Conforme van pasando las horas, la evidencia sobre la responsabilidad en la muerte de más de 40 migrantes en Ciudad Juárez señala claramente al Estado mexicano. Quizá sea un argumento repetido hasta el hartazgo durante décadas, pero debe decirse una vez más: la omisión, la comisión, la irresponsabilidad criminal de funcionarios en teoría dedicados a la protección de estas poblaciones y la presencia de una política pública sólo visible en el discurso, han dado como resultado la pérdida de seres humanos cuya única culpa es querer progresar.

No perdamos de vista que esta tragedia viene precedida de centenas de muertes hormiga, es decir, fallecimientos en números reducidos pero incesantes que se acumulan en la larga ruta migratoria desde Haití, Venezuela, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Estados Unidos; pero también en el Mediterráneo, en las fronteras de Australia o en el Golfo de Adén.

Varias estrategias han agravado la ya de por si lamentable condición de las personas en situación migratoria en México:

1) La evidente sincronía de las políticas de seguridad de Estados Unidos y México, que infelizmente ha permeado en algunas naciones centroamericanas, las que comienzan a instrumentar mecanismos de contención en sus propias fronteras, es decir, asistimos a un proceso de armonización de las políticas de criminalización a nivel regional.

2) La clandestinización de iniciativas de organización de colectivos migratorios que buscan generar estrategias de movilidad, protección y autocuidado (las caravanas).

3) El encapsulamiento de los flujos migratorios tanto en la frontera sur como en la frontera norte, con el ridículo argumento de que tales acciones fortalecen su protección.

4) Asumir con una débil infraestructura, medios limitados y personal sin preparación, la gestión de poblaciones migrantes en la frontera norte, rechazadas o en espera de ingreso a Estados Unidos, sin compartir la responsabilidad con Estados Unidos, dado que se trata de una competencia y responsabilidad compartida.

Podemos aumentar indefinidamente el diagnóstico sobre una política migratoria que durante décadas se ha manifestado como disfuncional, inexistente, limitada, absolutamente carente de una lectura sobre sus complejidades, por un lado; pero también profundamente ignorante sobre las oportunidades que podría generar una gestión de la movilidad migratoria bajo estándares internacionales, prácticas éticas y atendiendo las orientaciones de la Agenda 2030.

En este sentido, ¿qué vacíos, deudas y omisiones hay en la actual política pública?; son muchas y muy variadas. Valga un simple resumen:

1) Se siguió apostando por la permanencia del Instituto Nacional de Migración (INM) como la instancia gestora de la atención a estas poblaciones, cuando año tras año se denuncian sus limitaciones y la connivencia de muchos de sus funcionarios con el crimen organizado.

2) Se integró como una instancia paralela de contención migratoria a la Guardia Nacional, en atención a las presiones de la administración Trump. Aquí no valen las argumentaciones jurídicas sobre su papel de coadyuvante. El hecho es que este grupo de policías transformados sólo han aumentado el nivel de inseguridad de estas poblaciones.

3) Como pocos años, el nivel de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos ha aumentado sin una clara y contundente respuesta del Estado.

4) Se ha recargado aún más, si cabe, el gran peso de la atención, promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en las organizaciones de la sociedad civil, que desde hace meses han alertado de que están rebasadas en sus capacidades.

Una omisión más: la decepcionante, la penosa promesa de apoyo a Centroamérica, que terminó en una broma que llamaría a risa si no fuera trágica: programas para plantar árboles, cuando Centroamérica precisa de un acompañamiento y solidaridad de las dimensiones económicas de un Plan Marshall, porque la gravedad de los problemas que sufren naciones como Honduras, El Salvador o Guatemala requieren recursos por miles de millones de dólares al año en lapsos de dos o tres décadas por lo menos. En otras palabras, planes de largo; pero esa expresión que llamamos largo plazo sólo es posible identificarla en la visión de estadistas, y la realidad es que Latinoamérica carece de estadistas desde hace muchos años.

El diagnóstico se repite año tras año, se insiste en las críticas, se señalan culpables y se arenga contra los responsables, y ahí acaba buena parte de la indignación. ¿Qué falta?; evidentemente pasar a la acción, a la organización social, al fortalecimiento de los acuerdos de base. Pero, ¿por dónde empezar? Imaginemos por un momento lo que la organización social, sus socios y sus dinámicas pueden lograr:

--Internacionalizar el debate sobre la política migratoria de México. El Parlamento Europeo, la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana, entre otros, deben recibir de la sociedad civil mayores insumos que apoyen a las acciones que otros grupos han iniciado hace años. Un llamado colectivo, masivo a que estas organizaciones se involucren y se pronuncien sobre el grave problema de la movilidad migratoria debería someter a más presión al Estado a fin de que asuma una posición distinta a la criminalización o la clandestinización.

--Ampliar la información ante instancias internacionales sobre las responsabilidades del Estado mexicano en la protección de estas poblaciones. La Corte Penal Internacional tendría el deber de agendar una evaluación en la materia.

--Diseñar una agenda sobre migración y desarrollo respaldada por la mayor cantidad de organizaciones sociales para presentar a los o las candidatas a la presidencia de México en los siguientes meses. Tolerar la continuidad de la política migratoria en los siguientes años sin una alternativa diseñada desde las bases sociales organizadas supone el riesgo de la repetición de tragedias como la de Ciudad Juárez.

--Establecer un Plan de Cooperación y Diálogo de la Sociedad Civil Mesoamericana sobre Migración implicaría diseñar una base de acuerdos con los diversos actores de la sociedad civil organizada que en Centroamérica están padeciendo la desaparición, violación y extorsión de migrantes. No olvidemos que atender a estas poblaciones implica reconocer a este fenómeno social como un asunto de competencia regional, no sólo como espacio de responsabilidad de México o de los actores de este país. Internacionalizar la agenda migratoria desde las herramientas de la sociedad civil es atender la dinámica de un fenómeno global.

Podrán surgir otras iniciativas, todas pertinentes y válidas, lo que ya no debemos hacer es volver a diseñar diagnósticos. La enfermedad y al enfermo lo conocemos. Debemos pasar a la organización social, colectiva, solidaria, informada y responsable, por el bien no sólo de nuestros hermanos y hermanas migrantes, sino por la salud de una democracia mexicana y centroamericana cada vez más débil y vulnerable.

* El Dr. Javier Urbano Reyes es profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales y académico de la Maestría en Estudios sobre Migración, de la IBERO.

Link de interés:

• Posicionamiento 2023 sobre el contexto migratorio en México suscrito por académicas y académicos de la Iberoamericana.
• Programa de Asuntos Migratorios de la IBERO (PRAMI)

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