A partir de ahora, cualquier persona puede realizar su propia exploración y análisis, a nivel estatal o municipal, de los enfrentamientos con civiles que ha reportado la Sedena de 2007 a 2022, con un mapa interactivo --primero en su tipo-- desarrollado por el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana. Cada año, cada municipio, cada estado puede ser revisado en números de personas fallecidas, heridas y detenidas, ya sean civiles o sean autoridades.

Se trata de un “recuento gráfico de la guerra contra el narcotráfico protagonizado por el Ejército a través de sus propios datos”, de acuerdo con Sam Storr, colaborador del Programa y creador de esta plataforma digital. Esta información se obtuvo a través de varias consultas realizadas a lo largo de los años que los investigadores Ibero han rastreado el tema, con el apoyo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Cada año reviso los documentos por cambios entre años, y hago la labor de limpieza y vinculación con datos geográficos”, explicó Storr en entrevista. Destacó que su aportación es crear productos de difusión para poner esos datos en el dominio del público, para que puedan ser analizados de manera sencilla y accesible, y así transparentar las acciones del gobierno, pues hay una diferencia muy importante entre informar y transparentar. La administración federal actual, indicó, hace lo primero, pero no lo segundo.

Hay datos falsos en la versión de la Sedena

Dado que el mapa interactivo se basa en datos oficiales, Sam Storr advirtió que “no sabemos cómo se produce esta información, cómo se revisa, ni siquiera la razón de existir de esos datos”, y agregó que hay que tomarlos desde una perspectiva muy crítica. Sobre el caso de los enfrentamientos, no sabemos cómo se registran, pero lo que sí sabemos es que algunos registros no son ciertos, explicó.

En el sitio web, la información adicional al mapa señala que instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han investigado casos en los que no hubo agresiones al Ejército, como indica la narración oficial, sino que la Sedena llevó a cabo ejecuciones, y estos datos no se actualizan en la base de datos oficial. Las ejecuciones significan que se cometen homicidios en contra de personas que no representan una amenaza letal.

“Por ejemplo, la Sedena informa que su personal sufrió una agresión de parte de personas armadas en el municipio de Luvianos, Estado de México el 30 de octubre de 2014. En la cuenta oficial (proporcionado el 24 de marzo de 2023: solicitud con folio 330026423000044) el único saldo fue de 6 ‘agresores’ fallecidos. La subsecuente investigación realizada por la CNDH indicó que las víctimas (dos mujeres adolescentes) no habían accionado las armas encontradas a su lado y que cinco de ellos no murieron frente a frente con los soldados, les dispararon en la espalda o murieron por el impacto de una sola bala. En contraste al testimonio de los soldados, varios de los cartuchos que habían usado se encontraban cerca a las víctimas”.

Un ejemplo más reciente es el de una posible ejecución contra cinco personas civiles por parte de miembros del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sucedida el pasado 18 de mayo. En el lugar de los hechos no hubo autoridad civil alguna presente, sino varias horas después hasta la llegada de la Fiscalía General de la República (FGR), en cuyo lapso, gracias a una cámara de video de un centro comercial, se observa que los soldados acercaron al menos un arma a uno de los cinco civiles ejecutados, todo indica que con el propósito simular un enfrentamiento, según describió Ernesto López Portillo, coordinador del PSC.

El investigador añadió que la Ley nacional sobre el uso de la fuerza establece los criterios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, así como rendición de cuentas y vigilancia. “Si esto no se cumple al usar la fuerza, estás violando la ley. ¿Se cumplen esos principios? No lo sabemos, pero en los casos que investigan instancias como la CNDH, sabemos que no, porque se investigan porque hay indicios de ejecuciones”. Por ello, señaló que los datos hacen pensar que hay un patrón de comportamiento parece estar asociado a prácticas de abuso.

Preocupación por Tamaulipas

Al abrir el mapa, un dato salta a la vista: la entidad federativa con más enfrentamientos registrados es Tamaulipas, con 2 mil 493 de 2007 a 2022, a diferencia de Aguascalientes o Baja California Sur, que registran 4 cada una. Sobre este punto, López Portillo destacó lo que consignó en un artículo publicado en Animal Político: En los últimos 10 años (2013 a 2022), más de la mitad de los enfrentamientos reportados por la Sedena ocurrieron en Tamaulipas. En contraste, esta misma institución estima que sólo el 10% de los enfrentamientos entre grupos delictivos entre 2017 y 2020 de todo el país ocurrieron en esa entidad. “Eso es muy raro”, dijo, porque son pocas confrontaciones entre grupos delictivos y muchísimas confrontaciones con la Sedena.

Tomando en cuenta otro dato, el índice de letalidad, refirió que el promedio actual en el país es de 4.5 personas muertas por cada persona herida --mucho más bajo que en 2012, de 14.7--. Pero, lejos de este promedio, el índice de letalidad en Tamaulipas es de 19, y en el municipio de Nuevo Laredo, de 28.8. El índice de letalidad, explicó López Portillo, es el total de civiles fallecidos dividido entre el total de civiles heridos. “Lo que es importante del índice de letalidad es que indica posibles usos ilegítimos de la fuerza, y se encuentra en niveles exorbitantes en Nuevo Laredo”.

Actuación del Ejército desde otras fuentes de información

El Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana mencionó también la perspectiva de Con Copia Oculta y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Con Copia Oculta, Data Cívica e Intersecta hicieron pública una base de datos que se filtró a través del colectivo Guacamaya, gracias a la cual los investigadores del PSC encontraron que en la inmensa mayoría de los enfrentamientos entre 2017 y 2020 no había autoridades civiles presentes, estaba el Ejército solo en el 83% de los casos, y en Tamaulipas, en arriba del 90% de los casos.

 Por su parte, el Centro Prodh dio a conocer en Animal Político un análisis que tiene que ver con la manera como se sigue “autoinvestigando” la Sedena, explicó López Portillo, lo cual va contra la Constitución y contra las normas internacionales, es decir, es inconvencional. Cualquier indicio de un posible delito de personal militar que involucra a civiles debe ser investigado por autoridades civiles, y no está pasando, lamentó.

Texto: Yazmín Mendoza

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