Posicionamiento del Observatorio de Salarios tras los sismos en México

Jue, 28 Sep 2017
El Observatorio es un organismo interinstitucional de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Universidad Iberoamericana Puebla
A la sociedad mexicana:
El Observatorio de Salarios, organismo interinstitucional instalado en el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, manifiesta su profunda solidaridad y apoyo con todas las víctimas de los terremotos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre en los estados de Guerrero, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México y Estado de México.
Hemos sido testigos de una gran efervescencia en la respuesta de la sociedad civil, que ha buscado desde sus espacios personales y redes más cercanas, lanzarse a las calles y generar mecanismos de ayuda para todas las víctimas de este desastre. Sin embargo, esta efervescencia no puede, ni debe ser el único camino para reparar el daño que ha causado el terremoto en miles de personas. No es obra de la casualidad que este tipo de sucesos impacten en mayor medida a la población pobre. Esto es resultado de años de políticas públicas que han tenido como eje rector la administración de la pobreza por encima de las mejoras en las condiciones de vida de esta población. 
La solidaridad que hoy muestra el pueblo mexicano con las personas más afectadas contrasta con la actitud de un gobierno que controla, obstaculiza y que busca desmovilizar a una sociedad que surge ante la impasividad del mismo gobierno. Por ello, el Observatorio de Salarios establece que las acciones gubernamentales, a nivel federal y estatal, deben ir en el siguiente sentido:
  1. Transparentar los recursos del Fondo para Desastres Naturales (FONDEN): Los recursos destinados al FONDEN deben ser ejercidos de manera transparente, sin negociaciones ocultas entre el poder Ejecutivo federal y los gobernadores. Los criterios para asignar los recursos a entidades y municipios han de ser claros y construidos a partir de las necesidades de cada una de las entidades. La aplicación debe ser publicada, pronta, expedita y a favor de los más desfavorecidos.
  2. Crear un fondo especial para reconstrucción de vivienda de población pobre e infraestructura a partir de recortes salariales de altos funcionarios: En un país con las necesidades que hoy presenta México, resulta indignante que los salarios de altos funcionarios sean los más altos de toda América. El presidente de México, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadores, diputados y presidentes municipales tienen salarios por encima de sus pares en Norteamérica, países europeos y de la OCDE. El recorte, que incluye partidas especiales, permitiría ahorrar 400 mil millones de pesos anuales y evitaría que el Gobierno Federal aplique un recorte especial en el presupuesto de egresos 2018.
  3. Gestionar importantes donaciones de las empresas que han sido beneficiadas por el régimen fiscal imperante, que mantiene tratamientos y regímenes especiales como minería, transporte y grandes corporativos: El gobierno actual, subyugado a los intereses de las élites económicas, ha impulsado desde hace más de 20 años un modelo económico y un régimen fiscal que ha permitido que los grandes corporativos de este país paguen entre 1 y 13% de sus ingresos. La coyuntura exige dos medidas: 1) una reforma fiscal progresiva que elimine tratamientos y regímenes especiales y 2) que los grandes grupos económicos del país, beneficiarios del actual modelo económico, otorguen –de manera similar a como se ha realizado en Estados Unidos con los desastres naturales de Houston y Florida- donaciones significativas para la reconstrucción de viviendas y sociedades que requieren de retomar su dinámica habitual. 
  4. Los recursos recaudados adicionalmente por estas dos vías tendrán que ser fiscalizados por organizaciones de la sociedad civil organizada, que incluyan organizaciones sociales, académicas, empresariales y de trabajadores.
Las circunstancias actuales exigen de medidas concretas que logren garantizar los derechos establecidos en la Constitución mexicana, que hasta ahora han quedado en letra muerta, como son el derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación y a una vivienda digna y adecuada.

 

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