El periodismo mundial atraviesa una de sus noches más oscuras. El reciente balance de Reporteros Sin Fronteras (RSF) nos lanza una advertencia que no podemos ignorar: “los periodistas no mueren, son asesinados”. Esta distinción semántica es crucial para entender que no enfrentamos riesgos laborales fortuitos, sino una cacería deliberada alimentada por el odio y sostenida por la impunidad. El panorama global es desolador. Durante este año, 67 profesionales de la información fueron asesinados alrededor del mundo. La Franja de Gaza se consolidó como la peor zona de silencio, concentrando casi la mitad de los crímenes mortales contra periodistas. En otros territorios de conflicto como Sudán y Ucrania, la guerra también dicta la censura a través de las balas.

Sin embargo, lo más alarmante ocurre cuando apartamos la vista de las zonas de guerra declarada y enfocamos el lente en las llamadas democracias en tiempos de paz. Es aquí donde la narrativa global aterriza violentamente en nuestro territorio. México, sin estar oficialmente en guerra, se ha afianzado como el segundo país más mortífero del mundo para la prensa, con nueve periodistas asesinados en 2025. Hemos superado en letalidad a naciones con conflictos civiles abiertos, convirtiéndonos en el epicentro de la violencia contra la prensa en el hemisferio occidental. Esta “mexicanización” del riesgo, como advierte RSF, no es un fenómeno nuevo, pero este año ha alcanzado un pico que desmiente cualquier discurso oficial sobre la pacificación del país.

Para comprender por qué México sigue aportando estas cifras al obituario mundial, debemos mirar las estructuras internas que hemos documentado en el brazo local del estudio Worlds of Journalism Study (WJS3). La violencia letal no ocurre en el vacío: es el desenlace de un proceso sistemático de desgaste. Nuestros datos revelan que el 76% de los periodistas mexicanos reporta recibir discursos de odio y un 65.6% ha sufrido descrédito público. Esta violencia verbal, a menudo instigada desde tribunas políticas, prepara el terreno psicológico y social no para la violencia física, sino para la impunidad para perseguir los crímenes y para la indiferencia social ante el panorama.

El periodista mexicano trabaja en un ecosistema de vulnerabilidad extrema. Según nuestros hallazgos, casi una cuarta parte del gremio (23.8%) identifica al crimen organizado como una influencia determinante en su trabajo, superando incluso la presión de los actores políticos. Esta cooptación silenciosa ocurre en redacciones marcadas por la precariedad, donde cuatro de cada diez periodistas no pueden vivir exclusivamente de su profesión, lo que debilita su capacidad de resistencia y autonomía frente a los poderes fácticos.

La impunidad es el motor de esta reincidencia. El reporte de RSF señala que el odio y la falta de castigo son los combustibles de este año mortífero. En los mismos términos, en la encuesta Worlds of Journalism, un abrumador 98.2% de los colegas expresó su preocupación por la impunidad. No es una percepción infundada, es la experiencia empírica de trabajar en un país donde el Estado ha fallado en garantizar la vida. Mientras en Gaza matan los misiles, en México mata el abandono institucional y la complicidad local.

A pesar de este asedio, el gremio resiste. El 96.6% de los periodistas mexicanos sigue considerando vital “sacar a la luz los problemas de la sociedad”. Es esa terquedad ética, esa insistencia en vigilar al poder a pesar del miedo, lo que convierte a cada periodista en un objetivo, pero también en la última línea de defensa de nuestra democracia. Paradójicamente, esta insistencia en cumplir con un rol democrático —investigar la corrupción, el crimen y los abusos—los coloca en la mira de las armas.

Tanto el balance de 2025 de RSF, como la encuesta académica de WJS, deben ser leídos no como un anuario de fatalidades, sino como una lamentación colectiva por la inacción estatal. Las promesas de protección son retórica vacía si no se desmantelan las redes de complicidad entre autoridades locales y crimen organizado que nuestros estudios evidencian. Mientras la libertad de prensa en México sea una garantía de papel —percibida como real solo por el 17% del gremio— y no una realidad tangible, seguiremos contando muertos, normalizando el horror y administrando el silencio.

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