Desafortunadamente existe una criminalización constante a las personas que por necesidad de tener un lugar dónde vivir, ocupan viviendas abandonadas, afirmó la Mtra. Daniela Sánchez Carro, Coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda "María Luisa Marín" de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México (CDMX).

Señaló que la prensa manejó que se iba a 'legalizar el despojo' o se 'beneficiaría a quienes delinquen' con la propuesta del Infonavit para que quienes viven de forma irregular, adquieran esas casas deshabitadas, pero esa situación tiene matices, ya que hay personas que las ocupan, viven de forma muy precaria y quieren negociar con el Instituto para poder comprarlas o rentarlas.

Ejemplificó que también hay casos de personas migrantes que, sin deseos de quedarse a vivir en los fraccionamientos deshabitados, encuentran en ellos su única opción para pernoctar, a pesar de la inseguridad, ya que estas casas muchas veces han sido usadas por grupos criminales.

"Hay un abandono generalizado de viviendas en México porque quienes son propietarios o propietarias finalizaron su pago con el Infonavit y ya no les resulta viable irse a vivir a ellas porque esas zonas son inseguras o en los alrededores no hay transporte, empleo o infraestructura. Recomendaría a los medios usar un lenguaje muy cuidadoso para no criminalizar estos casos", acotó.

Opinó que la estrategia del Infonavit para evitar desalojos y ofrecer la renta con opción a compra implica bastante trabajo administrativo porque se debe dar certeza jurídica para que estas viviendas puedan ser transferidas, porque hay personas que siguen pagando crédito y sí quieren habitarlas, o hay casos donde no se podría aplicar esta regulación si quien ocupa estas casas cometió el delito de despojo contra un propietario o propietaria legal.

Hay un déficit nacional de vivienda

Abundó que hay un 70% de déficit nacional de vivienda, es decir, no existe la cantidad suficiente de viviendas para el total de la población. El acceso se complica de más si las personas no están afiliadas al Infonavit o al Fovissste, piden préstamos o hipotecas que son difíciles de pagar. Todas estas situaciones rezagan esta necesidad poblacional.

Dijo que, aunque el Estado no puede garantizar viviendas para todos y todas, se debería de tener la posibilidad económica de tener una casa en donde vivir bajo diversas posibilidades.

"Estamos en una época en donde debemos de mirarnos de forma diferente. De ser más sensibles, no criminalizar ni lucrar con la necesidad de vivienda. También hay que demandar al Estado que intervenga porque tiene obligaciones para garantizar bienestar de la población", concluyó.

Texto: Luis Reyes/Foto: Freepik

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