Viene la elección presidencial del 2024 y al mismo tiempo se cumplirán tres décadas de la reforma constitucional del entonces presidente Zedillo que creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). La fracción II del artículo 7 de la ley general del mismo mandata a los tres órdenes de gobierno coordinarse para “Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública”. El Sistema tiene muchos otros mandatos en esa norma, pero aquí me concentro en una sola pregunta: ¿ese aparato del Estado asegura en efecto la coordinación para la formulación de este tipo de políticas? A mi parecer la respuesta indubitable es que no es así y por tanto debemos preguntarnos qué hacer con el SNSP.

Si ustedes se fijan en estas tres últimas décadas, podrían fácilmente comprobar que el SNSP no logró convertirse en una referencia generalmente conocida por el público, menos en una fuente abierta de consulta que oriente hacia la toma de decisiones basadas en la evidencia empírica y el conocimiento más avanzado en la materia. Por ahí empecemos: 30 años y cinco presidentes han pasado y las personas de a pie no pueden acceder a través de ese órgano de Estado a una deliberación democrática, informada, crítica y constructiva en torno a qué funciona y qué no funciona para construir entornos protectores.

¿Para qué sirve entonces el SNSP? Esta pregunta solo la podemos contestar con investigación profunda, el problema es que ese aparato se sostiene en parte justamente en la opacidad amparada en las excepciones al acceso a la información supuestamente por motivos de seguridad. En mi concepto, la reserva de información apelando a la seguridad en incontables ocasiones funciona exactamente para lo contrario, precisamente porque las instituciones hacen imposible la rendición de cuentas, palanca a través de la cual podríamos saber en qué condiciones se encuentra el cumplimiento o no del mandato legal de construir políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables.

Lo que sí sabemos es que la vida del SNSP coincide con la peor crisis de violencias en el México contemporáneo y con la expresión más avanzada de la militarización de la seguridad pública, por cierto, justamente a la vez que se incorporó a la Constitución el mandato de que las instituciones responsables de ella sean civiles.

Hace varios años, una de las personas que ocupó el cargo de Secretario Ejecutivo del SNSP me confesó que las propuestas que hemos hecho históricamente a favor de la rendición de cuentas son acertadas, pero imposibles por cuestiones políticas. Me pidió no citarlo, pero me dejó perfectamente en claro que ese aparato ha funcionado a la manera de una barrera multicolor (gobiernos de varios partidos políticos) cuyo incentivo principal es el flujo de recursos y no la justificación de cómo se usan los fondos públicos para proteger y servir a la gente.

Según la observación continua que hemos hecho en estas tres décadas, sostengo que si pudiera hacerse una investigación profunda e independiente sobre el funcionamiento del Sistema, se comprobaría que las decenas de sesiones de su órgano superior, el Consejo Nacional de SP, no trazan una ruta formal hacia la construcción de políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables. México es un país de leyes, ciertamente no porque generalmente se les cumple, sino porque se crean y reforman las normas de manera desenfrenada, muchas veces sin calcular las implicaciones de lo aprobado.
 

Los cuatro conceptos (integrales, sistemáticas, continuas y evaluables) son acertados y fundamentales. Acertados porque, en efecto, esos atributos son característicos de las políticas de seguridad bajo Estados democráticos de Derecho y fundamentales precisamente porque son principios que fundan dichas políticas, es decir, les dan el horizonte de sentido. Pero una cosa son las leyes y otra las prácticas. Invito a buscar fuentes oficiales que en cualquiera de los tres órdenes de gobierno comprueben que se han desarrollado políticas de seguridad orientadas bajo los principios citados. En mi experiencia, sí hay referencias en esa ruta, pero son excepcionales y en todos estos años hemos confirmado múltiples casos efímeros donde los cambios de gobierno revientan los caminos andados en el camino correcto.

Termino enfatizando el problema que supone la precariedad de la evaluación. Ahí está quizá la manifestación más contundente del debilitamiento cotidiano y generalizado de las políticas de seguridad; debe tenerse claro que sin evaluaciones de procesos, resultados, impacto y presupuestales, al menos, jamás podremos comprobar con los métodos adecuados qué funciona para reducir las violencias.

¿Queremos un SNSP que profesionalice las políticas y responda qué funciona y qué no? Si es así, entonces tenemos que refundarlo. De lo contrario, seguiremos lejos, muy lejos de la anhelada construcción de seguridad, justicia y paz.
 

* Ernesto López Portillo es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO

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