La iniciativa del gobierno federal de incorporar a la Clave Única de Registro de Población (CURP) datos biométricos de las y los mexicanos resulta preocupante, toda vez que implicaría que la Secretaría de Gobernación se apodere de la base de datos que actualmente está en custodia del Instituto Nacional Electoral (INE), consideró el Dr. Diego García Ricci, académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Si bien el gobierno habla de crear un sistema de identidad ciudadana (el cual ya existe, y lo administra el INE), para combatir el robo de identidad, “no quedan muy claros los motivos de por qué quiere llevar a cabo esta concentración de datos biométricos en la Segob”, señaló García Ricci.

Además, el que dicha Secretaría llegue a tener en su poder los datos biométricos de las y los mexicanos “no necesariamente garantiza que se va a abatir el robo de identidad”, mencionó el docente del Departamento de Derecho, quien aclaró: “Me parece que es más que nada una excusa para que este gobierno federal se haga de la base de datos biométricos, la cual, como bien han señalado las autoridades del INE, por ley deben quedarse en el INE y no en manos del Ministerio del Interior, es decir, de la Secretaría de Gobernación”.

Tras recordar que por ley se establece que el INE puede recopilar los datos biométricos de las y los ciudadanos (huellas dactilares, fotografía y firma), para expedir las credenciales de elector, el Dr. García, quien coordina la Especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la IBERO, dijo que otra cuestión delicada es que si la Secretaría de Gobernación llegara a detentar los datos biométricos, podría empezar a ejercer poder, esto es, un mayor control social y político sobre la población civil.

En este caso, el problema principal que ve es que la Segob tiene una línea directa con el Presidente de México, entonces el titular del Ejecutivo podría en cualquier momento acceder a esos datos biométricos para ejercer un mayor control político sobre posibles adversarios, disidentes y enemigos políticos. “¿Por qué? Porque la base de datos biométrica le puede dar al Presidente mayores referencias sobre una persona; sobre su vida privada; su padecimiento o propensión a desarrollar enfermedades; etcétera”.

Asimismo, el abogado mencionó que, en las democracias consolidadas, la recolección de biométricos, como son las huellas dactilares, se hace sólo de personas que han sido sentenciadas por la comisión de un delito o que han ingresado al sistema penal para enfrentar un juicio.

Al no estar autorizada por ninguna ley la recolección de datos biométricos por parte de la Segob, de llevarse a cabo, se cometería una violación al derecho a la privacidad de las y los mexicanos, quienes podrían ampararse, toda vez que son las propias personas quienes deciden con quién comparten su información personal.

“La autorización tendría que venir de los propios ciudadanos, algo que no existe hasta el momento, o de una ley en sentido formal y material; qué quiero decir con esto, que sea expedida por el Congreso de la Unión y en la que autorice a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo esta recolección de datos biométricos”.

Finalmente, en torno a cómo se podría combatir el robo de identidad, el docente de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México comentó que tendrían que crearse más controles sobre el uso de los datos personales: a quién se entregan, en qué formato se entregan y cuál es el destino final de los datos una vez que han sido utilizados; porque muchos de los robos de identidad los cometen personas que tuvieron acceso a datos personales de otras, al realizar diferentes tipos de trámites.

Para saber más sobre ‘La cédula de identidad ciudadana y el derecho a la privacidad’, lee el siguiente artículo del Dr. Diego García Ricci, publicado en la Revista Derechos Humanos México; publicación del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH.

Texto: PEDRO RENDÓN/ICM