La iniciativa de reforma que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal es, a primera vista, positiva para las personas trabajadoras; sin embargo, implicará costos importantes para las empresas, afirmó el Dr. Pablo Cotler Ávalos, académico de tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México.

Explicó que la reducción se aplicará de manera gradual, disminuyendo dos horas por año hasta llegar a las 40 horas en 2030. La reforma entrará en vigor el 1 de mayo de 2026 y el ajuste comenzará el 1 de enero de 2027:

• 48 horas en 2026
• 46 horas en 2027
• 44 horas en 2028
• 42 horas en 2029
• 40 horas en 2030

Cotler enumeró las complicaciones derivadas de esta modificación. La principal interrogante, dijo, es si las empresas mantendrán el salario actual cuando la producción disminuya.

“Una opción es que las empresas sigan pagando lo mismo, pero, si una persona trabaja dos horas menos (en 2027), la producción caerá y podría ser necesario contratar a alguien más. La otra posibilidad es que no haya reducción salarial, pero aumente la carga de trabajo”.

Advirtió que las empresas podrían optar por bajar sueldos o incrementar la carga laboral, lo que incentivaría que las y los trabajadores busquen otro empleo. “La disminución paulatina de horas implica menor productividad, lo cual genera costos para las empresas”, añadió.

En el caso de las plantas que operan 24 horas, señaló que los ajustes logísticos requerirán coordinación con sindicatos para reorganizar turnos, cumplir metas de venta y mantener estándares de calidad

También, mencionó factores que complican la implementación, como el bajo crecimiento económico, la inseguridad, los robos de mercancía, la corrupción, la reforma judicial, la posible desaparición del amparo y el incremento del salario mínimo, que aumentará 13% en 2026.

El especialista comentó que el alza al salario mínimo representará un costo adicional en un contexto en el que las ventas no han crecido, lo cual podría obligar a las empresas a subir precios o recortar personal, aunque ninguna de estas medidas es ideal.

“Si bien en las grandes empresas el porcentaje de personas que ganan salario mínimo es reducido, las pequeñas y medianas empresas deberán evaluar su capacidad financiera, pues entre el incremento salarial y los costos derivados de la disminución de la jornada laboral podrían verse obligadas a cerrar, lo que incrementaría el desempleo, el subempleo y la informalidad”, dijo.

Finalmente, el Dr. Cotler subrayó que tanto empresas como trabajadores deberán adaptarse a estos cambios para minimizar afectaciones, y que la coordinación y reorganización serán clave para lograrlo.

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