La titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, afirmó que el respeto a los derechos humanos debe ser el pilar más importante que tiene la institución a su cargo y el que deberá regir las actividades de la próxima Fiscalía de la capital del país, aunque, aseguró, en este proceso de transición ya lo están aplicando.

Al presentar la conferencia magistral ‘Situación actual de los derechos humanos en México y el reto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México’, en el marco del evento ‘La transversalización del enfoque de Derechos Humanos en la Procuración de Justicia: hacia una Fiscalía General de Justicia con enfoque transformador y progresivo’, la funcionaria habló sobre los avances y expectativas de la PGJCDMX.

Afirmó que cada acto y decisión debe tener como sustento el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género. “Son dos grandes temas que deben cruzar (transversalización) la labor y funcionamiento de la Procuraduría y de la próxima de Fiscalía”; misma que está en un proceso de construcción y no sólo de remodelación, en la que se deben mantener las mejores prácticas y al mejor personal para que en verdad sea una ’nueva institución’.

En ese sentido, agradeció a las instituciones educativas este tipo de foros para analizar y debatir el futuro de la justicia en el país, y reconoció la vocación de vanguardia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en este tema, respaldado por su vocación y defensa de los grupos vulnerables y los más de 20 años de existencia del Programa de Derechos Humanos (PDH).

Reconoció que en este momento, la Procuraduría está desprestigiada y no tiene credibilidad, y es normal si las víctimas y familiares sufren de la hostilidad de los agentes del Estado. Además, se mantiene la visión autoritaria de la persecución de los delitos. Afirmó que estos problemas derivan en la falta de confianza, la no denuncia y la impunidad. Esta permisividad facilita, entonces, que se sigan cometiendo delitos.

Godoy Ramos apuntó que la impunidad acarrea la violación de derechos humanos y este impacto es más fuerte en el caso de grupos vulnerables: menores de edad, adultos mayores, mujeres e indígenas. Frente a estos problemas, la titular de la PGJCDMX señaló que se debe modificar la política de persecución, incluso la defensa de los imputados, y sobre todo tener como eje central la atención a las víctimas directas e indirectas.

Los ejes de trabajo

Ernestina Godoy afirmó que para mejorar a la Procuraduría es esencial que se edifique una nueva institución, no sólo resanar lo que no sirva; se debe blindar a la Fiscalía y abrir un frente y combatir la corrupción bajo el lema ‘La justicia no está en venta’, es decir, debe ser accesible para todos. Además los peritajes tienen que ser reales y profesionales.

Sin embargo, enfatizó que lo primordial es un nuevo modelo de atención a víctimas, pues parte del desprestigio de la PGJCDMX es el periodo para levantar una denuncia: en este momento, la espera es de entre seis y ocho horas; y la expectativa es que baje a 15 minutos, aunque cada delito tiene su propio tiempo.

Además, se deben habilitar mecanismos de denuncia que faciliten el proceso, por ejemplo, a través de plataformas informáticas, móviles, por teléfono, aplicaciones y revisar la ratificación de la misma como eslabón de la cadena de justicia. “Hay que acabar de tajo con el sufrimiento que da la Procuraduría a las víctimas”.

Dijo que el servicio a las víctimas debe ser integral y atendido bajo un modelo de multidisciplinaridad, es decir, debe haber médicos, psicólogos, forenses, entre otros profesionales; además de atender a cada grupo de acuerdo con sus características, todo con el fin de que las víctimas y sus familias se sientas protegidos, escuchados y también propongan mejoras en todo el proceso.

“Queremos que cuando una víctima de un paso dentro de la Fiscalía se sienta tranquila, de que llegó al lugar donde me van a atender, a escuchar, proteger y dar justicia”. El objetivo es que incluso cuando sea difícil detener a alguien por algún delito, quienes hayan sufrido de éste crean que las autoridades hicieron todo lo que hubo a su alcance.

Entre otros factores están: atender todos los delitos aunque no sean competencia de la Procuraduría, es decir, se deben canalizar a las áreas pertinentes; se debe trabajar en la prevención, la atención y en cuestiones administrativas; se deben diferenciar los delitos de bajo, mediano y alto impacto para ser tratados de acuerdo a su impacto; y se tiene que impulsar más la justicia restaurativa o de mediación.

Reconoció que los delitos de alto impacto son un reto para la PGJCDMX, pues además de destruir vidas también acaba con ciudades. esos delitos impiden una ciudad democrática. Para ello, se necesita una investigación, un trabajo pericial de primera, que sea irrefutable, no se pueda echar para abajo; habló sobre un banco de ADN de delincuentes, y la necesidad de Ministerios Públicos preparados para que la información la concentre en una carpeta de investigación robusta y fuerte.

Sobre la triada necesaria para la justicia, MP-Policía de Investigación-peritos, dijo que se debe agregar una unidad de análisis de contexto “que permita saber qué fue lo que pasó y qué hay detrás del delito”, es decir, que junte información para poder armar los casos  y tener una carpeta fuerte, todo en miras de hacer a la Procuraduría más cercana a la gente.

Al comentar la conferencia magisterial, el Dr. José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la IBERO, afirmó que hay varios retos por superar, por ejemplo, que “las procuradurías no se llevaran a las fiscalías los lastres, no se trata sobre del cambio de una nomenclatura sino un cambio estructural en el diseño institucional de lo que necesitamos en la procuración de justicia”.

Agregó que el tema de la transversalidad en derechos humanos y género es importantísimo, pues “hay que recordar que todo el sistema de ombudsperson hace 30 años se fundó precisamente y puntualmente ante las graves violaciones a derechos humanos que se cometían en sede ministerial y sede de las procuradurías”.

Vínculo academia-autoridades

El Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, presidente del Consejo Regional de Área Metropolitana (CRAM) de la ANUIES y rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), agradeció a la IBERO por ser sede de este foro de análisis sobre las implicaciones de la transición de la Procuraduría de la CDMX hacia la Fiscalía.

“Uno de los objetivos del CRAM es mantener el vínculo necesario entre las instituciones de educación superior de la Zona Metropolitana del Valle de México y las instituciones de gobierno, buscando que la perspectiva académica sea considerada en el desarrollo de políticas públicas y contribuya al desarrollo de la región”, afirmó durante la inauguración del evento.

Dijo que el diálogo, promovido por la Procuraduría capitalina, se enfocaría en el respeto a los derechos humanos como condición necesaria para lograr una cultura centrada en el bienestar de las personas, por eso su protección es fundamento de la Constitución Política de la CDMX, y de ahí la importancia de que las instituciones de educación superior se unan a estos esfuerzos.

El Mtro. David Fernández Dávalos, Rector de la IBERO, manifestó que nuestra institución es de inspiración cristiana, de ahí que la defensa y promoción de los derechos humanos, su desarrollo, la ampliación de los derechos fundamentales, el aprecio a la dignidad humana “nos son connaturales, son elementos constitutivos de nuestra identidad”.

Recordó que los retos son enormes y hay un reclamo de justicia por parte de la sociedad. Es por ello que la IBERO y las universidades integrantes de la ANUIES “queremos insistir una vez más en que la justicia es condición necesaria para una vida digna y para la construcción de una sociedad más equitativas, humana y respetuosa de los derechos de todas las personas”.

Señaló que  este tipo de foros son para buscar “caminos de mejora y fortalecimiento de esos derechos fundamentales a través de su transversalización en la promoción de la justica, en la procuración de la misma, de suerte que la hagan accesible a todos y todas, expedita y conforme a los estándares internacionales de los derechos humanos”.

El Lic. José Miguel Édgar Cortez Morales, comisionado técnico para la transición de la PGJCDMX a Fiscalía General de Justicia de la CDMX, recordó que llevan ocho meses trabajando en este proceso para construir un modelo, que suena fácil en el papel, pero que en la práctica es complejo por la falta de atención que tuvo la institución en las pasadas administraciones.

Dijo que es importante revisar todas las opiniones y perspectivas sobre la nueva institución, pero principalmente la que quiere la sociedad, esas “personas que hoy vive en el miedo y la inseguridad, que institución quieren las personas que hoy sienten amenazada su vida, su patrimonio, en esta ciudad”, de ahí la relevancia de éste y otros foros.

Apuntó que uno de los problemas que más nos afectan como sociedad es que “nuestras instituciones no se han transformado para garantizar los derechos humanos, tenemos muchos derechos en el papel y pocas vías de garantía de esos derechos, y ese es el gran reto: cómo construir, en este caso la Fiscalía, en una institución que tenga la transversalización de los derechos humanos”.

Este evento forma parte de los Foros de Fortalecimiento de la Procuraduría General de Justicia. Hacia la Fiscalía de la Ciudad de México, un esfuerzo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo Regional del Área Metropolitana de la ANUIES (CRAM), la PGJCDMX, e instituciones académicas. La IBERO, a través de su Departamento de Derecho, se encargó de organizar este tercer foro de trabajo.

Al evento asistieron la Lic. Ernestina Godoy, titular de la PGJCDMX; el Mtro. David Fernández Dávalos, Rector de la IBERO; el Dr. José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la IBERO; el Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, presidente del CRAM de la ANUIES y rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Mtro. Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUIES; y el Lic. José Miguel Édgar Cortez Morales, comisionado técnico para la transición de la PGJCDMX a Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

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