En México empieza a haber una especie de reacomodo de los acuerdos estatales fundamentales --decisiones políticas, económicas y sociales de un país, normalmente plasmadas en la Constitución-, al observar la entrada de militares, ya no sólo a cuestiones de seguridad pública, sino también a distintos espacios de la vida civil, opinó la Dra. Sandra Serrano García, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En el panel ‘Constitución y militarización: impactos y propuesta’, realizado en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, dijo que parecería que los militares están ocupando un lugar en la decisión de esos acuerdos estatales, porque empiezan a realizar tareas que en muchos casos los llevan a convertirse en empresarios, al administrar aduanas, puertos, un aeropuerto y el Tren Maya, actividades económicas fundamentales del país, algunas de las cuales podrían haber ejecutado civiles.

Pero no sólo empiezan a ejecutar acciones, “sino a tomar control de ellas y a servirse de ellas; porque los recursos de muchas de estas infraestructuras, el aeropuerto (Felipe Ángeles), el Tren Maya, por ejemplo, van a ser para el propio Ejército”.

Para dar otros espacios a los militares en este acuerdo estatal institucionalizado ha surgido la tentación de modificar la Constitución y, además, no se observa en las fuerzas políticas resistencia a la presencia militar. “Parecería que meterse con el tema del militarismo y la militarización no es lo que más les interesa”, consideró Serrano.

Que los militares presten labores civiles en, por ejemplo, la administración perpetua del Tren Maya, es problemático “porque no responden a los cánones de transparencia de la autoridad civil. Por eso tenemos que estar muy preocupados por lo que está pasando, porque con el argumento de seguridad nacional, se cae toda la transparencia”, añadió la Mtra. Luisa Conesa Labastida, del despacho Conesa & Moreno, Abogados.

Respecto a la militarización, asumida en el mandato del Presidente Calderón como estrategia en su guerra contra las drogas, mencionó que no ha sido la solución, “porque las cifras nos lo dicen: hay más homicidios, hay más desaparecidos y hay más violencia”.

Por ejemplo, al término del sexenio de Vicente Fox el índice de muertes violentas por cada 100 mil habitantes fue menor a 8 --el más bajo desde que se mide--. Con Calderón el índice llegó a 24. Luego bajó pronunciadamente durante los dos primeros años de Peña, pero después se suscitó la noche en que desaparecieron los 43 estudiantes en Iguala y el índice quedó por encima del que dejó Calderón, detalló el Mtro. Santiago Corcuera Cabezut, profesor del Departamento de Derecho de la IBERO.

Con el Presidente López Obrador, el índice se ha reducido marginalmente, y en cambio es el sexenio con más personas desaparecidas en la historia de México. Y es por eso que “nos oponemos a la militarización de la seguridad pública…porque a los datos duros nos remitimos”.

Y el Mtro. Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), comentó que la militarización tiene, al menos, cuatro dimensiones nítidas: mayor participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; mayor participación de personas de extracción castrense en las instituciones civiles de seguridad pública --prácticamente lo son todos los secretarios de seguridad estatales y muchos a nivel municipal.

Tercera, cierta emulación de los modos de proceder militares por parte de las policías civiles --en el modo de desplegarse y en el aumento de su armamento--; y el aumento de la percepción social de que sólo las fuerzas armadas pueden ser una solución para los problemas de seguridad.

En los organismos de derechos humanos esta militarización genera preocupaciones en al menos tres cuestiones: aumenta el riesgo de que haya violaciones a derechos humanos --por la propia formación militar, que tiene que ver más con abatir enemigos--; no es una política efectiva de seguridad pública, “tenemos 15 años apostándole a esto, y viendo al país, tampoco es que podamos decir que esté funcionando”.

Y, por último, se van desbalanceando las relaciones cívico-militares, al comprender en México la subordinación militar al mundo civil como hacerle caso a una persona, el Presidente de la República --comandante supremo de las fuerzas armadas.

Entonces, el estamento militar no se subordina a las distintas instituciones civiles que están llamadas a fiscalizarles: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para violaciones a derechos humanos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para transparencia; la Auditoría Superior de la Federación, para temas de corrupción; y el Congreso, para rendir cuentas cuando sea el caso.

El panel ‘Constitución y militarización: impactos y propuesta’ fue organizado por el Programa de Seguridad Ciudadana y el Departamento de Derecho, de la IBERO CDMX, como parte de la Cátedra José Ramón Cossío de la IBERO Puebla, que en esta novena edición llevó por nombre ‘Militarización y militarismo: constitución y narrativas’. El moderador fue el Dr. Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Texto y fotos: PEDRO RENDÓN