Las deportaciones han ocurrido desde hace más de 100 años y es una política sistematizada del gobierno de Estados Unidos (EU) que se ha vuelto mediática en ciertos periodos, como en la crisis económica de 2008 y durante la primera llegada de Donald Trump al poder, indicó la Maestra (Mtra.) Pía Taracena Gout, Académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana (IBERO).

La especialista en política exterior de México, EU y Canadá dijo que, desde el inicio del primer mandato de Donald Trump, se usó una retórica antiinmigrante, promoviendo deportaciones masivas y el endurecimiento de las políticas enfocadas a este sector.

Acotó que, a diferencia de décadas pasadas, cuando principalmente se deportaba sólo a personas, la primera administración del republicano también se enfocó en la expulsión de familias completas, una práctica que generó violaciones a los derechos humanos y daños psicológicos en las y los migrantes en esta situación.

Destacó que México, como país vecino y con una comunidad importante de migrantes indocumentados en EU, enfrenta retos significativos ante esta política, pues históricamente, la respuesta del gobierno mexicano ha sido reactiva, careciendo de una estrategia sólida que contemple las complejidades actuales.

Advirtió que, en años recientes, las deportaciones han involucrado no solo a ciudadanía de México, sino a migrantes de otros países de Centroamérica y Sudamérica que son enviados a México al no poder ser devueltos a sus naciones de origen, lo que ha complicado aún más la situación migratoria en la región.

Aunque el gobierno mexicano ha implementado acciones como el fortalecimiento de la red consular y la contratación de abogados, la académica de nuestra casa de estudios señaló que los recursos económicos y humanos destinados a enfrentar esta problemática son insuficientes.

Involucrar a universidades para brindar apoyo a migrantes

La Mtra. Taracena, quien en días pasados estuvo presente en la XXXVI Reunión de titulares de Embajadas y Consulados 2025, llevada a cabo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó la necesidad de involucrar a universidades y a organizaciones civiles tanto en México como en EU para brindar apoyo integral a migrantes.

 

 

 

 

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"Las y los migrantes indocumentados suelen ocupar empleos esenciales en sectores como la agricultura y la construcción, trabajos que muchos ciudadanos estadounidenses no están dispuestos a realizar. Va a ser una prueba real de entre lo que es la retórica electoral por los costos que va a tener para EU", apuntó.

Abundó que la expulsión de migrantes generaría vacíos laborales difíciles de cubrir y, a largo plazo, afectaría la economía estadounidense, además de que para implementar esta política se requieren cientos de miles de millones de dólares.

"En México, la llegada de miles de deportados plantea desafíos adicionales. Aunque algunos de estos migrantes tienen una formación académica o técnica avanzada, la economía mexicana carece de la capacidad para absorber esta mano de obra, lo que podría generar problemas laborales", agregó.

Subrayó la importancia de la solidaridad internacional y la colaboración entre gobiernos, comunidades y organizaciones para mitigar el impacto de las deportaciones y mencionó que consulados, comunidades, escuelas y asociaciones civiles en EU desempeñarán un papel clave en la defensa de personas migrantes, en especial de aquellas con descendencia nacidas en ese país.

Por otra parte, destacó la posibilidad de que Trump declare una emergencia nacional para facilitar la construcción de centros de detención y el aumento del presupuesto para deportaciones, pero estas acciones podrían enfrentar limitaciones administrativas y económicas, dado el elevado costo de su implementación y el endeudamiento público de EU.

Concluyó que la política migratoria de ambos países refleja un sistema roto y una falta de voluntad política para encontrar soluciones complementarias, y aunque Trump ha prometido acciones contundentes, las deportaciones masivas presentan retos logísticos, económicos y sociales que podrían dificultar su implementación a largo plazo.

Texto: Luis Reyes / Foto: X/@CBP

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