La muerte de decenas de migrantes en Ciudad Juárez no puede verse aisladamente de un entorno global. Estamos asistiendo a un proceso de armonización en donde las políticas de gestión migratoria se están alineando a partir de tres objetivos generales: 1) la contención fronteriza, a través de la instalación de infraestructura de vigilancia y el aumento de personal para aumentar los aseguramientos y gestionar las deportaciones; 2) el diseño de acuerdos bilaterales para la evitar que los países de recepción asuman la responsabilidad directa, delegando a las naciones de tránsito o de origen la función de territorio de espera, bajo el eufemismo de tercer país seguro y 3) la operación de estrategias que restan capacidad de protección a las figuras de refugio.

Ahora bien, no podemos perder de vista que esta tragedia viene precedida de centenas de muertes hormiga, es decir, fallecimientos en números reducidos pero incesantes que se acumulan en los circuitos globales como la ruta migratoria que viene desde Haití, Venezuela, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Estados Unidos, o la ruta que viene desde Etiopía, Congo, Camerún, Marruecos hacia Francia, Italia, España o Reino Unidos, entre otros.

En el caso de la tragedia de México, estas muertes hormiga vienen precedidas de graves accidentes como el de Chiapas en diciembre de 2012, cuando 55 migrantes murieron cuando eran traficados. La diferencia de esa tragedia y la de Ciudad Juárez es que ahora la responsabilidad cae directamente en las autoridades mexicanas.  En otras palabras, la evidencia señala claramente a la fallas y omisiones en las estrategias del Estado mexicano.

Ante la evidencia de las omisiones criminales de la autoridad, los responsables están tratando de realizar un control de daños orientados por intereses político-electorales. Se ha anunciado entre otras cosas, la cancelación del contrato con la empresa privada que gestionaba el espacio donde se dio la tragedia y se evade la respuesta sobre los criterios sobre los cuales se eligió a esta empresa, es decir, ¿la empresa contaba con experiencia en la gestoría de espacios de atención a migrantes, tenía personal capacitado en la atención a poblaciones con este perfil; tenía protocolos, estándares y buenas prácticas que lo hicieran elegible para custodiar a personas con graves presiones y traumas a sus espaldas?

Se anuncia también que se solicitaron órdenes de aprehensión para los responsables directos, entre ellos guardias, personal de la empresa y un migrante. Tramposamente la autoridad evade reconocer que existe una cadena de mando y una cadena de responsabilidad que no se termina en los custodios o en la empresa, sino en la autoridad migratoria, en este caso el Instituto Nacional de Migración, que no diseña las estrategias adecuadas ni vigila la estrategia de atención para los y las migrantes; la autoridad superior del INM (Secretaría de Gobernación), que no provee los medios necesarios ni las herramientas para atender un fenómeno creciente, masivo y con altos potenciales de conflictividad si no se dotan de los medios necesarios y por supuesto la autoridad superior a Gobernación como es la Presidencia de la República, que al diseñar una política migratoria alejada de la realidad, sin medios, con severas limitaciones y con una pobre visión sobre sus potenciales negativos y sobre todo, sus impactos positivos, dan como resultado situaciones como las de Ciudad Juárez.

Varias estrategias han agravado la ya terrible condición de las personas en situación migratoria en México: 1) La evidente sincronía de las políticas de seguridad de Estados Unidos y México, que ha permeado en algunas naciones centroamericanas, las que comienzan a instrumentar mecanismos de represión en sus propias fronteras; 2) la clandestinización de iniciativas de organización de colectivos migratorios que buscan generar estrategias de movilidad, protección y autocuidado (las caravanas); 3) el encapsulamiento de los flujos migratorios tanto en la frontera sur como en la frontera norte con el ridículo argumento de que tales acciones fortalecen su protección; 4) asumir con una débil infraestructura, medios limitados, y personal sin preparación, la gestión de poblaciones migrantes en la frontera norte, rechazadas o en espera de ingreso a Estados Unidos, sin compartir la responsabilidad con Estados Unidos dado que se trata de una competencia y responsabilidad compartida. La Unión Americana se ha apurado a decir que no tiene responsabilidades, lo cual es un acto de grave cinismo. Los peticionarios de refugio están pidiendo entrar a este país, no a México.

En este sentido, ¿Qué vacíos, deudas, omisiones hay en la actual política pública? Valga un simple resumen: 1) se sigue apostando por la permanencia del Instituto Nacional de Migración (INM) como la instancia gestora de la atención a estas poblaciones cuando año tras año se denuncian sus graves problemas de corrupción, ineficacia, racismo y la connivencia de muchos de sus funcionarios con el crimen organizado: 2) se integró como una instancia paralela de contención migratoria a la Guardia Nacional, en atención a las presiones de la administración Trump; 3) como pocos años, el nivel de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos ha aumentado sin una clara y contundente respuesta del Estado; 4) se ha recargado aún más si cabe, el gran peso de la atención, promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en las organizaciones de la sociedad civil, que desde hace meses han alertado de que están rebasadas en sus capacidades.

Una omisión más: la decepcionante promesa de apoyo a Centroamérica que se limitó a unos planes para sembrar árboles cuando Centroamérica requiere iniciativas de las dimensiones de un Plan Marshall, porque la gravedad de los problemas que sufren naciones como Honduras, El Salvador o Guatemala requieren recursos por miles de millones de dólares al año sobre la base de proyectos que se deberían gestionar en lapsos de dos o tres décadas por lo menos.

¿Qué hacer? Ciudad Juárez es la coyuntura que debe marcar una nueva forma de trabajo y colaboración entre los actores interesados en la movilidad migratoria. ¿por dónde empezar?:

• Internacionalizar el debate sobre la política migratoria de México. La provisión de información objetiva debería incentivar a que instancias como el Parlamento Europeo, la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana entre otros, se pronuncien sobre esta situación.
• Esto mismo valdría para que la Corte Penal Internacional agendara una evaluación en la materia de política migratoria mexicana. Las ya centenares de muertes, mutilaciones, desapariciones y las fosas clandestinas en las cuales seguramente hay decenas de migrantes, merecería la atención de dicha corte.
• Diseñar una agenda sobre migración y desarrollo respaldada por la mayor cantidad de organizaciones sociales para presentar a los o las candidatas a la presidencia de México en los siguientes meses. Tolerar la continuidad de la política migratoria en los siguientes años sin una alternativa diseñada desde las bases sociales organizadas supone el riesgo de la repetición de tragedias como la de Ciudad Juárez.
• Establecer un Plan de Cooperación y Diálogo de la Sociedad Civil Mesoamericana sobre Migración implicaría diseñar una base de acuerdos con los diversos actores de la sociedad civil organizada que en Centroamérica están padeciendo la desaparición, violación, extorsión de migrantes. No olvidemos que atender a estas poblaciones implica reconocer a este fenómeno social como un asunto de competencia regional, no sólo como espacio de responsabilidad de México o de los actores de este país. Internacionalizar la agenda migratoria desde las herramientas de la sociedad civil es atender la dinámica de un fenómeno global.

Lo que ya no podemos hacer es el diseño de diagnósticos. No porque no sean útiles, sino porque parecen surgir como fines en sí mismos o lo que es más perverso, como medios para el posicionamiento de los especialistas, investigadores o políticos, perdiendo la noción de que los informes o diagnósticos son apenas el principio, el puente que permitiría pasar a la acción, a los acuerdos, a las estrategias de base y a la definición de una agenda de trabajo.  La enfermedad y el enfermo ya se les conoce de sobra. El paso siguiente es pasar a la organización social, colectiva, solidaria, informada y responsable.

* El Dr. Javier Urbano Reyes es profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales y académico de la Maestría en Estudios sobre Migración, de la IBERO.

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