Inicié mi carrera profesional en funciones de investigación y asesoría en la entonces Procuraduría General de la República y me tocó mirar durante varios años “desde adentro” al menos una parte de la relación bilateral en seguridad, generalmente enfocada en la persecución del narcotráfico.

Recuerdo bien haber identificado una profunda disociación entre la investigación académica relacionada con la política prohibicionista de las drogas y la toma de decisiones de ambos países. Mientras el conocimiento con base empírica ha develado por décadas el fracaso de esa política, la acción política la ha prolongado hasta nuestros días.

Se pierde en mi memoria la cantidad de veces que operadores de aquella institución, en particular del llamado personal sustantivo (policías, agentes del ministerio público y peritos), compartieron conmigo la certeza de que la persecución de la delincuencia organizada dedicada al mercado de drogas ilícitas “es un cuento de nunca acabar”.

Escuché algo parecido algunas veces también en operadores del país vecino, reconociendo también el callejón sin salida en privado y de manera generalmente tímida. Hoy lo escucho frecuentemente, en especial por parte de policías que todos los días arriesgan su vida en lugares de violencias extremas y me confirman lo que perciben como un sinsentido.

Me tocó participar en la investigación internacional comparada que fundamentó la promulgación en 1996 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, evento que fue usado por el Estado mexicano para decirle al mundo que tenía las mejores herramientas para desmontar las redes criminales. Hablo de hace más de un cuarto de siglo y ahora la información disponible confirma la proliferación de esas redes en formatos de macrocriminalidad, de manera que, lejos de reducirse, el poder fáctico de la delincuencia organizada parece más vigoroso que nunca.

He sido testigo de que las minucias de la relación bilateral en seguridad jamás han estado a la vista del público, de manera que, más allá del discurso formal, la sociedad quizá jamás ha sabido hasta dónde llega la confianza y la cooperación y hasta qué punto la relación está limitada por la desconfianza recíproca. La seguridad nacional es recurso de ambos países para opacar la agenda de cooperación, debilitando de manera crónica la rendición de cuentas.

El punto es que la política prohibicionista de las drogas respira desde su propio fracaso en ambos países. Es decir, su motor, por increíble que parezca, no está en el logro de sus fines declarados (reducir el acceso a las drogas ilícitas y desmontar la delincuencia organizada). Más bien la prohibición se autorreproduce precisamente por sus costos asociados, esto es, las violencias, y por el impulso de ella a cargo de sus beneficiarios informales y formales (fortunas ilícitas descomunales y presupuestos públicos garantizados para la seguridad).

Sí, por increíble que parezca, precisamente porque las violencias se prolongan, justo así se nutre el consenso político y social para invertir en la misma medicina. Un círculo vicioso perfecto.

¿Esto es contrario a la razón? Depende de qué entendemos cuando interpretamos los fines no declarados del prohibicionismo de las drogas. A mis alumnas y alumnos les insisto siempre que en el análisis de los fenómenos sociales debemos preguntarnos no cómo deben funcionar las cosas sino cómo funcionan y bajo qué incentivos. La gasolina de la prohibición de las drogas ha sido siempre una ideología hegemónica que las ha usado como palanca de construcción de enemigos que, como tales, merecen la persecución y el castigo. Es la construcción del enemigo la que insufla la legitimidad de la prohibición y eso nada tiene que ver con la crónica debilidad en el cumplimiento de los fines declarados.

La crisis del fentanilo es el nuevo capítulo de una vieja historia y me queda claro que esto no cambiará en el corto y mediano plazo porque a nivel global no hay bloque político con el interés y la fuerza suficiente para empujar hacia un nuevo acuerdo internacional en materia de drogas -como lo propone Gustavo Petro, presidente de Colombia-.

Allá por los años 90 pensé que estábamos en un callejón sin salida. Todo me hace pensar que seguiremos en él.

* Ernesto López Portillo es académico y coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Otros textos del autor:

• #OPINIÓN | Las propuestas que García Luna nunca nos aceptó
• Guardia Nacional, peor evaluada que el Ejército
• Discurso presidencial es contradictorio en materia de seguridad
•  IBERO plantea alternativas a militarización en Maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia
• Construir agenda y hacer laboratorios sociales, tareas del 'Observatorio a Favor de la Justicia'