#Opinión. Aborto, entre cuestiones éticas, legales y de salud pública

Vie, 27 Sep 2024
Las causales incluyen violación, riesgo para la vida o salud de la persona gestante, inseminación artificial no consentida, malformaciones genéticas del feto, causas económicas graves
  • Imagen: OPS.

El aborto es un tema complejo que involucra cuestiones éticas, legales y de salud pública. Sin embargo, es fundamental reconocerlo como un derecho humano fundamental que garantiza la autonomía y la dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Exigir el acceso a un aborto seguro y gratuito no es una defensa injustificada, sino un llamado a respetar la vida y la libertad de decidir sobre el propio cuerpo.

En México, el aborto se ha convertido en una de las principales causas de muerte materna, ocupando el tercer lugar hasta la semana epidemiológica número 32 de 2024. Además, el país lidera a nivel mundial en embarazos adolescentes entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta situación refleja una profunda desigualdad de género, evidenciada por la violencia que enfrentan las mujeres y la comunidad LGBTQ+, incluyendo a aquellas personas con capacidad de gestar. Por ello, es fundamental abordar el aborto como un procedimiento accesible y seguro que protege la vida y la salud de las personas gestantes.

Desde 2007, cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, esta entidad se ha convertido en pionera en apoyar el derecho a decidir de manera autónoma. A pesar de que el aborto ha existido durante muchos años, su despenalización ha permitido visibilizar este proceso y ha inspirado a otros estados y países a seguir su ejemplo en materia de salud sexual y reproductiva. Esto ha permitido avanzar hacia un acceso seguro a la interrupción del embarazo, garantizando que no ponga en riesgo la vida de la mujer o persona gestante, y que sea gratuito.

 

¿Qué significa despenalizarlo?

Es importante aclarar que el aborto no está completamente legalizado; sin embargo, se han eliminado los artículos que lo criminalizan en los códigos penales de los estados donde ha sido despenalizado. Esto significa que dejará de ser considerado un delito ante la ley hasta ciertas semanas de gestación y bajo condiciones específicas que varían entre estados. Estas causales incluyen violación, riesgo para la vida o salud de la persona gestante, inseminación artificial no consentida, malformaciones genéticas del feto, causas económicas graves o a solicitud de la mujer sin necesidad de proporcionar información adicional sobre su decisión. De esta manera, se implementan acciones para garantizar que el acceso a la interrupción del embarazo sea proporcionado por servicios de salud gratuitos a cargo del Estado. Esto implica desarrollar e implementar protocolos y líneas de acción específicas para cada contexto poblacional, asegurando una atención multidisciplinaria.

Esto garantiza el derecho constitucional establecido en el artículo 4°, que afirma que todas las personas tienen derecho a decidir si quieren tener hijos o hijas, cuántos, cuándo y con quién. Además, cumple con la obligación del país de proteger a las mujeres y personas con capacidad de gestar, responsabilidad que se refuerza al firmar tratados internacionales sobre equidad de género. Se da seguimiento a acciones para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, lo más importante, se otorga autonomía en sus decisiones.

 

Desafíos actuales

A pesar de estos avances, persisten desafíos que obstaculizan la toma de decisiones libres e informadas. Uno de los problemas más críticos es la desigualdad socioeconómica que afecta el acceso a servicios de salud, incluyendo el aborto. Las mujeres y personas con capacidad de gestar que pertenecen a comunidades marginadas enfrentan barreras significativas, como la falta de recursos económicos, educación y apoyo social, lo que limita su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

Además, la violencia estructural y la discriminación que sufren estas comunidades exacerban su vulnerabilidad. Sin un acceso equitativo a la atención médica, se perpetúa un ciclo de desigualdad en el que las decisiones sobre el propio cuerpo se ven comprometidas. Por lo que aún se enfrentan estos desafíos:

  • Acceso limitado: Los servicios seguros de aborto están centralizados principalmente en ciudades y áreas urbanas, dejando desatendidas a comunidades rurales y alejadas.
  • Atención insuficiente para grupos vulnerables: Existen escasas estadísticas sobre el acceso al aborto entre mujeres indígenas y afrodescendientes. En muchas localidades donde habitan estas comunidades no hay unidades que ofrezcan la atención necesaria acorde a sus contextos.
  • Falta de presupuesto: El componente relacionado con el aborto seguro ha sido ignorado en los presupuestos estatales, lo cual limita la disponibilidad de insumos, medicamentos y personal capacitado.
  • Objeción de conciencia: Aunque existe la posibilidad de objeción de conciencia por parte del personal médico, esto no debe impedir el acceso al servicio. En caso de objeción, es necesario referir a un lugar donde se brinde atención segura y gratuita.
  • Necesidad de legalización: La legalización del aborto implica generar políticas públicas con perspectiva de género e interculturalidad, asegurando su inclusión en los servicios médicos públicos y privados como un derecho garantizado.

Es esencial reconocer que los avances en la despenalización y legalización del aborto son el resultado de un esfuerzo colectivo que busca garantizar el respeto por la vida y la libertad de decisión de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Esta lucha también promueve un entorno donde cada persona pueda ejercer su autonomía de manera plena y consciente. La defensa del derecho a decidir es una afirmación de dignidad y justicia, y continuará hasta que todas las personas tengan la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, en un marco de respeto y equidad.

Por: Gabriela Alejandra Morales Ramírez, estudiante del Doctorado en Estudios Críticos de Género y Carolina Armenta Hurtarte, académica de Tiempo Completo del Departamento de Psicología.

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