Mientras que los discursos oficiales refieren que los gobiernos de América del Norte se guían por un enfoque de derechos humanos, en la práctica la política migratoria en México y la región han sido militarizadas, se integran tecnologías y equipamiento de detención, y se opera para externalizar la frontera estadounidense hacia Latinoamérica, de acuerdo con el capítulo Gobierno, Estado y ley en las migraciones contemporáneas, del Posicionamiento sobre el contexto migratorio en México suscrito por académicas y académicos de la IBERO.

El documento apunta que en la actualidad el sistema de control migratorio global es lisa y llanamente antiinmigrante, con la creación de leyes, reglamentos y procedimientos que hacen casi imposible migrar de manera regular a las personas precarizadas y racializadas, y por lo tanto, propician la criminalización hacia ellas.

Denuncia que los países se coordinan y acuerdan detener el paso de las personas migrantes y, de ser posible, enviarlas de inmediato de regreso a sus lugares de origen, exponiéndolas a riesgos cada vez más letales. Por ello, éstas “se organizan en diversos procesos de acción colectiva, toman decisiones y arriesgan su integridad para buscar condiciones mínimas de vida digna”.

En el caso de México, el posicionamiento señala que la política migratoria nacional se ha basado históricamente en negociaciones que responden a las peticiones de Estados Unidos, país que le ha dado al rubro migratorio un enfoque de seguridad nacional, sugiriendo que “grupos terroristas” podrían aprovechar las rutas migratorias para ingresar al país.

En territorio nacional, el gobierno mexicano ha optado por un enfoque similar, con una militarización que se ve reflejada en la creación de la Guardia Nacional en 2019, cuyo despliegue ha estado vinculado en gran medida al control migratorio, y que es, por su composición, estructura, capacitación y mandos, una fuerza de seguridad militarizada de facto.
 

El documento también cuestiona los “rescates humanitarios” de personas migrantes en manos de traficantes, pues terminan siendo detenidas y deportadas, en lugar de acceder a una estancia regular a través del derecho de solicitar Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, y tampoco hay investigación sobre las presuntas personas responsables.

Observa, además, que México ha violado el principio de no devolución, puesto que ha trabajado con autoridades estadounidenses en la devolución de personas migrantes siguiendo la política Migrant Protection Protocols (MPP).

Y, en el caso de la pandemia por Covid-19, sólo se agravaron todos estos problemas. “Las detenciones aumentaron y las deportaciones se llevaron a cabo de forma expedita, sin consideraciones especiales para personas demandantes de protección, lo que ahora se conoce como expulsiones en caliente”, justificadas por motivos de salud.

En Estados Unidos, relata el posicionamiento de la IBERO, se reinstauró una antigua disposición de la Ley de Salud Pública definida en el Título 42, que otorgó la autoridad para impedir la entrada y expulsar de manera inmediata a personas que presuntamente constituyeran un riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.

Ante este panorama, se insta a las universidades, organizaciones y centros de investigación a fortalecer la observación, el monitoreo y la documentación de violaciones a derechos humanos, así como generar diálogo y contribuir a la sistematización de experiencias de hospitalidad. Mientras que recomienda a los gobiernos cambiar el enfoque militarizado por uno de seguridad humana y sustituir los discursos de “invasión” por una concepción de personas con necesidades de protección.

Link de interés:

• Programa de Asuntos Migratorios de la IBERO ( PRAMI)

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