Literalmente desde las alturas del Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador empieza a mirar el declive sexenal de su mandato, en forma paradójica, con un empoderamiento y aceptación social similar o un poco por encima de los tecnócratas de los gobiernos neoliberales de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo (ver segundo grafico en Oraculus).

A través de un contenido breve y sintético que procura ajustarse al formalismo ceremonial de un mensaje a la Nación, el presidente, rodeado de sus subalternos del gobierno, no se dirigió a todos los representantes populares en el Congreso de la Unión como se estableció en nuestro constitucionalismo republicano desde el siglo XIX.

El presidente abordó de modo superficial lo relativo a la seguridad y los dos aspectos importantes que destacó el mensaje presidencial fueron la disminución de tasas de criminalidad y, tratando de establecer como causal de sus logros, la creación y presencia de la Guardia Nacional (GN), creada en 2019.

Como primera aproximación en este ámbito, hay que señalar el manejo tramposo o, en el mejor de los casos, inexacto sobre las cifras de disminución de delitos cuando mezcla referentes generales y menciona especificidades a modo de dichas tasas de incidencia. La disminución de casi el treinta por ciento de los delitos federales es en realidad una disminución minúscula de la criminalidad total en el país toda vez que en ese nivel se corresponden menos de cinco por ciento de los delitos que se cometen en el territorio nacional.

Es decir, que la masa de incidencia delincuencial prácticamente se encuentra en lo tipos penales que se persiguen en el fuero local en cada una de las treinta y dos entidades. Suponiendo que lo que dice el presidente es verdad, su disminución es minúscula en comparación con la realidad total.

Lo mismo se puede decir en los señalamientos concretos a delitos donde pueden destacarse el secuestro cuya incidencia se presume haber caído ochenta y cinco por ciento. Sin embargo, por su naturaleza tal delito puede tener otra lectura por su altísima cifra negra: se denuncia menos ante la inoperancia e ineficiencia de las autoridades, además que, al igual que el homicidio enfrenta una fenomenología que está cambiando (puede haber menos secuestros y homicidios pero en contrapartida tenemos más desparecidos, delito del que, por cierto, no hizo mención).

Los homicidios en su tasa de incidencia nacional y con la disminución de poco más de dos y medio por ciento (cifra inicial cuya caracterización no aclaró de la que dijo que en los estados había caído a más del diez por ciento), en cualquier supuesto y asumiendo que son ciertas las afirmaciones, las tasas de homicidio en el país siguen siendo altas. En lo que va del sexenio, el promedio anual de homicidios dolosos en el país ha sido de treinta mil víctimas y ya sobrepasa a las dos administraciones pasadas.

El mito de la ‘consolidación’

En la narrativa presidencial, los ‘logros’ alcanzados en seguridad se deben a la creación de la GN, pero en especial a su reclutamiento y formación de cuadros a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De ahí que justifica la iniciativa de reformas legales en el sistema nacional de seguridad pública enviada al Congreso en la víspera, obviando su inconstitucionalidad y negando, en el discurso y en los hechos, la definición de que la seguridad pública es una función civilista de carácter integral.

Alude el presidente de manera expresa la “necesidad de consolidar a la GN” (en algún momento la llamó civil) bajo la responsabilidad militar cuando en realidad, fue ese el mismo enunciado y énfasis que se utilizó en la reforma constitucional que le dio vida al organismo cuando se dijo que la responsabilidad militar sería de manera temporal (por cinco años) en tanto se consolidaba la institución. Ahora se da fin a una temporalidad que se estableció constitucionalmente en un artículo transitorio de la reforma de 2019 y con cambios legales que regularizan la operación, también inconstitucional, de los militares en la GN.

Es importante apuntar lo que no dice el presidente de su iniciativa que, contrariamente con la Constitución, establece el fuero militar para los miembros de la GN que ejercen una función civil como es la seguridad pública. Si eso no es militarización, el presidente, tanto en lo relativo a sus logros de política de seguridad como en la creación de una policía paramilitar propiamente dicha (como las existentes en regímenes autoritarios) nos pide un auto de fe sólo basado en su palabra.