Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso freno al dictamen que establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tome el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN), el cual había sido ratificado por las Cámaras de Diputados y Senadores --en un debate que duró más de 10 horas en ambos órganos legislativos-- en septiembre del año pasado.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallo de las y los ministros de la SCJN y dijo que presentará una nueva iniciativa en 2024 para que la GN pase a Sedena; por otro lado, hay quien acusal al jefe del Ejecutivo de intentar “militarizar” al país, pero, más allá de las facciones políticas, ¿cómo nos afecta que los órganos policiales sean administrados y operados por el Ejército?

Para responder esta interrogante, conversamos con el Dr. Rodolfo Gamiño, académico del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel I, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuyas líneas de investigación son Estado, movimientos armados, militarización, violencia política, desaparición forzada y políticas de la memoria y el olvido. 

“Primero, habría que pensar que, en términos legales o jurídicos, sería un proceso inconstitucional porque la Guardia Nacional viene a ocupar un lugar de una guardia con mando civil y en términos constitucionales, sus funciones operativas serían muy diferentes a las que tendría, por ejemplo, la Sedena”, nos dice el Dr. Gamiño.

Justamente, ese fue el argumento de las y los magistrados de la Suprema Corte - quienes con ocho votos a favor y tres en contra - frenaron el decreto aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión en septiembre de 2022, al considerar que vulnera el artículo 21 de la Constitución, el cual establece que “las instituciones de seguridad pública - incluyendo la Guardia Nacional - serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. 

Que la GN sea administrada por el Ejército, ¿es un intento de militarización?

“Los militares son el último reducto de la soberanía del país y su acción, en términos de seguridad, debe ser en contextos excepcionales como guerras, invasiones o programas de bienestar como el Plan DNIII, en acciones humanitarias y en desastres naturales”, menciona el Dr. Gamiño, quien agrega que “las facultades que se han dado a las fuerzas armadas desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador han sido desproporcionadas y es a histórico, ni con el PRI en sus mejores épocas, se hubiera pensado en un proceso de militarización legalizada, porque eso es y hay que decirlo”.

“Siempre se acusa a las disidencias y a las oposiciones de ser conservadoras, de retrógradas y no, las cosas como son, el haber aceptado la integración de la Guardia Nacional (a Sedena), es una extensión de una militarización ya declarada, legalizada”, señala el autor de los libros La Patria de los ausentes: Un acercamiento al estudio de la desaparición forzada en México, Las memorias fragmentadas de una guerra sucia. El caso del Colectivo Rodolfo, Guerrilla, represión y prensa en la década de los setenta en México. Invisibilidad y olvido y próximamente Las metáforas de la ausencia en México e Ilocalizables, que actualmente se encuentran en imprenta.

Entre los riesgos de poner un mando castrense al frente de las fuerzas policiales, el Dr. Gamiño menciona dos: El primero, es que “los grados de impunidad en las acciones extrajudiciales, al meterse al Ejército, estarían mucho más blindadas y segundo, se entregaría a las Fuerzas Armadas, en este caso a Sedena, un presupuesto desproporcionadísimo, más del que ya se tiene, que ahora administran sectores portuarios, aéreos, son constructores, son diseñadores, etcétera, y ese también es un riesgo que constitucionalmente es incoherente”.

El académico también advierte “si lo que hicieron la Dirección Federal de Seguridad y los militares en la Guerra Sucia, que tenías más de 600, 700 desaparecidos, en ese momento era ilegal, es volver legal lo que en ese momento se hizo de manera ilegal y eso es terrorífico y escalofriante pensarlo, pero no se ve manera de que, al menos en lo que queda de este gobierno, los militares vayan a perder el poder y el problema ahora va a ser cómo se los vas a quitar”.

“El problema es que entregar la Guardia Nacional a las fuerzas militares es una extensión de una ‘militarización legalizada’ en todos los reductos del país y eso todavía tiene más riesgos, como decíamos, más allá de la violencia, de las violaciones a los Derechos Humanos, ejecuciones extrajudiciales y como es legal, ya no sería impunidad, están en su derecho, en decidir qué es excepcional y qué es regla y en función de eso hacer lo que quisieran”, dice el Dr. Rodolfo Gamiño. 

¿Cómo surge la Guardia Nacional?

“Me gustaría comentar un poquito cómo surge la idea de la Guardia Nacional y en qué contexto. Yo recuerdo cuando se hacen los diálogos por la democracia, la IBERO estuvo presente, cuando López Obrador era todavía candidato a la presidencia, si mal no recuerdo, se hicieron en el Museo de la Memoria y Tolerancia”, señala el investigador. 

“En ese entonces (en 2018), Pablo Reyna y Helena Varela entrevistaron a Andrés Manuel y era sintomático porque le preguntan ‘si llegara a ser presidente, ¿los militares regresarían a los cuarteles o no?’ y yo recuerdo mucho, Obrador gesticula una sonrisa, hace una arenga de las que suele hacer para al final decir ‘ni sí, ni no’; o sea, regresan y no regresan”, menciona el Dr. Gamiño.

“Pablo Reyna le cuestiona cuál será el papel de los militares en su gestión, de la Sedena, particularmente, y Andrés Manuel López Obrador dice ‘sí, no regresan a los cuarteles, pero tendrán una capacidad de, digamos, de desarrollo, de desempeño, en términos de seguridad, que va a ser importante’; a los días, ya electo presidente, se anuncia la creación de una GN, siempre se había dicho que era de corte civil, Obrador mismo lo había comentado que era una policía administrada por organismos civiles”.

La Guardia Nacional, ¿tenía potencial para mejorar la seguridad?

“Y ahí, en un principio, cabe aclarar que a título personal, yo veía muy bien la construcción de una Guardia Nacional, ¿por qué? Porque aparentaba que había una intención por parte del Gobierno Federal, nuevamente, por centralizar la seguridad y hacer una policía que dependiera directamente de mandos civiles, de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, de Presidencia y que se regresaba la centralización de los mandos policiales a la tutela del Estado”, dice el historiador. 

“Se pensaba, o al menos lo augurábamos, como un modelo que a corto plazo podría funcionar porque así había funcionado muy bien durante todo el periodo de vida de la Dirección Federal de Seguridad (que operó entre los años 40 y 80 en México), en relación al narcotráfico, crimen organizado y todo ello”, recuerda el Dr. Gamiño: “Conforme pasa el tiempo, la GN empieza a tener características muy extrañas, no se centraliza, no llega a ser  un mando centralizado en términos de operaciones para la seguridad y siempre estaba ese guiño de que la Guardia Nacional, al menos como se conforma - por militares mayoritariamente -  iba a depender directamente de mandos castrenses”. 

“La primera desilusión, al menos desde mi lectura es que la GN no fue una organización policial que regresaba la centralización del mando al Estado, se ha dicho, no sé qué tanto se pueda comprobar, que a la GN, al igual que como en su momento fue la Sedena, les ganaron los conflictos de interés y se empieza a desprestigiar todo el proceso, como lo hemos venido viendo hasta ahora, de abusos de Derechos Humanos, ejecuciones extrajudiciales, de que supuestamente se iba a operar diferente a la AFI y realmente se siguió reproduciendo lo mismo”, dice el Dr. Gamiño. 

¿Cuál es la diferencia entre una policía centralizada en el Estado y una militarizada? Aquí el link a una nota en la que el Dr. Rodolfo Gamiño nos explica cuándo comenzó la crisis de seguridad en México, cómo operaba la Dirección Federal de Seguridad - que durante décadas mantuvo a raya al crimen organizado -, cuáles fueron los errores que cometieron las administraciones de los presidentes Felipe Calderon y Enrique Peña Nieto, así como el actuar en materia de seguridad del actual líder del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. 

Te recordamos que en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana contamos con una licenciatura en Historia, una maestría en Historia y un doctorado en Historia. ¿De qué temas te gustaría saber más? Comparte tu opinión en nuestras redes sociales. 

Por: Laura Herrera Camarillo

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