México se encuentra en momentos de grandes cambios impulsados desde el Gobierno Federal, y uno de los más recientes es la búsqueda de la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Por un lado, el oficialismo señala que esta iniciativa busca reducir excesos y lujos de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mientras, la oposición acusa que la medida afectará a las y los trabajadores de dicho Poder, dificultando la impartición de justicia.

Para tener una idea más clara de los posibles impactos, acudimos con el Mtro. Jesús Coronado Contreras, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.  

¿Qué implicaciones habría si se logra la desaparición de estos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación? 

Tendríamos varias afectaciones, una directa y otra no tan directa. Directa, porque afecta completamente al Poder Judicial. Su margen de maniobra para el manejo de recursos, ese manejo que necesita para cumplir con sus necesidades, es el primer afectado. Estamos afectando a todo un Poder en sí.

La afectación indirecta, entre comillas, es propiamente a toda la población, porque el manejo de los recursos de estos 13 fideicomisos al final repercute en mayores herramientas, mayor capacitación, cuestiones de actualización a todas aquellas personas que integran el PJF. Si no se les provee de los elementos necesarios, esto se puede traducir en un deterioro y en peores resoluciones, que a lo mejor se terminan volviendo un círculo vicioso. Van generando problemas colaterales o coyunturales, como mayor impunidad y menor acceso a la justicia. 

¿Usted qué tan probable ve que los trabajadores del PJF se amparen contra esta medida del Gobierno?

Yo creo que se van a utilizar todos los recursos disponibles en las diferentes etapas del proceso legislativo; obviamente el juicio de amparo es uno de ellos. Si la iniciativa llegara a otros escenarios, se van a tomar las medidas correspondientes y se interpondrán los recursos que tengan que interponerse.

José Ramón Cossío, Ministro en retiro, ya promovió un amparo. El Ministro Javier Laynez y la Ministra Norma Piña han estado buscando abrir el diálogo con la Cámara de Senadores para coadyuvar en esta situación. El fin de semana vimos diferentes manifestaciones en más de 20 ciudades, tanto de trabajadores y trabajadoras como de la población en general. Los mismos colegios de abogados, por ejemplo, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, emitió un comunicado en contra de la iniciativa.

¿Usted qué tan probable ve que esta iniciativa sea ‘tirada’ por algún amparo, por alguna acción de inconstitucionalidad por violaciones dentro del proceso legislativo? 

Es posible. El gran problema aquí es que esta situación ha caído en la cancha política, no en la cancha jurídica. Del lado jurídico es muy claro el tema. Vemos que, por ejemplo, desde la parte constitucional, el artículo 17 prohíbe la justicia por propia mano. Pues tenemos que, y es una obligación de los otros dos poderes para con el Judicial, proveerle las herramientas, los mecanismos para que pueda desarrollar sus funciones. En este caso se les limita, se les restringe.  

Desde el plano internacional hay diferentes resoluciones de Naciones Unidas que comprometen a los Estados a garantizar el derecho humano a la justicia, y eso no es nada más una cuestión de los ciudadanos, también corresponde a las autoridades y a los funcionarios el que se garantice.  

¿Cuáles cree usted que sean los motivos detrás de esta medida impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador?

Entramos en un escenario de especulación, porque entramos nuevamente al tema político. Ha trascendido, y muchos lo han tomado de esa manera, que esto es un ataque frontal al Poder Judicial por parte de ciertos sectores del Poder Legislativo, y ciertas partes del Ejecutivo, propiamente la figura del Presidente. No hemos tenido una confirmación de eso, pero tampoco hemos tenido una negativa.

Al final, se ha vendido la idea de que esto atañe a situaciones de evitar la corrupción. Si es así, ¿dónde están los casos? ¿Por qué no se han iniciado las acciones pertinentes para perseguir y sancionar a quienes han hecho mal manejo de estos recursos? Más allá del discurso político, perfecto, que se combata la corrupción y se sancionen los casos que se tienen identificados y documentados. Pero, si no se tienen evidencias y nada más es parte de la fachada para encubrir otro ataque político, estamos en un terreno bastante riesgoso.

Texto: Guillermo Gutiérrez

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