PRAMI lanza alerta por incremento de violencia contra defensores de migrantes

Mar, 29 Ago 2017
Instituto Nacional de Migración criminaliza al albergue para personas migrantes y refugiadas de la 72 en Tenosique, Tabasco
Acusan a Ferromex, a través de los cuerpos de seguridad de Multisistemas de Seguridad, de agresiones
Exigen a la CNDH convertirse en un contrapeso efectivo y llame la atención a la PGR para que no criminalice la tarea de los defensores
  • Martín Martínez Ríos, fundador y representante legal de la Estancia del Estancia del Migrante González y Martínez. (Valentina González/IBERO).
  • Mtra, Mariana Zaragoza, Coordinadora del PRAMI. (Valentina González/IBERO).

Estancia del Migrante González y Martínez (EMGM) A.C., localizada en Tequisquiapan, Querétaro, y La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes que se ubica en Tenosique, Tabasco, denunciaron incremento en las agresiones, intimidación y hostigamiento por parte de la empresa Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) y autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).

Martin Martínez Ríos, fundador y representante legal de la Estancia del Migrante González y Martínez, denunció que él y su esposa recibieron disparos por parte de guardias de Multisistemas de Seguridad, empresa de seguridad privada que trabaja para Ferromex, mientras asistían a migrantes.  

Asimismo, denunció que Multisistemas de Seguridad puso cámaras dirigidas a la estancia que se localiza en la estación Bernal. Este lugar lleva más de 17 años brindando ayuda humanitaria a migrantes. Laboran nueve familias y en total suman alrededor de 29 personas que asisten a los migrantes que están de paso por el lugar.

“Los guardias prohíben que pisemos zona federal, especialmente las vías del tren porque la consigna de ellos es matar. En Querétaro no hay voluntad política para solucionar este problema porque tanto el Estado mexicano como el de la entidad han dado la espalda al trabajo humanitario que estamos realizando”, señaló Martínez en conferencia de prensa.

Desde hace dos años, Estancia del Migrante González y Martínez vive el acoso de guardias de seguridad. “Condenamos las omisiones del Estado y exigimos nuestra seguridad, porque tenemos el derecho a tener un espacio en donde realizar ayuda humanitaria. Y responsabilizamos a Ferromex y a los cuerpos de seguridad de Multisistemas en caso de que nos pase algo a los integrantes de la estancia”, dijo.

Por su parte, Diana Muñoz, abogada de La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, informó sobre los incidentes que han tenido con el Instituto Nacional de Migración, que se ha dedicado a desacreditar el trabajo de la organización acusando a quienes laboran en el refugio de traficantes de personas, como lo hicieron con Fray Bernardo Molina.  

“Nos preocupa la seguridad de los voluntarios y migrantes. Es cada vez más fuerte la criminalización y desacreditación que sufrimos por parte de los agentes de migración. Pero esto no es de ahora, la denuncia que está contra de Fray Bernardo es de abril de este año. Sin embargo, desde 2014, el delegado federal del INM interpuso una demanda contra Fray Tomás González, representante legal y fundador del refugio, de ahí ha ido en aumento el acoso y la persecución”, apuntó Muñoz.

Al respecto, explicó que el refugio, en 2016 atendió a 13 mil 895 migrantes, denunció que desde abril se han registrado una serie de secuestros masivos en contra de migrantes y proporcionó a las autoridades placas de las patrullas que han participado en los secuestros. Además, dieron nombres de quienes han participado en los raptos.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TDT, Todos los Derechos para Todas y Todos, señaló que de acuerdo a la documentación con la que cuentan los principales agresores de los migrantes, y de quienes los defienden, son el INM, las policías estatales, municipales y las empresas.

“Las agresiones inician con amenazas, intimidaciones y continúan con detenciones arbitrarias, intentos de ejecución y todo esto configura una amenaza al trabajo tan importante que realizan las personas defensoras. Un punto esencial es como las empresas están en este proceso de bloquear el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos”, dijo Ríos.

En cuatro años de gobierno del presiente Enrique Peña Nieto, la Red TDT ha documentado 919 delitos contra defensores por su trabajo por el respeto de los derechos humanos.

Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la universidad Iberoamericana, señaló que desde nuestra casa de estudios ven un patrón de criminalización y amenaza en contra de personas defensoras de migrantes y refugiados, el cual se ve incrementado por la presencia de actores estatales y de agentes de seguridad privada.

“Una de nuestras líneas estratégicas, como programa, es el acompañamiento y fortalecimiento de albergues y defensores; y estamos aquí para mostrar nuestro respaldo ante esta situación que va en aumento y que nos preocupa mucho”, señaló. 

Valentina González/ICM

 

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