“Un gran aporte del movimiento de personas desaparecidas en el país ha sido el destapar, por desgracia, la cloaca que es nuestro México querido en muchas regiones del país, esta lógica de cementerios clandestinos”, señaló Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, en su participación en la mesa de discusión "Legalidad, derechos humanos y cambio de mundo", parte del Coloquio Internacional "En la encrucijada del Norte y el Sur: La obra poética y el pensamiento crítico de Boaventura de Sousa Santos", realizada en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

El especialista en la defensa de garantías individuales y derechos de las comunidades indígenas y rurales subrayó que el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez ha aprendido a colocar a las víctimas en el centro del proceso, pues la mayor legitimidad del proceso se debe a ellas y no a sus defensores y acompañantes.

Boaventura de Sousa Santos, quien fungió como comentador, subrayó que la búsqueda del paradero de las personas desaparecidas no es fetichista ni busca venganza. 

"Es porque son seres con una dignidad, que están ahí ocultados. Y con eso todos nosotros perdemos nuestra dignidad, nuestra fuerza, nuestra identidad como humanos. Nos degrada a todos como subhumanos. Lo que está pasando en México, en este caso, es una masiva estrategia de subhumanizar a los mexicanos", enfatizó.

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Por su parte, Cecilia Santos, doctora en sociología por la Universidad de California-Berkley, señaló que las víctimas directas sobrevivientes o sus familiares no son pasivas, pues muchas veces se convierten en activistas, en su proceso de lucha por la justicia.

“La paradoja de luchar por la justicia estatal e interestatal, en la escala transnacional, es que los Estados pueden ser, y muchas veces lo son, autores directos de la violencia, o responsables indirectos por las violaciones de derechos humanos, incluyendo la falta de justicia. Las víctimas y las ONG están conscientes de estas contradicciones, pero aun así utilizan el derecho internacional por su pequeño potencial emancipatorio y para poner al desnudo las contradicciones. Es una forma de protesta”, dijo.

La también maestra en derecho por la Universidad de Sao Paolo subrayó que la movilización legal tiene que ser combinada con la movilización política y social.

“Tiene que ir más allá de los derechos individuales e incidir en los colectivos. Las escalas de movilización deben conectar lo local con lo global”, añadió la investigadora de los discursos y prácticas de violencia contra la mujer.

En la mesa también participó Pablo Reyna, director de Programas de Incidencia de la IBERO y conductor del programa Zigma Política en IBERO 90.9, quien refirió la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, “que busca constitucionalizar el ejercicio de facto que por años el Ejército ha tenido del poder, inconstitucional e ilegítimo”.

JTGI/ICM

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