En México no hay suficientes abogados/as que lleven casos de conflictos socioambientales, pese a que en el país hay, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 332 conflictos socioambientales, por temas como hiperurbanización, extractivismo minero, energético e hídrico, dijo la maestra Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, responsable de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres de la IBERO.

Al hablar de El papel de las clínicas jurídicas para la justicia ambiental, mencionó que éstas son importantes en virtud del contexto de crisis ambiental existente, en el que ya se empiezan a ver los efectos del cambio climático. A esto hay que sumar que, “México es uno de los países más peligrosos para ser persona defensora del medio ambiente”, donde en 2020 se registraron 65 ataques a personas defensoras del medio ambiente -según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental-.

Ante esta situación, surge la necesidad de que las y los jóvenes universitarios se empiecen a involucrar en este contexto, para buscar revertirlo. Para ello, se recurre al concepto de justicia socioambiental, que implica generar procesos políticos, sociales, económicos, de información y participación directa, que sean culturalmente adecuados para la toma de decisiones, y para contar con mecanismos para emprender acciones punitivas y de reparación en caso de decisiones que puedan afectar la vida en el campo y en la ciudad.                                                                                                   

También se apela a la justicia socioambiental para enfrentar el racismo, clasismo y machismo que han excluido históricamente a ciertas comunidades en la planeación y ejecución de proyectos de desarrollo, mega proyectos y proyectos extractivos. Por eso, Ramos cree que es importante dar una enseñanza clínica.

Enseñanza que en la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres se enfoca en dos grandes temas: cambio climático y medio ambiente y territorio. Y que transversalmente toca los temas de género, interculturalidad y justicia ambiental, porque se cruzan con los primeros dos.

Para que todas y todos los estudiantes tengan un piso común, la clínica imparte algunas clases sobre diferentes cuestiones necesarias para llevar a cabo estrategias de incidencia de litigio en asuntos socioambientales, como son: derechos humanos, derecho ambiental, políticas públicas e incidencia legislativa. Ya que los alumnos/as tienen una misma base pueden empezar a hacer investigación, pero una investigación “que sirva, para que se haga tal vez un litigio estructural, políticas públicas, incidencia legislativa”.

En cuanto a lo hecho en la clínica (con la que colaboran estudiantes de la Licenciatura en Derecho y la Licenciatura en Sustentabilidad Ambiental), la maestra Ximena comentó que en el verano las y los alumnos de la IBERO trabajaron algunos proyectos para casos reales. Por ejemplo, a solicitud del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) realizaron un amicus curiae para fortalecer los argumentos para un litigio que lleva el centro sobre la ampliación del puerto de Veracruz.

En otro, investigaron cuáles son las obligaciones y compromisos a nivel internacional que tiene México en el tema de cambio climático, y si realmente los han cumplido los diversos mega proyectos que el gobierno federal está impulsando.

En uno más, estudiaron diversos documentos relativos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de una minera en Oaxaca que quiere ampliar sus actividades, y propusieron varias estrategias que la comunidad podría llevar a cabo para defender sus derechos ante esa minera.

¿Por qué educar para la sustentabilidad?

La Dra. María Fernanda Sánchez Contreras, académica responsable del Área de Economía Social y Solidaria del Programa de Servicio Social Universitario de la IBERO, añadió que desde los años de 1970 la comunidad internacional empezó a hacer llamados en torno a la necesidad de formar a las y los futuros ciudadanos del mundo con una perspectiva de sustentabilidad.

Con el educar para la sustentabilidad, en la educación superior, lo que se intenta es formar profesionistas excelentes en su campo disciplinar y que también sean ciudadanos capaces de fungir como agentes de cambio, para transformar la realidad social y ambiental.

Es importante mencionar, dijo, que la educación ambiental ha pasado de estar centrada en lo ecológico y en el contacto con los espacios de la naturaleza, algo sin duda importante, a estar más ligada a la defensa activa del ambiente y de los derechos socioambientales, por lo que educar para la sustentabilidad debe incorporar en sus procesos de enseñanza y aprendizaje diversos contenidos y valores afines con la justicia social y ambiental.

En este tipo de educación es importante conocer los procesos de degradación medioambiental y las dinámicas de poder intrínsecas a éstos. “No se trata solamente de una mera alfabetización ecológica, sino que debe apostar por articular y contextualizar los efectos, las causas y las consecuencias de la degradación medioambiental en esta relación dinámica que existe con las relaciones de poder en la sociedad”.

Incluye comprender la historia de los grupos minoritarios tradicionalmente excluidos del derecho a un medio ambiente sano, difundir cauces de participación institucional, promover la inclusión de todos en la toma de decisiones y participar en debates constructivos, es decir, que no se quede en un tipo de educación que apuesta por la denuncia y la indignación, sino también por la defensa activa y asertiva de los derechos socioambientales, poniendo siempre como prioridad a los grupos más vulnerables.

Se trata entonces de una educación multidimensional y equitativa, porque promueve la igualdad estructural, es decir, la no existencia de relaciones de poder, ni desigualdad en lo que a conflictividad ambiental se refiere. Es, por supuesto, crítica e innovadora, y tiene como finalidad la transformación y la emancipación social, a través de la generación de conciencia crítica en las y los estudiantes.

“Es una educación democrática, que favorece la participación de todas y todos en condiciones de equidad e igualdad. Y también es un tipo de educación que apuesta por una ciudadanía planetaria, porque hace un planteamiento explícito de impactar en la sociedad y en el ambiente de manera positiva, y no solamente denunciar las situaciones de injusticia. Es una apuesta por formar estudiantes, personas, ciudadanos y ciudadanas, capaces de transformar su realidad”.

Seminario de derecho y justicia ambiental

El papel de las clínicas jurídicas para la justicia ambiental fue el subtema del tema I Los derechos de la naturaleza y el derecho humano a un medio ambiente sano, del Seminario de derecho y justicia ambiental, organizado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México a través de su Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus), su Departamento de Derecho y su Departamento de Estudios Internacionales.

En El papel de las clínicas jurídicas para la justicia ambiental participaron, además de la maestra Ramos y la doctora Sánchez, el Dr. Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la IBERO; el Dr. Raúl Gutiérrez Patiño, académico del Centrus; y el Lic. César Pérez Gamboa, director General del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, la Cultura, la Ciencia y Tecnología (Cideccyt).

PEDRO RENDÓN/ICM