El istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la parte más estrecha del territorio mexicano, es una zona que, debido a su posición estratégica y su riqueza biológica, ha sido históricamente codiciada por el capital transnacional. Si bien las intenciones de controlar y explotar la región podrían rastrearse hasta el siglo xix, es en los últimos cuarenta años que se han impulsado diversas propuestas de expoliación que, mientras por un lado buscan legitimarse con una narrativa de desarrollo para la población local, por el otro ponen en riesgo la biodiversidad, los medios y las formas de vida, la riqueza cultural y hasta la vida de quienes habitan la zona. Como parte de estas propuestas, destacan el Plan Puebla Panamá, las Zonas Económicas Especiales de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y el Corredor Interoceánico Transístmico.

Los vientos característicos de la zona, con velocidades que han llegado a alcanzar 200 kilómetros por hora, capaces de voltear tráileres en la carretera Transístmica son, al mismo tiempo, objeto de poesías y leyendas zapotecas, así como la causa de millonarias ambiciones. Según un documento del National Renewable Energy Laboratory (NREL), de 2008, la potencia del viento se clasifica en pobre, escaso, moderado, bueno y excelente. No obstante, el potencial del viento de gran parte de la región del istmo de Tehuantepec tiene un nivel, o hasta dos, por encima de esta escala.[1] Esta sobrecapacidad, por supuesto, no ha pasado desapercibida para las empresas de energías limpias, que actualmente operan 28 parques en la zona, con unos dos mil aerogeneradores.

En el periodo de documentación que abarca de enero de 2017 a enero de 2021, el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (OCSA) registró 12 parques eólicos que han provocado impactos sociales y ecológicos, tienen asociado algún hecho de violencia, o bien han detonado acciones colectivas de resistencia por parte de la población afectada.

En este artículo, abundaremos acerca de las principales afectaciones sociales registradas para este tipo de megaproyectos, las cuales, en orden, son las siguientes:

Violaciones al derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada

• El principal señalamiento refiere que las consultas se realizan de forma puramente procedimental, sin una intención real de obtener el consentimiento de la población.
• Los procesos de consulta no solo no han sido realizados en los idiomas indígenas de la región, el zapoteco y el mixe principalmente, sino que, además, ha predominado un lenguaje técnico.
• Se ha obstaculizado la participación generalizada de la comunidad, en particular de las mujeres.
• Existe documentación, por parte de comunidades, organizaciones y periodistas, de diversas acciones para coaccionar a autoridades comunitarias y municipales, entre las que no ha faltado la violencia, incluso letal, contra quienes se han declarado en resistencia.
• Durante las jornadas de consulta, se han registrado múltiples incidentes de seguridad, que incluyen acoso, amedrentamiento y hechos de violencia.
• Con el objetivo de no cumplir con las consultas, el Estado ha puesto en duda, y hasta negado, la identidad de las comunidades, o ha relegado a las autoridades comunitarias tradicionales.

Debilitamiento y/o ruptura del tejido social comunitario

• La instalación de los parques eólicos ha causado, o agudizado, confrontaciones en las comunidades, incluso en las familias.
• En algunas zonas, ha aumentado la violencia, la inseguridad y la presencia de grupos del crimen organizado.
• Se ha violentado a las instituciones y las autoridades tradicionales, poniendo en riesgo los sistemas normativos internos.

Mecanismos legales del despojo

• Se ha hecho uso de diversos mecanismos institucionales y legales para asegurar el despojo de los territorios, como la aprobación de permisos y concesiones antes de realizar consultas, o la admisión de manifestaciones de impacto ambiental que no corresponden con la realidad.

Medios de vida

• Hay impactos en los medios de vida tradicionales, en los sembradíos y las tierras productivas. Asimismo, se ha afectado a quienes viven del mar, como es el caso de los pueblos mareños que rodean la laguna Superior, quienes encontraron cientos de peces muertos después de que una empresa realizara pruebas con la intención de instalar un parque en la Barra Santa Teresa.
• Algunos solares quedaron en medio de un parque y otro, así que las entradas para realizar labores de siembra y cosecha se ven obstaculizadas.
• Se ha reportado la contaminación de tierras y cuerpos de agua a causa del goteo de aceite de aerogeneradores descompuestos, los cuales pueden pasar meses sin que sean reparados.
• Inundación de terrenos a causa de obras mal realizadas.
• Existen denuncias sobre cómo el ruido de los aerogeneradores ha impactado en la capacidad productiva de los animales de pastoreo

Hay también denuncias de diversos impactos en la salud humana de la población, así como daños al patrimonio biocultural de las comunidades locales. Aun cuando existe poca documentación al respecto, se sabe que decenas de familias han sido desplazadas (al interior de la región, o incluso fuera de ella), algunas debido a que firmaron contratos que no les eran favorables, o bien porque las empresas no han cumplido los acuerdos, así como por el aumento de la violencia, o porque la tierra ya no da lo suficiente para vivir.

La narrativa global dominante en torno a la energía eólica se sostiene en varias premisas, la principal busca legitimarse a partir de un problema real: el cambio climático y la necesidad de transitar a energías renovables para reducir las emisiones de carbono y combatir el calentamiento global. Como hemos dicho desde el OCSA,[3] la transición energética es urgente, pero las denuncias desde los territorios indican que está siendo insostenible e injusta social y ambientalmente, pues causa altos costos ambientales y vulnera los derechos de las poblaciones que habitan los sitios en donde los megaproyectos son instalados.

Por otro lado, el extractivismo verde afirma que este tipo de proyectos son beneficiosos para todos, que se insertan en políticas públicas contra la desigualdad, que traerán desarrollo, que detonarán las economías locales, generarán empleos y mejorarán la calidad de vida de la población. También existe evidencia que contradice esas afirmaciones, ya que los reportes en prensa, las denuncias de comunidades y la documentación de organizaciones de derechos humanos, dejan claras las múltiples afectaciones sociales y ecológicas que causan estas tecnologías, amén de las formas corruptas, violentas y violatorias de derechos humanos con que operan muchas de estas empresas, en colusión con autoridades.

El problema de fondo es que estas afectaciones, que aquí podemos enlistar de forma rápida y sencilla, en realidad implican costos incalculables e irreversibles para decenas de familias y comunidades que han visto trastornadas las formas de vida que conocen, las cuales les han permitido subsistir por generaciones y, además, constituyen una fuente de sobrevivencia y resistencia en un modelo económico discriminatorio y violento en el que, de manera sistemática, les ha sido negado el acceso efectivo a sus derechos.

En este contexto, es urgente seguir problematizando el desarrollo: ¿para quién?, ¿para qué?, ¿a costa de qué?, ¿hasta qué punto? y ¿por qué sigue dominando un concepto de desarrollo que no solo no ha reducido la desigualdad, sino que nos ha colocado, al día de hoy, en una crisis medioambiental sin mecanismos de vuelta?

*Ángeles Hernández Alvarado colabora en el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA), una iniciativa de los programas de incidencia de la IBERO Ciudad de México: Asuntos Migratorios; Interculturalidad y Asuntos Indígenas, y Universitario para la Sustentabilidad