En su eje rector obligatorio para todas las autoridades, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que entrará en vigor el próximo 17, de noviembre  se dividió en dos: en la búsqueda con perspectiva de género y en visibilizar el trabajo de mujeres buscadoras, señaló Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), quien participó en el 4º Congreso Internacional de Construcción de Paz con Perspectiva de Género que realiza la IBERO a través del Programa de Género e Inclusión .

Al platicar sobre el avance que ha logrado la CNB en materia de búsqueda de niñas y mujeres, Quintana compartió que, en la construcción del Protocolo, en un proceso amplio y participativo, recibieron retroalimentación de muchos grupos de mujeres para fortalecer el eje rector relacionado con la búsqueda con perspectiva de género en dos vertientes:

1) Incidir en la política pública en la búsqueda, cuando la persona desaparecida es una niña o mujer.

2) Visibilizar el trabajo de las buscadoras, pues más del 90% de las personas que buscan a sus familiares son mujeres, ellas han dirigido la búsqueda y son quienes se han enfrentado a un estado patriarcal en donde la mayoría de los funcionarios públicos son hombres.

La titular de la CNB, quien participó en el panel virtual La justicia transicional como camino hacia la paz: la importancia del enfoque diferenciado en la formulación de políticas públicas para proceso de transición, dijo que se impulsó que ningún ministerio público debe esperar 72 horas para abrir una carpeta de investigación ante la desaparición de una mujer.

Pues ante el contexto de violencia que se vive en México, toda desaparición de mujer será considerada como víctima de un delito, lo cual, inmediatamente, tiene consecuencias jurídicas como el hecho de que el ministerio público se sume a la búsqueda inmediata de la desaparecida.

 “El protocolo pretende, no sólo visibilizar, sino apuntar hacia una capacitación y obligación de las diferentes autoridades. No se limita a las obligaciones que tienen las comisiones de búsqueda -que no son las únicas obligadas a hacerlo-, pues existe un derecho humano a ser buscado. Somos distintas instituciones que en el ámbito de nuestras competencias estamos obligadas a buscar: comisiones, fiscalías, policías, migración, el INE, la SRE, instituciones que deben dar información y contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas”.

La búsqueda en México

Recordó que, hace apenas tres años, el mecanismo de búsqueda en México se creó por impulso de las familias, ante una ausencia de respuesta por parte de las autoridades. Dijo que la búsqueda de personas es una obligación del Estado y en otros países se hace lo hace a través de las fiscalías y procuraduría, pero en nuestro país se tuvo que crear una instancia para ello.

Añadió que no hay fórmula única para estos mecanismos de búsqueda; lo que sí hay es un reconocimiento por parte de la sociedad respecto a que las instituciones encargadas de hacer este trabajo fallaron.

“Cuando se crea una comisión de búsqueda y comenzamos a pensar en una política pública de búsqueda con perspectiva de género, la primera pregunta que debemos hacer desde las instituciones del Estado es a quién estamos buscando, parece obvio, pero es difícil de responder en términos de oficiales”, dijo Quintana.

Explicó que en México la definición de persona desaparecida es más amplia que en los países de la región, pues es toda aquella persona que está ausente y se presume es víctima de un delito. La ley no hace distinción porque se habla de desaparición forzada, de trata o sustracción de menores, por lo cual, ante dichas amplitudes se debe tener la certeza de a quién se está buscando.

“El primer paso de política pública importante es tratar de tener información oficial y después abrir todos los canales para conseguir información que no sea oficial. Al día de hoy, según información otorgada por las fiscalías, hay más de 77 mil 500 personas desparecidas. El 98% corresponde de 2007 a la fecha. Toda esta información nos sirve para generar políticas públicas”, señaló.

El 25% de ese total son mujeres que continúan desparecidas, la gran mayoría son jóvenes: entre los 15 y 19 años se encuentra el índice más alto de mujeres desparecidas en México. También el índice más alto de localizadas está en este rango de edad.

“Esta información es importante en términos de políticas públicas porque cuando se localiza a las personas, es importante saber las razones que circundaron la desaparición (…) porque sabemos que las violencias van escalando y pueden terminar en desaparición o feminicidio”, agregó.

Asimismo, explicó que a través del Protocolo también se abrió la posibilidad de que cualquier persona que quiera aportar información sobre una desaparición puede hacerlo sin que exista denuncia e incluso el reporte puede ser anónimo. Además, hicieron una conceptualización sobre los diferentes tipos de búsqueda: individualizada, generalizada, en familia; y por patrones, pues las desapariciones no son aisladas, se tienen que ver en un contexto y tiempo específicos.

“La forma en la que tendremos mejores hipótesis de búsqueda contextuales es teniendo toda esta información y podremos tener más éxito en análisis contextual de la desaparición de mujeres en cierto lugar, que buscando específicamente o aisladamente a una”, detalló.

El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas fue aprobado hace dos meses y medio y entrará en vigor el próximo 17 de noviembre.

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Valentina González/ICM