Activistas y familiares de personas desaparecidas cuestionaron la utilidad de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica en los procesos de investigación y localización en casos de ciudadanas y ciudadanos reportados como ausentes y/o no localizables, que, según la Secretaría de Gobernación, ascendían a más de 130 mil hasta mediados de este año.

 

Lo anterior en la Universidad Iberoamericana, durante el conversatorio ‘Voces de Esperanza: Diálogo Hasta Encontrarles’, organizado por la representación de estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, como parte de las jornadas académicas del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas.

 

El evento fue moderado por Santiago Corcuera, académico del Departamento de Derecho de la IBERO y expresidente de Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien denunció un presunto intento oficial de subestimar la crisis en torno a las más de 130 mil personas ausentes y/o no localizables en México.

 

La “invisibilización” de las autoridades en torno a la desaparición de personas “no es parte de nuestra agenda en la Universidad Iberoamericana”, advirtió el experto durante el diálogo, del que también formaron parte la activista y periodista independiente Sandra Suaste Ávila; Carlos Ramírez, del Colectivo Hasta Encontrarles, quien desde 2019 busca a su hermano Ángel y dos compañeros que desaparecieron al salir de su trabajo en un restaurante de la colonia Lindavista de CDMX; Nadín Reyes Maldonado, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ‘Hasta Encontrarlos’, quien busca a su padre, el activista Edmundo Reyes Amaya; y Jorge Verástegui, hermano de Antonio Verástegui y tío del niño Antonio de Jesús Verástegui, desaparecidos desde 2009 cuando fueron detenidos por un retén de miembros de 'Los Zetas' en Coahuila.

 

 

 

Uno de los puntos a analizar fue el de la CURP Biométrica, cuya creación fue aprobada por el Poder Legislativo en julio, como parte de un paquete de reformas en materia de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

 

La CURP, según lo aprobado, integra toda la información personal y características de la población de matera digital, incluyendo los datos de registros públicos y privados. De acuerdo con la propuesta, este documento podría ayudar a seguir la pista a cualquier movimiento, registro o actualización que pudiera servir como pista en la búsqueda y localización de una persona reportada como desaparecida.

 

Pero, en opinión de Sandra Suaste Ávila, hay que analizar si esta propuesta presentada como “innovadora” puede representar una vulneración a la seguridad digital de cada persona.

 

La periodista, además, urgió a no dejar de combatir la impunidad y a las redes criminales que vulneran los Derechos Humanos.

 

Carlos Ramírez confesó que considera que esta tecnología responde principalmente a la identificación de cadáveres y restos humanos, y pidió recordar que la prioridad debe ser localizar con vida a las y los ausentes.

 

Para Nadín Reyes Maldonado, la creación de la CURP biométrica podría responder más a una lógica de “control social” que a una solución al problema. Además, la activista criticó que, aunque el Estado ya tiene herramientas que podrían resultar útiles para resolver estos casos, “todo con lo que ahora cuentan no lo ponen en marcha”.

 

La hija del luchador social Edmundo Reyes Amaya también cree que todo el paquete de reformas que se aprobaron debería ir acompañado de la contratación de personal con capacidad y empatía para hacer frente a la crisis.

 

Por su parte, Jorge Verástegui recordó que, aunque la CURP biométrica ayude a futuros casos, no hay que dejar de lado que este documento no ayudaría a resolver los 130 mil casos ya existentes, y compartió los posicionamientos de Reyes Maldonado, respecto a un presunto intento de “controlar a la población”, así como el de Ramírez, sobre que esta CURP respondería principalmente a la identificación de restos.