Con la designación de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como su presidenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) logró mantener la confianza de la ciudadanía. Por un lado, por una trayectoria con la honorabilidad que el cargo representa; y por otro, porque la elección de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa habría significado un retroceso, dada la marcada intervención del Poder Ejecutivo en su favor que se vio en los meses previos.

Así lo explica en entrevista el Dr. Diego García Ricci, Procurador de Derechos Universitarios de nuestra IBERO CDMX. Lo que más importa de una Corte constitucional, enfatiza, es que la ciudadanía la respete. Es por ello que considera que esta designación genera esperanza, pues la Corte demuestra que sigue siendo independiente y no cederá a las presiones, lo que le da credibilidad. Pero también es cierto que la Ministra presidenta Piña tiene frente a sí grandes retos propios de su cargo.

En primer lugar y como principal reto, va a tener que construir consensos, especialmente en temas cruciales, pues ése es, destaca nuestro académico IBERO, el principal trabajo que tiene el Ministro o Ministra que preside una Corte: fungir como árbitro para equilibrar las posiciones encontradas y lograr el acompañamiento de las y los ministros hacia la defensa de la Constitución y la salvaguarda de los derechos, libertades y los valores constitucionales. “Un Tribunal Constitucional, como lo es nuestra Suprema Corte, goza de mayor legitimidad cuando sus sentencias son suscritas por la mayoría de los ministros, si no es que por todos”.

El también especialista en Privacidad y protección de datos personales lamenta que en los últimos años no se han dado esos consensos, pues ha permeado más la división entre los ministros. Incluso la más reciente designación fue muy dividida, pues los dos punteros, Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, obtuvieron seis y cinco votos, respectivamente.

No obstante estos antecedentes, nuestro académico apunta que la nueva Ministra presidenta está en la mejor posición para lograr consensos, con una sólida trayectoria dentro del Poder Judicial Federal, por lo que lo conoce “desde las entrañas” y puede entender mejor sus dinámicas. Además, ha sido una Ministra que “ha apoyado decididamente el avance de la agenda del ejercicio de derechos y libertades”.

El segundo reto es que va a tener que dar continuidad a todo el trabajo de combate a la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, que “por su propia naturaleza no está tan sujeto al escrutinio público de los ciudadanos” y debe autorregularse. Se tendría que combatir también problemas de acoso contra las mujeres o de nepotismo, por mencionar algunos, que han lastimado al Poder Judicial y puesto en entredicho la impartición de justicia en el país.

Y en tercer lugar, enlista García Ricci, la Ministra presidenta va a tener que ser un contrapeso razonado, sustantivo, con miras al fortalecimiento de la Constitución y de la democracia mexicana frente al Poder Ejecutivo de la Federación, más allá de posturas a favor o en contra del proyecto político del presidente de la República, sino a favor del ejercicio de derechos y libertades.

Finalmente pero no menos importante, Piña también tendrá que salvar de la mejor manera el escándalo que sigue a una ministra de la Corte, “que al final del día daña mucho a la institución el que tengamos a una ministra que esté acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura”. A pesar de que es muy personal la acusación, señala el también especialista en Derecho Constitucional, sí afecta colateralmente a la Corte.

Texto: Yazmín Mendoza

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