La reforma judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y discutida por el Congreso de la Unión sí puede afectar la calidad democrática en México, pues este mecanismo no ha tenido pruebas de éxito en países que han confiado en la elección popular de jueces y juezas, afirmó el Doctor (Dr.) Diego García Ricci, profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO).

El Académico de Derecho de nuestra casa de estudios precisó que la reforma judicial plantea una modificación a toda la estructura del Poder Judicial, la cual ha iniciado una conversación sin precedentes a nivel nacional en más de 30 años, pero hay ciertas preocupaciones en ella que deben ser tomadas en cuenta.

“Desde el Departamento de Derecho de la IBERO vemos esta reforma con ciertas preocupaciones. La primera es que se ha confiado a la elección popular de los jueces y juezas un mecanismo que no ha tenido pruebas de éxito en otros países y que sí puede afectar la calidad democrática de nuestra democracia mexicana”.

Indicó que la elección popular de las y los jueces va en sentido contrario a las prácticas internacionales y de las democracias más consolidadas, porque estos no deben estar sujetos a la elección popular, ya que las personas que están sujetas al electorado siempre son víctimas de presiones de intereses de los grupos que los llevan a ese poder.

Acotó que la labor de una jueza o juez en una democracia constitucional no es esa, sino asegurar la permanencia de valores que importan a la sociedad mexicana, como puede ser la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas, por lo que desde el Departamento de Derecho de la IBERO esta posibilidad de reformar al Poder Judicial puede ser capitalizada de mejor manera y una de ellas es permitir y establecer en la reforma garantías de transparencia y acceso a la información.

 

 

 

 

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“Necesitamos que quede garantizado que tendremos las y los ciudadanos acceso a las resoluciones judiciales. ¿Quiénes van a ser estos jueces? ¿Cómo resuelven? ¿Qué argumentos utilizaron? Es crucial que los conozcamos”, refirió el también titular de la Procuraduría de Derechos Universitarios de la IBERO.

Acotó que el segundo aspecto que desde el Departamento de Derecho ven con preocupación es la posibilidad de establecer jueces sin rostro, pues esta práctica ha sido condenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, precisamente porque no ofrece las garantías de un juicio justo, transparente y público.

“Me parece que estamos en un momento crucial para la democracia mexicana en el que podríamos fortalecer a los poderes judiciales en México, pero no es a través de la elección popular de los jueces. Hoy recuerdo las palabras de Alexander Bickle que decía que la labor de un juzgador es precisamente mantener la prevalencia de los valores que importan en una sociedad mexicana. Esos valores están en nuestra Constitución y debemos cuidarlos”, puntualizó.

Texto: Luis Reyes Foto: Firefly

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