Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCC) no ha recibido la demanda por daño moral y difamación que prometió Emilio Lozoya Austin, luego de que la organización civil diera a conocer que la constructora brasileña Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares a una empresa establecida en las Islas Vírgenes, ligada al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando era coordinador de Vinculación Internacional durante la campaña de Enrique Peña Nieto.

“Todavía no nos han demandado como nos amenazaron, pero es la manera de este tipo de funcionarios de combatir la libertad de expresión por medio de la amenaza de una demanda”, señaló Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico de la asociación, luego de participar en la octava edición de Expo ARU (Área de Reflexión Universitaria), celebrada en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

La investigación de MCC se dio a conocer un día después de que el diario brasileño O Globo informara que Petrobras no fue la única petrolera que tuvo ejecutivos corrompidos por Odebrecht, pues Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos habría recibido sobornos por 10 millones por parte de la constructora brasileña, ganadora de una licitación por 115 millones de dólares para realizar obras de una refinería en Tula, Hidalgo.

De acuerdo con Carrasco, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad -organización que dio a conocer el caso de las 45 empresas fantasma en Veracruz y los 'piratas' de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo- siempre está sujeta a las demandas por las temáticas que trata, pero aseguró responderán diciendo que cuentan con elementos objetivos para acreditar que no cometieron ningún daño moral.

“En caso de que haya un juez que condene a una organización como la nuestra por daño moral es porque se trata de un juez corrupto; nosotros no nos vamos a detener por amenazas de daño moral por parte funcionarios. Siempre estamos sujetos a que nos demanden. Eso no nos detiene ni nos preocupa”, señaló Carrasco.

En tanto, explicó que la presunción de inocencia no aplica si se cuentan con elementos objetivos. En todo caso, impera en el procedimiento penal, pero es algo independientemente del proceso de la investigación periodística.

“La presunción de inocencia es de asuntos penales, lo ha querido confundir esta persona (Lozoya) en la opinión pública. La presunción de inocencia es distinta a la que tiene que cumplir el ministerio público, los jueces, y la de un periodista".           

El integrante de MCC, que visitó la IBERO para participar en el panel '¿Cómo nos podemos arreglar? Corrupción en México', recordó que Ricardo Monreal también amenazó con denunciar a la organización civil por daño moral, luego de que diera a conocer que como jefe delegacional en la Cuauhtémoc había otorgado contratos por 184 millones de pesos a empresas zacatecanas vinculadas con su hija Catalina Monreal. Pero la demanda, tampoco llegó.

Al respecto, Carrasco señaló que tanto los abogados de Lozoya, como de Monreal, no se han percatado de que en el Código Penal el delito de difamación se derogó hace muchos años en México.

Invitó a los estudiantes a afiliarse a la organización y ayudar con ideas. “Tenemos un laboratorio de ideas, siempre necesitamos más, que nos ayuden con horas o minutos de trabajo, que denuncien temas de corrupción, que nos lo hagan saber, para que como ONG se presente lo que se tenga que presentar o se inicien líneas de investigación”, apuntó.

La corrupción cuesta alrededor de 5% del Producto Interno Bruto de México, y representa costos sociales y políticos, según datos de MCC.

Valentina González/ICM