En un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández será la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal (dos de los órganos de justicia más importantes del país). Su designación envía un poderoso mensaje vinculado con la relevancia del acceso de las mujeres a los más altos cargos dentro del Estado en un contexto en el que persiste no sólo una cultura patriarcal, sino numerosas desigualdades y limitaciones que afectan el acceso de las mujeres a diferentes espacios de la vida pública del país.

Pero la llegada de la Ministra Piña a la presidencia del máximo órgano jurisdiccional en México, así como del Consejo de la Judicatura Federal resulta relevante por otras cuestiones esenciales para la necesaria consolidación de nuestra democracia constitucional. En primer lugar, la trayectoria de la actual presidenta de la Suprema Corte (con más de 30 años de experiencia en la función jurisdiccional) le han llevado a mantener un importante historial de sentencias con una demostración de consistencia y autonomía (posiciones relevantes en temas relacionados con la incorporación de una perspectiva de género en la justicia, y en particular, con la interrupción del embarazo, o derechos de la comunidad LGBTQ+, o en temáticas que ha estado en desacuerdo con diversas posiciones del gobierno federal, tales como la prisión preventiva oficiosa; la reforma energética o el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil).

En el caso de los tribunales constitucionales, la independencia del poder político se vuelve un elemento esencial para asegurar su legitimidad. Recordemos que este tipo de órganos han sido creados para defender la constitución y asegurar una adecuada distribución del poder político, a través del principio de separación de poderes. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, la reforma del año 1994 fue determinante para que el máximo tribunal del país adquiriera relevancia política, jurídica y social, y en los últimos años se ha convertido en un espacio en donde los debates públicos más relevantes tienen lugar.

En este sentido, la llegada de la Ministra Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentará diversos retos de gran importancia para la vida del país. En primer lugar, la independencia y autonomía en las posiciones del tribunal constitucional mexicano en temas centrales para la vida pública serán determinantes para el desarrollo de nuestra democracia constitucional (como sucede con los temas de la militarización de la seguridad en el país, el desarrollo de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, la protección de grupos históricamente excluidos, el combate a las condiciones que perpetúan la violencia de género, o el desarrollo de derechos económicos, sociales y culturales, por citar algunos temas) particularmente en un país que ha estado marcado por diversas formas de violencia (que incluyen la violencia feminicida), la impunidad y las enormes brechas de desigualdad que actualmente prevalecen en el país. En este contexto, contar con un tribunal constitucional que defienda los principios y valores reconocidos en la Constitución, así como desarrollados en los estándares internacionales en materia de derechos humanos frente a los intereses del poder político en turno serán determinantes para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia. Será igualmente importante avanzar en la incorporación de las perspectivas de género, interculturalidad y discapacidad en la impartición de justicia.

Por otro lado, al interior del mismo Poder Judicial Federal existen diferentes retos que deberán ser atendidos por la nueva Presidenta de la Corte. Entre ellos, será necesario consolidar las políticas relacionadas con los casos de acoso y hostigamiento al interior del Poder Judicial y que han encontrado en la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del CJF un espacio clave y determinante que será necesario mantener y seguir impulsando. De la misma manera, será fundamental seguir avanzando en los procesos para alcanzar la paridad de género en los espacios más relevantes de decisión del Poder Judicial.

Finalmente, existe una amplia agenda en el marco de acceso a la justicia que debe ser atendida a efecto de impulsar y consolidar condiciones que permitan a las personas acceder a un sistema más eficiente, abierto y que permita resolver los problemas con calidad, independencia e imparcialidad. En particular, será necesario impulsar una agenda que asegure condiciones de acceso para diversos grupos que enfrentan condiciones particulares de desventaja, y que en muchas ocasiones han imposibilitado a poblaciones como los niños y las niñas acceder a la justicia en igualdad de condiciones

Si bien existe muchos retos más que se relacionan con aspectos muy importantes para la función judicial como las garantías de permanencia, nombramiento de juezas y jueces así como otros aspectos relacionados con la rendición de cuentas de las y los juzgadores, podemos decir que la agenda en materia de justicia constituye uno de los pilares más relevantes para el Estado y será importante, desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil, mantener un seguimiento crítico, constructivo, y por qué no decirlo, creativo que permita mejorar las condiciones de justicia que vivimos en el país.

El Dr. Ricardo A. Ortega Soriano es académico investigador de tiempo completo y director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

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