IBERO e instituciones debaten sobre seguridad y militarización en México

Vie, 30 Nov 2018
La IBERO, el Centro Prodh, la UNAM, el CIDE, el Colmex y Causa Común participan en la mesa de análisis ‘Seguridad pública y militarización’
  • Mesa de análisis ‘Seguridad pública y militarización’.
  • Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO.
  • Carlos Silva, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
  • Samuel Storr, consultor del Programa de Seguridad Ciudadana.
  • Catalina Pérez Correa, investigadora del Programa de Políticas de Drogas del CIDE.
  • Sergio Aguayo, académico del Colmex.
  • Daira Arana, investigadora de Causa en Común.
  • Mario Patrón, director del Centro Prodh.
  • Mónica Serrano, investigadora del Colmex.

El Programa de Seguridad Ciudadana, con apoyo del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico (CeX), ambos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (IBERO), organizó la mesa de análisis ‘Seguridad pública y militarización’, con el fin de contribuir a darle contenido al debate sobre el paradigma de seguridad pública en México.

La actividad contó con la participación de académicos-investigadores de la IBERO, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de El Colegio de México (Colmex) y de la organización Causa Común.

Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana, dijo que la discusión respecto al plan de paz y seguridad ha generado un auténtico debate a nivel nacional, al menos en los poderes legislativos. En este sentido, la mesa se decidió realizar “para hablarle a las y los legisladores del país” de las comisiones relacionadas con temáticas de la seguridad, a quienes harán llegar un documento con las recomendaciones emanadas de la mesa.

Para dar inicio a la discusión, López Portillo compartió con los participantes tres ‘evidencias’, publicadas en el periódico Milenio (el jueves 29 de noviembre):

  • Evidencia 1. Los homicidios dolosos subieron en 25 estados, comparando los sexenios de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El sexenio que termina es el que se registra la mayor violencia; cuando menos en la historia moderna de México.
  • Evidencia 2. El promedio anual de miembros de las fuerzas armadas destacados en tareas de auxilio a la seguridad se incrementó de 48 mil a 56 mil elementos.
  • Evidencia 3. El presupuesto para justicia, seguridad nacional, orden público y seguridad interior creció en 549 mil millones de pesos.

Estrategia letal

Samuel Storr, consultor del Programa de Seguridad Ciudadana, comentó que el Plan de Seguridad que se tiene es un poco distinto de lo que fue prometido durante el periodo de campañas, y no parece reducir el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, sino más bien ampliarlo y extenderlo.

En cuestiones de justicia, dijo, hay 500 casos de crímenes de militares contra civiles; que es en las bases militares donde se puede “detener ilegalmente” a los civiles, para después presentarlos al ministerio público; y que el Ejército tiene el control de la escena del crimen antes de que lleguen las autoridades civiles.

Carlos Silva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mencionó que con la estrategia de militarización hubo un aumento de la violencia. El ‘índice de letalidad’, que él construyó, evidencia que en 2017, en enfrentamientos de la Policía Federal con presuntos miembros de la delincuencia organizada, por cada policía que falleció hubo16.5 civiles muertos. Si los enfrentamientos son con la Marina, por cada 1 o 2 heridos hay entre 62 y 65 muertos.

El intento de escape parece ser el detonador del uso del disparo de un arma de fuego, que tiene mayor probabilidad de ser hecho por elementos del Ejército y la Marina, comparado con la Policía Federal. En cuanto a la tortura, que puede consistir en asfixia, toques eléctricos, quemaduras o violación, independientemente del delito y de si los detenidos se defendieron o no, la Marina tiene mayor propensión a ésta.

Por ello Silva opinó que, si la militarización va a continuar bajo otra modalidad, hay que pensar formas en las cuales el uso de la fuerza no conlleve posibles abusos y graves violaciones a los derechos humanos.

Catalina Pérez Correa, investigadora del Programa de Políticas de Drogas del CIDE, añadió que entre diciembre de 2011 y agosto de 2012 se suscitaron 590 enfrentamientos, donde no hubo heridos, ni detenidos, pero sí civiles muertos. Lo que da cuenta de un máximo uso de la fuerza letal, porque no hay un control de la misma.

Agregó que con cada enfrentamiento que se da se incrementa la violencia: en un 6%, si participan fuerzas municipales; en 8%, si es contra fuerzas federales, y en 9%, si es contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Para Sergio Aguayo, académico del Colmex, hay que partir del supuesto de que el Ejército y la Marina van a seguir en las calles. En este contexto hay que preguntarse qué pasa con los organismos de derechos humanos en México, que están desaprovechando la institucionalidad que ellos mismos han construido.

El actual es un momento de cambio, que habrá que ver si es hacia la policialización de las fuerzas armadas, es decir, que hagan labores que corresponde a las policías con dinámicas militares, consideró Daira Arana, investigadora de Causa en Común.

A ella además le preocupa que el discurso de seguridad pública de Andrés Manuel López Obrador tuvo un cambio radical después de que fue a la Sedena, y que el plan que se tiene ahora es más preocupante que el que se tenía con la seguridad interior.

El director del Centro Prodh, Mario Patrón, afirmó que el debate sobre el modelo de seguridad comenzó hasta después de 10 años de iniciada la guerra contra el crimen organizado, y ahora que se vive un momento de alternancia política, de reconstruir el sistema social, el gran ausente son las instituciones civiles, las instituciones policiales.

Mónica Serrano, investigadora del Colmex, consideró que permanecen como asignaturas pendientes, la reforma de las fuerzas armadas y la ausencia de cuerpos de seguridad confiables.

Nota relacionada:

La Guardia Nacional no es la vía: Programa de Seguridad Ciudadana IBERO

Texto: PEDRO RENDÓN/ICM

Fotos: Alberto Hernández

 

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