Las integrantes del grupo multidisciplinario que conforma el OCSA, que funciona desde el año 2016, detallaron que el observatorio tiene información del periodo que va del 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2020. Las casi dos mil notas que han sistematizado en este periodo provienen de tres fuentes periodísticas: La Jornada, Proceso y Reforma. 

Tan sólo al dar seguimiento a estos tres medios de comunicación han identificado 332 conflictos en los que, además de alguna forma de acción colectiva, fueron reportadas afectaciones sociales, ecológicas o violencia. Actualmente, el Observatorio trabaja en la actualización de los datos para cerrar con el año 2020 y continuar con 2021.

El OCSA es un esfuerzo que se consolidó en 2018 con el objetivo de documentar, analizar y visibilizar la conflictividad socioambiental en México. Se trata de un proyecto de investigación para la incidencia en el que participan el Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas y el Programa Universitario para la Sustentabilidad, junto con la Dirección de Incidencia, a la cual pertenecen ambos.  

Para consultar el mapa interactivo, numeralia, y la base de datos, visite el micrositio: https://ocsa.ibero.mx/

Brenda Macías/ICM